Abogados y familiares de las cinco víctimas de homicidio, perpetrado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, retaron al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que, antes de lanzar su campaña por la Presidencia de la República, dé cumplimiento a la recomendación que le exige un plan de acción para esclarecer completamente los hechos.
Los abogados expusieron que si bien hay tres detenidos por el caso (los tres presuntamente relacionados con Mile Virginia Martin), los tres están procesados sólo con base en sus declaraciones que, además son contradictorias entre sí.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Las omisiones en la investigación del crimen múltiple registrado hace dos años en la colonia Narvarte y documentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desnudaron la ineficiencia del sistema de justicia de esta capital, que aún no ha podido acreditar el móvil y con ello responder a la principal pregunta de los afectados: ¿por qué ocurrió?
Así lo expresaron hoy abogados y familiares de las cinco víctimas y quienes, en conferencia de prensa, retaron al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que, antes de lanzar su campaña por la Presidencia de la República, dé cumplimiento a la recomendación que le exige un plan de acción para esclarecer completamente los hechos.
“Sería lamentable que alguien busque ser Presidente de la República con un antecedente como este”, dijo la abogada Karla Micheel Salas, representante de la familia de la activista y promotora cultural Nadia Dominique Vera Pérez.
“El Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Mancera), el 17 de mayo, en la reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió, como cabeza de la Conago, a dar cumplimiento a las demandas para la protección de periodistas. Esta es una oportunidad para pasar del discurso a los hechos”, agregó Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19 y también coadyuvante en la investigación.
Los abogados dieron este día una conferencia de prensa acompañados de algunos familiares de las víctimas para fijar un posicionamiento ante la recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual documentó la violación a, entre otros, el derecho a la verdad de los afectados debido a que ninguna línea de investigación ha sido completamente agotada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF).
Por tanto, el documento establece un plazo de 90 días naturales para que, a partir de la aceptación de la recomendación, la PGJDF establezca un “plan integral de investigación” que subsane las omisiones generadas en los últimos dos años y que iniciaron con la contaminación de la escena del crimen e incluso con las necropsias que no establecen causas de muerte.
“La Recomendación 4/2017 incluye un total de 18 puntos recomendatorios, de los cuales destacan, respecto de los dirigidos a la PGJCDMX, la presentación de un plan integral de investigación que permita agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el caso; y se aperturen investigaciones relativas a responsabilidades administrativas y/o penales de personas servidoras públicas por la filtración de información y por la violación de derechos humanos acreditadas en la Recomendación”, reportó ayer la CDH.
El crimen se registró el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, dejando como víctimas a Mile Virginia Martin, de 31 años y de nacionalidad colombiana; Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 y originaria de Baja California; Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años y originaria de la Ciudad de México, así como Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años, nacida en el estado de Chiapas, y Rubén Espinosa Becerril, de 31 años y originario de la Ciudad de México.
Tanto Vera como Espinosa Becerril –la primera dedicada a la defensa de los derechos humanos y la promoción cultural, y el segundo fotoperiodista–, de acuerdo con denuncias que ambos hicieron públicamente, se habían trasladado a la Ciudad de México para escapar del clima de hostigamiento y amenazas que vivían en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde eran abiertos críticos del entonces Gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa.
Pero ninguno de estos contextos, documentó la CDH, fueron tomados en cuenta de manera inicial por los agentes ministeriales encargados de la indagatoria del crimen.
“La autoridad incumplió con su obligación de manera sistemática y continuada, debido a que el personal ministerial omitió realizar diligencias por motu propio que consideraran el contexto y antecedentes de agresiones, hostigamiento y amenazas por el desempeño de las actividades que orillaron al desplazamiento interno tanto de Nadia como de Rubén del Estado de Veracruz a la Ciudad de México”, dice la CDH.
Otra omisión detectada por la CDH fue la contaminación del lugar en el que ocurrió el crimen, donde el primer agente ministerial que ingresó dejó huellas y no registró su presencia, mientras que sólo en una segunda inspección de la escena, días después, se encontraron elementos fundamentales para cerrar la investigación alrededor del círculo de Mile Virginia Martin, como las facturas de los vehículos relacionados con los hechos.
En la conferencia de hoy estuvieron Alma y Patricia Espinosa, hermanas de Rubén Espinosa y quienes expusieron que la recomendación ratifica lo que los familiares han denunciado hace dos años: el maltrato de las autoridades ministeriales de la Ciudad de México hacia ellos, la criminalización de las víctimas y la falta de profundidad en la indagatoria.
Los abogados expusieron también que, si bien hay tres detenidos por el caso (los tres presuntamente relacionados con Mile Virginia Martin), los tres están procesados sólo con base en sus declaraciones que, además son contradictorias entre sí.
Por tanto, dijo Salas, si se dictan tres sentencias, habrá tres fallos dando por veraces versiones distintas del mismo hecho.
“No hay garantías” de que un tribunal no pueda desestimar esas sentencias, advirtió Héctor Pérez, de la Clínica de Interés Público contra la Trata del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
