Dos organizaciones internacionales exigieron al Gobierno mexicano, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, una investigación efectiva y transparente sobre el presunto espionaje en contra de periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias. 

“Exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal”, resaltó la ONU. En tanto, PEN Internacional exhortó a los funcionarios a no vulnerar el derecho a la libertad de expresión y de información en México.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto garantizar una investigación efectiva de los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias.

La organización PEN Internacional, por su parte, instó también a las autoridades mexicanas a proteger a las víctimas de espionaje como parte de los derechos que se ejercen en una democracia, y exhortó a los funcionarios a no vulnerar el derecho a la libertad de expresión y de información en México.

El lunes pasado el periódico The New York Times publicó la información del informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, el cual reveló que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas fueron espiados por agentes del Estado mexicano, únicos autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.

Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, aseguró que “los hechos denunciados son profundamente preocupantes. Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y la esposa de una de las víctimas. Además, el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la fiscalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia”.

La ONU-DH recordó que estos hechos y otros denunciados con anterioridad, como los realizados contra integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, constituyen entre otras violaciones injerencias arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que deben ser investigadas y los responsables rendir cuentas.

“Exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal”, resaltó Jarab.

Respecto al anuncio de la PGR acerca de que investigar los hechos, la ONU-DH advirtió que estará atento de que las diligencias en torno al espionaje se realicen de forma pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación e informando regularmente a la sociedad mexicana de los avances.

Adicionalmente, la ONU-DH exhortó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en el marco de sus funciones cómo órgano de control y evaluación de las políticas y acciones en dicho campo, verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, cumplen las leyes vigentes, así como las normas de derechos humanos, y realizan un uso adecuado de los fondos públicos asignados.

PEN Internacional expresó su preocupación por los casos de espionaje al mismo tiempo que exigió una investigación “transparente” por parte de las autoridades.

“PEN Internacional condena que la tecnología sea usada por los gobiernos con fines de intimidación y, por ende, de censura. Insta a las autoridades federales, a través de la PGR, para que lleve a cabo este proceso a fondo y de manera pronta y expedita, e identifique y enjuicie a los responsables de la vigilancia que vulnera la actividad de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que asegure la libertad de expresión en México”, solicitó.

La organización defensora de periodistas le recordó al Gobierno del Presidente Enrique Peña que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 16, defiende la privacidad y la protección de datos.

Asimismo, añadió, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México es Estado Parte, en su Artículo 17, define que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

ASÍ FUE EL ESPIONAJE

De acuerdo con el documento revelado esta semana, entre enero de 2015 y julio de 2016, se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”. A estos se suman los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria.

El informe fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.

El diario estadounidense cita que cada infección exitosa tendría un costo que oscila alrededor de los 77 mil dólares.

Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas espiados por el Gobierno de México presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investiguen a las instancias federales involucradas en este caso.

La periodista Carmen Aristegui, una de las víctimas de espionaje, lo consideró “inaceptable” y reclamó al Gobierno de México que dedique su tiempo a investigar a defensores de derechos humanos y activistas, mientras los criminales siguen libres.

En una carta de tres renglones, firmada por Daniel Millán Valencia, Director General de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, pidieron a los afectados denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) y señalaron, sin más, que no existen pruebas de que el Gobierno mexicano haya sido el autor de la vigilancia ilegal.

Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una capeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática que fueron utilizados presuntamente para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, además de solicitó información sobre las dependencias y empresas que han facilitado este tipo de intervención.

La PGR es una de las dependencias señaladas de haber adquirido el software “Pegasus” con el cual se produjo el espionaje en México.