A partir de este día, los cinco miembros de “la Manada” deberán comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia.
Según las medidas cautelares impuestas, tienen prohibido ir a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.
También se les retira el pasaporte, se les prohíbe salir del territorio español sin autorización judicial y deben designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.
Por Alida Juliani
Madrid/Ciudad de México, 22 de junio (EFE).- Cinco españoles condenados a nueve años de prisión por abusar de una joven durante los sanfermines de 2016, conocidos como “La Manada”, abandonaron hoy las cárceles en las que han pasado de manera preventiva los últimos dos años, en medio de una fuerte indignación social y política en España.
Los cinco hombres salieron de prisión tras abonar cada uno una fianza de 6 mil euros, rodeados de una gran expectación mediática, mientras la Fiscalía y varias acusaciones particulares anunciaron que preparan recursos contra su libertad provisional y el Gobierno español estudia personarse en defensa de las víctimas de abusos.
Convocadas desde que se supo la noticia, miles de personas, en su mayoría mujeres, se concentraron en toda España para protestar por la decisión judicial, reviviendo las manifestaciones del pasado 26 de abril cuando se hizo pública la sentencia que los condenaba por abuso y no por agresión sexual (equivalente a violación).
En las concentraciones se repitieron las consigas “No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos” o “Basta ya con la justicia patriarcal”, convertidas ya en un referente en la lucha contra la violencia machista en España, y se mostraron pancartas con lemas como “Nos han declarado la guerra. Que la calle sea la cárcel”.
Mientras, un petición abierta en la plataforma digital Change.org para que los cinco miembros de “La Manada” sigan en prisión preventiva hasta que haya sentencia definitiva sumó 600.000 firmas en menos de 24 horas.
La indignación popular se trasladó también a la clase política española, cuyos principales representantes coincidieron en reclamar una mayor formación judicial sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal.
A través de su portavoz, Isabel Celaá, el Gobierno socialista español se hizo eco de la alarma social generada por la puesta en libertad de los cinco condenados y de la preocupación de las mujeres, a las que, dijo, “va a proteger”.
Para ello, la portavoz explicó que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está estudiando “cómo hacer” que los servicios jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales, aunque en este caso ya no es posible al existir ya una sentencia.
También la Fiscalía e instituciones como el Ayuntamiento de Pamplona, ciudad donde tuvieron lugar los hechos, y el gobierno de la región de Navarra trabajan en los recursos que van a presentar al auto por el que se deja en libertad provisional a los cinco condenados.
La decisión de los magistrados – dos a favor de la libertad condicional y otro en contra – se conoció ayer, pero hoy se difundieron los argumentos empleados.
En concreto, los magistrados dicen haber tenido en cuenta la distancia de 500 kilómetros que separan los domicilios de los miembros de “La Manada”, en la provincia de Sevilla, y el de la víctima, en la región de Madrid, para su puesta en libertad provisional bajo fianza.
La resolución precisa que esta distancia puede “garantizar la tranquilidad y sosiego de la joven” y cabe adoptar otras medidas “menos gravosas que la prolongación de su situación de prisión provisional”, en la que están desde hace dos años, ya que fueron detenidos horas después de los abusos a la mujer, entonces de 18 años.
Además, los jueces creen que ya no existen los motivos que en su día llevaron a mantenerlos en prisión, como el riesgo de fuga o la reiteración delictiva.
A partir de ahora, los cinco miembros de “La Manada” deberán comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia.
Según las medidas cautelares impuestas, tienen prohibido ir a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.
También se les retira el pasaporte, se les prohíbe salir del territorio español sin autorización judicial y deben designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.
