Esta es una escena que se repite una y otra vez en el sur de México: las llamadas “policías comunitarias” o grupos de “autodefensa”, a menudo acusados de estar relacionados con los cárteles de la droga, han proliferado y extendieron su control sobre el territorio. En esos casos, los soldados, superados en número, no intervienen en parte por temor a abrir fuego contra civiles.
Miles de personas se han marchado por los enfrentamientos, y una tóxica combinación de cárteles, sicarios y fuerzas parapoliciales han neutralizado al Ejército mexicano, obligando a los soldados a asumir un papel de meros espectadores, o en el peor de los casos, de rehenes.
XALTIANGUIS, México (AP) — La nueva ley en Xaltianguis, una pequeña localidad en la carretera hacia Acapulco, llegó con un coche bomba y una carnicería.
Una fuerza paramilitar fuertemente armada tomó el pueblo del estado mexicano de Guerrero el mes pasado expulsando a una banda rival. Hizo estallar un auto con cilindros de gas y descuartizó el cuerpo de uno de los dos enemigos caídos.
Los residentes se escondieron en sus casas o huyeron carretera abajo entre matorrales tropicales. La policía y los soldados que custodiaban Xaltianguis no hicieron nada. Ahora, a pocas cuadras de la base donde se estableció la nueva “policía comunitaria”, infantes de marina y policías estatales vigilan la carretera y patrullan la localidad. Pero no han tratado de arrestar a los paramilitares pese a que la mayoría de ellos portan rifles de asalto ilegales abiertamente.
“Tenemos el pueblo prácticamente blindado por el gobierno. En las entradas del pueblo podemos ver al Ejército, la infantería de marina y todos los niveles del gobierno apoyándonos en lo que es la protección del pueblo”, alardeó Daniel Adame, el líder del grupo que asumió el control de Xaltianguis.
Esta es una escena que se repite una y otra vez en el sur de México: las llamadas “policías comunitarias” o grupos de “autodefensa”, a menudo acusados de estar relacionados con los cárteles de la droga, han proliferado y extendieron su control sobre el territorio. En esos casos, los soldados, superados en número, no intervienen, en parte por temor a abrir fuego contra civiles.
Muchos esperaban que la violencia en Guerrero disminuyese al tiempo que los opioides sintéticos como el fentanilo hundían al mercado del opio que había alimentado a las organizaciones delictivas de la región. De hecho, los homicidios en el estado, conocido por su violencia, bajaron un 36 por ciento en los tres primeros meses del año.
Pero ahora parece que surge una nueva ola de violencia, enfrentando a bandas rivales contra escuadrones paramilitares que luchan por el robo de combustible, las minas de oro y las rutas para mover químicos.
Miles de personas se han marchado por los enfrentamientos, y una tóxica combinación de cárteles, sicarios y fuerzas parapoliciales han neutralizado al Ejército mexicano, obligando a los soldados a asumir un papel de meros espectadores, o en el peor de los casos, de rehenes.
Adame es una figura muy diferente a la de los líderes parapoliciales del pasado, gente de pueblo que se armaba para defender sus localidades de los narcotraficantes. Hay quienes dicen que las bandas delictivas a menudo infiltran gente en las “policías comunitarias”. El líder del Frente Unido de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero (FUPCEG) se describe a sí mismo como un comerciante y dice que tiene un león y aves exóticas, y que porta un costoso fusil AR-15 con una mira telescópica. Su hijo porta una pistola con un mango de plata tallado.
Justificó el uso de un auto con bombas diciendo que otras organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) también emplean explosivos. Su grupo tomó el pueblo, señaló, porque la otra organización está vinculada con el crimen organizado. La UPOEG dice lo mismo de la FUPCEG.
Los lugareños confirmaron que el FUPCEG asumió el control a mediados de mayo y expulsó a sus rivales, matando a dos y descuartizando el cadáver de un hombre con puñales que parecían bayonetas.
Del otro lado de la frontera con el estado de Michoacán, paramilitares que el gobernador Silvano Aureoles describe como “delincuentes, ni más ni menos”, arrinconaron a media docena de soldados contra un muro, les sacaron sus armas y los empujaron e insultaron hasta que aceptaron devolverles un rifle de francotirador calibre .50 que les había confiscado otra patrulla.
A pesar de la humillación, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los soldados al Palacio Nacional a los pocos días para “agradecerles y reconocer su actitud serena y temple que evitó pérdida de vidas de gente inocente, exhortándolos a continuar desempeñándose con profesionalismo en beneficio del pueblo”, según la Secretaría de Defensa.
Esto inquietó a la Federación de Empleadores Mexicanos, una de las principales organizaciones empresariales del país.
