Pablo Gómez expuso en entrevista con Los Periodistas que lo que ha hecho la Suprema Corte en su participación en el bloque opositor no le conviene. “Estas cosas o lo hicieron ilegalmente o lo hicieron con todo un propósito político, toda una manera de resistir los actos del poder público y oponerse a ellos y entrar al terreno de la contienda por el poder. Yo creo que no los ha beneficiado, le ha dado más poder al Gobierno”.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– El hecho de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se coloquen como opositores es lo peor que pueden hacer en su carrera como juristas y más que debilitar, fortalece al actual Gobierno, planteó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien además instó al máximo tribunal de justicia del país “a acostumbrarse a dar cuentas”.
En entrevista con Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Gómez Álvarez cuestionó el que los ministros adopten decisiones como las de este lunes cuando seis de ellos determinaron la invalidez total del decreto que declaraba todas las obras y proyectos del Gobierno federal como “de interés público y seguridad nacional” o como antes lo hicieron al revertir el Plan B de la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“¿Por qué están haciendo todas estas cosas que en estricto análisis de la Constitución resultan completamente ilegales e inconstitucionales? La pregunta hay que contestarla con sinceridad. La mayoría de la Corte ha decidido pasar a formar parte de lo que politológicamente podríamos llamar el bloque opositor en este país, existe un bloque opositor integrado por muchísimas personas, organismos, entidades, órganos autónomos y sus integrantes, partidos políticos que toman un papel relevante en esto, pero también organizaciones de todo tipo”, advirtió Pablo Gómez.
El titular de la UIF indicó que este bloque opositor también lo conforman los grandes medios de comunicación además de ser muy diverso en su constitución. “No tiene un sólo mando pero sí actúa en un mismo sentido y la mayoría de la Corte ha pasado a formar parte de ese bloque opositor. Ese es el fenómeno político que estamos viendo. Sí, por ser un poder del Estado agrega un elemento de suma trascendencia y pone las cosas en un nivel de confrontación muy fuerte”.
Pablo Gómez señaló en ese sentido que lo que ha hecho la Corte en su participación en el bloque opositor no le conviene. “Estas cosas o lo hicieron ilegalmente o lo hicieron con todo un propósito político, toda una manera de resistir los actos del poder público y oponerse a ellos y entrar al terreno de la contienda por el poder. Yo creo que no los ha beneficiado, le ha dado más poder al Gobierno”.
Insistió en que la oposición no va a debilitar al Gobierno actuando de la manera en la que lo ha hecho al bloquear las políticas públicas que impulsa la actual administración. “Si pretende el bloque opositor ubicar al Gobierno al margen de la legalidad lo que está haciendo es ubicar a la Corte al margen de la legalidad en el momento en el que se incorpora al bloque opositor y empezar a hacer política en la lucha del poder”.
“Ya colocarse como parte de un bloque que está erosionando el poder que está en la lucha del cambio político es algo muy pesado”, apuntó.
LA CORTE Y LA TRAMA CORRUPTA
El titular de la UIF dio a conocer esta mañana diversos contratos irregulares, los cuales fueron firmados por funcionarias y funcionarios de la entonces Policía Federal (PF) con empresas ligadas a Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Entre los nombres que reveló Gómez Álvarez, destacó el de Sonia Vargas Terrero, actual servidora pública del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que fue contratada por Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte.
Por ello, Gómez Álvarez refirió en la entrevista que “también en la Corte deben acostumbrarse a dar cuentas”. Para él la que puede sacar de dudas en cuanto a esta contratación es la Ministra Piña.
Vargas Terrero, como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la PF —que se encontraba bajo el mando de García Luna—, habría firmado contratos por un monto de 71 millones 600 mil dólares, situación por la cual se encuentra bajo investigación de la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Aquí estamos hablando sobre una trama corrupta y la información sobre la trama corrupta de Genaro García Luna era ampliamente conocida en el momento en que Sonia Vargas Terrero fue nombrada en la Corte porque se había hablado públicamente sobre este asunto, sobre la denuncia en Florida, no era una cosa que pudiera sorprender algo además no se trata de un funcionario de nivel medio sino del más alto nivel en la escala administrativa”, expresó.
