Empezaré por el desplegado de Enrique Krauze y Aguilar Camín en el que apoyan a Xóchitl Gálvez. El manifiesto urgente que llama “integrantes de la comunidad cultural” lo mismo a ex funcionarios del gobierno de Fox y de Calderón que a los fabricantes de mentiras desde la Operación Berlín, y hasta a quien fundó una editorial de poesía con el dinero que le pagó Raúl Salinas de Gortari por publicarlo, Mendiola. No dejo de lado al vocero del propio Carlos Salinas cuando fue presidente, Carreño, o a la neutral académica que elaboró las preguntas sesgadas del INE en el primer debate presidencial, Reguillo. En muchos casos, estos serían parte de una “comunidad cultural”, sólo si pensamos que la corrupción es cultura.

Al manifiesto le veo, al menos, tres contradicciones: una es que llaman a votar por el PRI y el PAN para que no haya una “regresión autoritaria”. Pues, ¿qué no es el PRIAN el régimen del autoritarismo, el Partido Único, los fraudes electorales, el saqueo descarado? Los historiadores nos llaman a votar por Alito Moreno y Manlio Fabio Beltrones, porque no vaya a ser la de malas que regresemos a los tiempos del PRI. La siguiente es que se quejan de la polarización pero ellos mismos promueven. Dicen los firmantes del manifiesto a favor del PRIAN: “Las elecciones de junio serán una confrontación entre autoritarismo y democracia. La opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez”. ¿Así o más polarizados los historiadores? Imagínense si esto fuera cierto: más de 30 millones de votantes de Claudia Sheinbaum estaríamos votando por el autoritarismo. Y los electores de Máynez estarían flotando en el aire de la deriva del alma. Sólo los 10 o 12 millones de votantes de Xóchitl serían auténticos demócratas. ¿Cuál es el rasero? Pues que están de acuerdo con Krauze y Camín. La democracia soy yo. No hay más ruta que la nuestra. Y la tercera contradicción de su manifiesto es que hablan de polarización y fueron ellos mismos, los intelectuales de Nexos, Letras Libres y la élite de la UNAM, los que llamaron a eliminar la pluralidad y concentrar todo en la alianza PRI-PAN-PRD. Si eso no es eliminar la pluralidad, no sé qué es. Pero ellos mismos lo advierten y, entonces, le dan una barnizada al hecho de que votar por Xóchitl es votar por el PRI, Ricardo Anaya, Lilly Téllez, y Jesús Zambrano. Dicen con un alto nivel poético: “Apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición”. Pero se equivocan, otra vez. No es un asunto de cuantos colores tienen los partidos, sino de qué se trata de su única y solitaria opción electoral, donde no hay ni siquiera un proyecto sobre el que se hayan puesto de acuerdo entre tantos multicolores. Para que haya pluralidad no es necesario que tengan muchos logotipos —la pluralidad no es diseño gráfico— sino que se expliciten los principios, programas de cada uno. En el caso del PRIAN esto no existió y en lo único que pudieron ponerse de acuerdo fue en que ellos representaban la democracia y, por consiguiente, 8 de cada 10 mexicanos que apoyamos al Presidente López Obrador, somos “autoritarios”. Ahora representan, también, el colorido, la paleta, los tintes, las tonalidades, la vistosidad de su candidata que, hace muchos meses, se declaró daltónica.