“Las Fuerzas Armadas resultan el único mecanismo viable para restaurar el orden y la tranquilidad”, expresó en un comunicado. “El ejecutivo ha encomendado al ejército la protección del territorio a la vez que les ha solicitado no enfrentarse, en ningún momento, con civiles para evitar violaciones a los derechos humanos. Esta instrucción es poco clara y por tanto contraproducente. De ser interpretada de forma literal, impide que las Fuerzas Armadas realicen funciones básicas de control, pues le impide enfrentarse a células criminales armadas o grupos paramilitares. La situación en La Huacana, Michoacán, lo ha demostrado”.
Estas organizaciones se hacen cada vez más fuertes y están más dispuestas a enfrentar a las fuerzas armadas.
Salvador Alanis, estratega y portavoz de FUPCEG, la agrupación que tomó Xaltianguis, dice que esa organización tiene 9 mil hombres armados en una serie de localidades que controla y supera en número al ejército mexicano en el estado. No tienen problemas en batirse con los soldados.
“Aquí vino un día el ejército a echar gas lacrimógeno a las mujeres, y no se lo permitimos”, expresó Alanis. “Paramos la carretera y retuvimos a un grupo de manera pacífica”.
López Obrador confía en la Guardia Nacional que acaba de crear, una especia de policía militarizada que se espera sea enviada a Guerrero dentro de un mes. Si la Guardia enfrenta las mismas limitaciones que el ejército, no obstante, estará también en desventaja en estados como Guerrero y Michoacán.
“Le digo al gobierno federal, eso le puede pasar a tu Guardia Nacional”, dijo Alanis. “O peor todavía, porque si a un chamaco de esos se le va un balazo en una trifulca, va a ser un masacre de ambos lados”.
“Es una relación de tolerancia, si no de coordinación”, agregó. “No te metes conmigo y nosotros no nos metemos contigo”.
Si bien la mayoría de los paramilitares son reclutados de la zona, Alanis indicó que su grupo tiene un centenar de hombres entrenados para matar, que emplea en la toma de localidades. “Están listos para matar o morir por lo que les des”, sostuvo.
Cada vez resulta más difícil distinguir a estos paramilitares de los carteles, los cuales a su vez se muestran cada vez más osados.
En Zamora, Michoacán, el cartel Nueva Generación de Jalisco hizo en mayo un desfile por la ciudad de al menos dos docenas de camionetas y vehículos todo terreno, que lucían orgullosamente en sus puertas las iniciales del cártel, CJNG.
Ante la pasividad de los soldados en las ciudades controladas por estas bandas, los conflictos se tornan casi medievales. Los residentes de Chichihualco, por ejemplo, han cavado zanjas en la carretera que conduce a un bastión del FUPCEG en el pueblo de Filo de Caballos porque Alanis ha amenazado con tomar su localidad.
Otros crean puestos de control en los caminos para defender sus ciudades. Cuando se maneja por caminos secundarios de Guerrero, surgen numerosos puestos manejados por civiles armados con fusiles.
El “comandante Gerónimo” estaba junto a una barricada de bolsas de arena llena de balazos. Miembro de la UPOEG, ha resistido cada dos meses ataques del FUPCEG al sur y de la banda de traficantes Ardillos al norte. Gerónimo, quien no quiso dar su nombre completo por temor a represalias, explicó que se libran intensos combates por el control de pequeñas localidades.
“Hay una crisis en las montañas y los delincuentes no son tontos”, manifestó. “Dicen que esto (el opio) ya no será negocio, pero las minas sí. Creo que se viene un mes de crisis”.
Las minas de oro de propiedad canadiense de estas montañas históricamente han sido conminadas a pagar por protección de las bandas. Ahora se ha descubierto oro en otros sectores del estado y se especula que los cárteles y los paramilitares tratarán de asumir el control de las minas.
Otros creen que estas organizaciones quieren tomar el control de las rutas que llevan al puerto de Acapulco para transportar sustancias químicas precursoras ahora que los opioides sintéticos han desplazado la amapola que crece naturalmente en esta región.
“Pensábamos que, acabado el negocio de la amapola, se iba a terminar la violencia”, comentó David Barragán, residente de Los Moros que tuvo que irse de su pueblo tras la llegada de las fuerzas del FUPCEG de Alanis.
Igual que otros residentes de la montaña, Barragán cultivaba entre media y una hectárea con amapola. Los precios, sin embargo, cayeron en picada hace un par de años y Barragán apostó a los aguacates, el nuevo “oro verde” de las montañas del sur de México.
Pero los paramilitares tomaron su plantación de aguacate y están recogiendo el fruto, que tardó dos años en madurar.
Barragán y cientos de sus vecinos –lo mismo que miles de campesinos en todo el estado– se escapó. Dice que la gente no va a aguantar mucho tiempo más.
“La Guardia Nacional es lo que más necesitamos acá”, expresó. “Y mientras esperamos, si allí no hay nada, vamos a tomar otras medidas”, advirtió.
