Los 32 procuradores y fiscales del país rechazaron reponer la investigación del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para dar con los responsables, como lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas el pasado 31 de mayo; los impartidores de justicia consideraron que la medida supera las atribuciones estipuladas en la Constitución mexicana para cada dependica de justicia y la califiacaron de “excesiva”.
El fallo del Tribunal Colegiado que rechazan los procuradores concluyó que las confesiones fueron obtenidas mediante tortura, además, señala que se destruyó evidencia importante como los videos del Palacio de Justicia en Iguala, razones por las que ordenó crear la comisión.
Por Karla Galarce Sosa
Acapulco, Guerrero/Ciudad de México, 22 de junio (ElSur/SinEmbargo).– Procuradores y fiscales del país se pronunciaron contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad por la desaparición de los estudientes de Ayotzinapa en Iguala, y aseguraron que ese órgano se “excedió” en sus atribuciones.
Durante la 39 Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Acapulco, los encargados de procuración de justicia en las entidades mencionaron que la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, “es una clara contravención al texto constitucional”.
“Vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”, cita el texto que el fiscal general de Puebla y vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, leyó ante reporteros.
Carrancá Bourget dijo que no existe disposición alguna que otogue al Poder Judicial facultades para intervenir en la investigación y persecución de los delitos.
“No cabe una interpretación pro persona, pues la resolución del Tribunal Colegiado no puede otorgar facultades que la Constitución establece de manera exclusiva para el Ministerio Público”, indicó.
En sesión de preguntas y respuestas el fiscal general del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien también estuvo en la conferencia, mencionó que “hubo un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que toma, no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y la verdad”, y será la Procuraduría General de la República la que determine si existe o no todavía un recurso.
Reiteró que un Tribunal Colegiado no es la autoridad facultada para determinar y coordinar una comisión de la verdad, ni tampoco puede, eventualmente, dar atribuciones de investigación a esa comisión.
La organización civil Cencos se pronunció al respecto, se dijo preocupada por la respuesta de los procuradores de justicia, reiteró que su postura no ayuda al acceso a la justicia de las víctimas.
Manifestamos nuestra preocupación ante este pronunciamiento que busca incidir en limitar los alcances del Poder Judicial para la resolución del “Caso Iguala”, este mensaje no abona a generar condiciones para el acceso a la justicia de las víctimas. https://t.co/CYKRPlP6np
— Cencos (@cencos) 22 de junio de 2018
El 31 de mayo, el Tribunal Colegiado resolvió que la PGR no fue “pronta, efectiva, independiente ni imparcial” en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, el órgano del Poder Judicial de Federación determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la protección de la justicia federal a las víctimas y pidió reponer el procedimiento.
Además, los magistrados advirtieron que como no se cuenta con una fiscalía independiente, tendría que crearse una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.
El Tribunal Colegiado ordenó investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, grabados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según el fallo, debe crearse una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala y las autoridades deben investigar a quienes hicieron desaparecer estas evidencias.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció desde 2015 que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Las grabaciones luego fueron enviadas a la presidencia del Tribunal pero es allí donde se supone que fueron destruidas.
Investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que la noche en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron plagiados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia.