Pero hasta aquí con el célebre manifiesto de su “comunidad cultural”. Lo que realmente importa es lo sucedido con el Poder Judicial en este sexenio y por el cual estamos llamando a votar masivamente con el Plan C, a lo que Camín y Krauze llaman con ligereza “autoritarismo”. Lo que ha sucedido es que la Suprema Corte ha cambiado en los hechos el régimen político del país al usurpar las facultades del poder legislativo. Esos ministros a los que nadie vota, suplantaron al Congreso de la Unión en estos seis años de obradorismo. Lo ha dicho Lenia Batres, la ministra de la Suprema Corte: esta instancia ha anulado 74 leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Para dimensionar esto, hay que recordar que en el sexenio de Zedillo, que jubiló de un plumazo a toda la Suprema Corte el primero de enero de 1995, nunca le anularon una sola ley; en el de Fox, 3; con Calderón, 7; y con Peña, 16. La Corte desaprobó esa cifra de 74 leyes votadas por mayoría en las Cámaras de diputados y senadores, con un argumento tramposo, inconstitucional: que no se debate lo suficiente. Inventaron para ello que los jueces deberían proteger algo llamado “democracia deliberativa”, que no existe en nuestra Constitución y menos en la realidad, si recordamos que la propia opisición del McPRIAN se negó a siquiera leer las iniciativas que mandaba el Presidente López Obrador en su “moratoria legislativa” que —por cierto— apoyaron los abajofirmantes de la “comunidad cultural”. Entonces, si la oposición se negó a debatir y la mayoría electa democráticamente votó las 74 leyes, ¿por qué usa la Corte aquello de que no se discutió suficiente? El invento es notable porque sirvió para anular las decisiones del Congreso electo. Lo que hizo la Suprema Corte fue tomar un artícul, el 26 constitucional, que tiene que ver con la planeación del estado y los programas nacionales de desarrollo, y decir que eso se refiere a las cámaras de diputados y senadores. Y no, se refiere a la economía, a la planeación en la que deben participar los afectados en las comunidades, por ejemplo, donde se planean minas de cielo abierto o desviación de ríos, es decir, está hecha para proteger a las minorías sociales, no al PRIAN. De hecho, el término fue inventado por el filósofo alemán Jürgen Habermas para contrarrestar las decisiones que se dicen “puramente técnicas” de la élite experta. Habermas se refería a la “democracia deliberativa” en la sociedad alemana e instaba a los medios de comunicación a dar información suficiente para formar una opinión pública racionalista, donde no intervengan las emociones. Es por eso, por ahistórica, que la “democracia deliberativa” de Habermas cayó hace décadas en desuso porque, como podemos atestiguar todos los días, la política no separa razón y emoción, sino que potencia ambas. La idea de Habermas es un modelo racional en un mundo en el que no existen conflictos ni deseos, ni articulaciones colectivas de cómo uno quiere que sea su país, sino unos solitarios ciudadanos que usan la información para tomar decisiones muy racionales. Según el filósofo alemán la democracia deliberativa llegaría a una “suave coacción” del mejor argumento. Pero esa idea está desconectada de la práctica y de la historia. Es un modelo. Pero, aún si la Constitución tuviera ese modelo, el artículo usado por la Corte no se refiere a las sesiones de las cámaras, ni al tiempo que le dedicaron a discutir las leyes, sino a otra cosa completamente distinta: la economía, la planeación de industrias que debe tomar en cuenta a las comunidades que afecta y que éstas puedan tener una voz en esas discusiones. Es decir, se refiere a algo que la Suprema Corte desdeña, junto con el resto del bloque opositor: las consultas populares. “La justicia no se consulta”, sentenció el magistrado de las empresas eléctricas extranjeras, Laynez Potisek.

En realidad, más allá de la usurpación de funciones que hizo la Corte del Congreso legislador, hay otra suplantación de las minorías reales, las sociales, sustituyéndolas por las minorías millonarias, como Iberdrola, las mineras canadienses, Bonafont, Coca Cola, y Bimbo. Esto lo hemos visto cada vez que la Suprema Corte anula una ley del Congreso: considera minoría a la élite económica trasnacional. Esta suplantación si arde porque la “democracia deliberativa” estaba concebida en Alemania para proteger a los obreros y los campesinos, no a los corporativos globales. Estaba pensada contra la decisiones técnicas de los expertos que afectaron la vida de millones, a favor de una argumentación que, según Habermas, podía arrojar resultados racionales. No eran para el PRIAN.

Sujetar al escrutinio judicial los actos políticos de los parlamentarios los condujo a anular 74 leyes en este sexenio para proteger a una minoría que no es social sino electoral y parlamentaria. Así, la Suprema Corte se convirtió en el último recurso de los que no quisieron leer las iniciativas presidenciales. Por ejemplo, en junio de 2023, cuando el Plan B de la ley electoral para desaparecer plurinominales, bajar el presupuesto a los partidos, y terminar con los gastos excesivos de las burocracias del partidismo, el ministro Laynez Potisek argumentó que los diputados opositores no “habían sabido cuál iniciativa se estaba votando”, cuando el que la puso a votación fue su líder, Santiago Creel. Es decir, la Suprema Corte acabó anulando la ley electoral, el Plan B, por la distracción de los dipuatdos opositores. Así, en vez de decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes impugnadas por el McPRIAN, el magistrado supremo decidió sobre una circunstancia de despiste, de descuido de la oposición. Imagínense esa “democracia deliberativa” donde Habermas dijera: “no a ver, se anula esta ley, estábamos muy distraídos cuando la votamos”. Así se lo dijo la oficina jurídica de la Presidencia: “El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”.

