La nota principal del New York Times del 19 de junio 2017 nos confirmó que el gobierno espía aquellos que ejercen el disenso, la crítica y quienes demandan rendición de cuentas y justicia por malos actos de gobierno. La nota principal del diario colocaba a México como una autocracia más que una democracia. El golpe fue tenaz para la moribunda administración de Enrique Peña Nieto.

El espionaje de Estado no es nuevo. Casi todos lo intuíamos, pero jamás se había podido documentar como lo hicieron en el informe “Gobierno Espía” Artículo 19, R3D y Social Tic. El informe da cuenta de “76 intentos de infección del malware Pegasus en contra de periodisas y defensores de derechos humanos en México. Estos ataques ocurrieron entre enero 2015 y julio 2016. En cada caso, una o más personas recibieron mensajes con enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus. El malware es una sofisticada herramienta de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.”

Bien lo dijo Juan Pardinas (activista espiado): Los nuevos enemigos del Estado, según Peña, son los periodistas y defensores de derechos humanos. Son estas dos poblaciones a las que el Estado les destina parte del aparato de inteligencia que compraron con nuestro dinero. Vaya ridiculez. Es importante aclarar que el malware Pegaus solo se vende a gobiernos con dos finalidades: combate al crimen y al terrorismo. Por lo que el gobierno de México –indeterminado que parte- viola el uso para el cual fue adquirido el software.

Todos los países espían. Pero no todos lo hacen sin contrapesos y rendición de cuentas. Lo que hace el gobierno mexicano es ilegal y viola la constitución. Sé que eso les importa poco, pero no es un tema menor. Espiar de manera ilegal a quienes investigan, preguntan, critican en libertad y ejercen el disenso convierte inmediatamente al gobierno en uno autocrático. El espionaje, por ley, tiene que tener una orden judicial en la que se justifique la violación a la intimidad y los datos personales; debe de estar permitido en leyes claras y detalladas; debe de tener una finalidad legítima; debe estar basada en principios de necesidad y proporcionalidad; al mismo tiempo, tiene que haber contrapesos para que las autoridades no abusen de esa facultad, es decir, fiscalización y rendición de cuentas.

Según el New York Times, cada infección cuesta 77 mil USD, se conoce que se intentaron infectar 76 veces. Se desconoce cuántas infecciones efectivas ocurrieron. Supongamos, solamente para ejemplificar que la mitad fueron infectados estaríamos hablando que cerca de 3 millones USD destinó –en un año- el gobierno para espiar a quienes debería de proteger.

La respuesta oficial de Los Pinos a la nota del New York Times fue infame e irresponsable. Digna de un gobierno autocrático. Principalmente se redujo a que “no había pruebas de que el gobierno haya realizado espionaje”. Al parecer no se tomaron la molestia de leer el informe. Sin embargo, la respuesta nos obliga a los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Quién puede investigar de manera independiente si instancias del gobierno federal espiaron ilegalmente? La PGR no puede ser, por obvias razones. No se tiene la certeza que alguna instancia federal fue la que usó el malware Pegasus para infectar a periodistas y defensores de derechos humanos. Eso es cierto. Solo sabemos quienes compraron el malware, no quién lo usó, y es en este punto en el que la investigación independiente es fundamental. Porque pudo no haber sido el gobierno federal pero sin investigación imparcial privará la impunidad. Y, con la información de quién compró el malware y a quiénes incomodan los periodistas y defensores de derechos humanos la carga de la prueba apunta al gobierno federal. La PGR ha anunciado que será la inútil Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quién investigará el espionaje. No es por adelantarme, pero ya sabemos, entonces, en que terminará la investigación: Nada.
2. Si el gobierno no fue, pero tuviese intención de aclarar esto y de proteger a su población de un mal uso de Pegasus, no se opondría a que una comisión internacional revise el caso y dar con los perpetradores de la libertad de expresión y los datos personales de ciudadanos mexicanos que ejercen la libertad de disentir. Es imposible aceptar que el gobierno se investigue a sí mismo. Cualquier intento será una mera farsa… y nos seguirán espiando.
3. Ahora bien ¿si no fue el apartado de inteligencia del gobierno federal quién fue? ¿El gobierno le transfirió la herramienta a algún privado o algún gobierno local que también haya comprado el malware hizo el notorio trabajo de espionaje? ¿No es suficiente con que el gobierno federal se limpie las manos sin investigar, tiene que haber rendición de cuentas de aquellos que comprar Pegasus?
4. La respuesta del gobierno federal también denota una falta de contrapesos de los otros Poderes de la Unión. Mientras que en otros países comisiones del legislativo nombran investigadores independientes, aquí en México el silencio del Legislativo y Judicial dice mucho. O peor aún, dicen dichos cuyo único fin es progeger a los patrones y sostener el poder.

Lo que debería ser otro escándalo nacional fue sumergido al silencio por parte de un grupo importante de medios. Éstos se encargaron de no reportear e informar sobre el informe –que nunca fue desmentido-, sino que solamente dieron cuenta de la indolente respuesta gubernamental. Acciones de un sistema de medios que funciona como esquirol del gobierno federal.

El espionaje nos afecta a todos. El espionaje crea un sistema autocrático en el que nos van robando libertades y derechos. Hay evidencia suficiente para estar alarmados por un espionaje de estado. Pero parece ser que eso no pasa por la mente de legisladores del PRI y del Verde Ecologista. Parece ser que la Suprema Corte cree que no debe hacer pronunciamiento alguno.

Lo grave de lo que estamos nuevamente viviendo es que el discurso oficial buscará una contra narrativa que invoque el uso de instituciones para investigar y castigar. Y es en esa retórica donde perderemos los que estamos preocupados por la evidencia que aportó el NYT. Una comisión independiente es lo único que esclarecerá quién se ha robado información privada de periodistas y activistas.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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