Otro ejemplo, cuando desecharon la ley eléctrica, Aguilar Morales y Pérez Dayán protegieron un derecho humano que no existe: la libre competencia. Es como si las empresas eléctricas españolas fueran individuos o comunidades indígenas y no mega consorcios multinacionales. Su sentencia dice, entre otras joyas: “el mecanismo que decide cuáles centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional transgrede los principios de competencia y libre concurrencia”. Imagínense lo que tienen en la cabeza algunos magistrados: todo mundo se conecta a la red de la CFE y sube sin pleaneación su energía porque la “libre comptencia” es más importante que sobrecargar la red y que explote. Total. Siempre va a ser culpa de quien tiene los cables de transmisión que es la CFE.

De 2019 a 2023, la Suprema Corte emitió 425 sentencias de acciones de inconstitucionalidad, en 102 de ellas se analizó el tema de violaciones al proceso legislativo, en 74 sentencias se decretó la invalidez de leyes, 38 de manera total y 36 de forma parcial, es decir, que la Suprema Corte actuó como vigilante, no de la Constittución, sino del procedimiento que impide, en cualquier democracia, que una minoría suplante a la mayoría electa por el voto popular.

Pero hay algo más grave que la anulación del poder legislativo por parte de los jueces. Y es que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y las compañías fantasmas. El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. En este caso, de la inocencia de las factireras y del crimen organizado.

El 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró.

Pero así, también, le dieron el golpe mortal a la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa. El 14 de septiembre de 2022, Samuel Ventura Ramos, Juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria por el delito de secuestro a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala y presunto autor intelectual del ataque a los estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa. El 21 de septiembre dé 2022, este mismo juez liberó a 24 policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido procesados por haber participado en el intento de homicidio contra el estudiante normalista Aldo Gutiérrez, quien permanece en estado vegetativo al haber recibido un tiro en la cabeza la noche del 26 de septiembre de 2014. El 30 de agosto de 2019, este mismo juez Ventura Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, presunto líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos” y enlace del exalcalde José Luis Abarca, anteriormente procesado por el delito de secuestro en contra de los normalistas. En total, la Secretaría de Gobernación señala que el juez Samuel Ventura Ramos ha dictado 120 sentencias absolutorias de liberación a favor de presuntos implicados en el Caso Ayotzinapa. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la mayoría de las sentencias absolutorias dictadas por el juez Samuel Ventura Ramos desestimaron de las pruebas argumentando —una vez más— procedimientos. En este caso, el juez estimó que los torturados para justificar la “Verdad Histórica”, eran inocentes y no, como dice la ley, que toda declaración obtenida bajo tortura obliga a reponer el procedimiento, investigando los actos y los elementos relacionados, manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito, al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y castigo a los torturadores. El juez eliminó todo y los dejó en libertad. Tampoco acusó a los torturadores, es decir, Murillo Karam y Tomás Zerón. Tampoco obedeció la Ley General de Víctimas que obliga a las autoridades a tratar preferentemente el derecho de las víctimas, no el de los criminales. Puede decirse que ese juez de Matamoros, tamaulipas, reventó por sí mismo la investigación de Ayotzinapa, con lo cual facilitó que se acusara a la Fiscalía, a la Secretaría de Gobernación y al propio Presidente, de no querer resolver el caso y hasta de proteger al ejército. Quien no tome en cuenta la decisión de Ventura Ramos en esto, es un malintencionado o muy inocente.

Llegamos así al verdadero carácter de este régimen secuestrado por el poder judicial. El autoritarismo que señalan los de la “comunidad cultural” viene del Poder Judicial. Ese es el que no ha dado cuentas a nadie cuando suplantó al poder legislativo y hasta a la Fiscalía General de la República, en el caso Ayotzinapa. Eso es lo que hay que cambiar. No que haya muchísimos colores en los partidos, sino lo de fondo, el derecho a la justicia de los millones que saldremos este 2 de junio a votar por el Plan C.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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