El espionaje fue confirmado a través de un análisis realizado por Citizen Lab; otros dos colaboradores de Alejandro Encinas fueron víctimas del ataque.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).-Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, fue espiado a través del sistema Pegasus mientras llevaba a cabo investigaciones de abusos por parte del Ejército mexicano, reveló una investigación del diario The New York Times.
El trabajo firmado por los periodistas Natalie Kitroeff y Ronen Bergman explica que el funcionario supo de los hackeos luego de que los ataques fueran confirmados a través de un análisis forense de Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto, en Canadá.
Cuatro personas que hablaron con él sobre los ataques detallaron que el celular de Encinas estuvo infectado en varias ocasiones, lo que permitió que los piratas informáticos obtuvieran acceso ilimitado a su vida digital.
Estos actos ocurrieron incluso en 2022, cuando lideraba la Comisión de la Verdad del Gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Citizen Lab también encontró pruebas de infiltración con Pegasus a los celulares de otros dos funcionarios que trabajan con Alejandro Encinas, quienes también han colaborado en investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
NSO Group, empresa israelí fabricante de Pegasus, analizó los ataques contra Encinas y sus colaboradores, y aseguró que no opera sistemas individuales del malware, sino que indaga denuncias creíbles sobre su uso incorrecto.
“Investigaciones pasadas de NSO han resultado en la cancelación de varios contratos respecto al uso inapropiado de nuestras tecnologías”, agregó la empresa en un comunicado.
Este ataque en particular destaca entre otros que han sido denunciados, ya que se trata de un funcionario de alto rango y que tiene una cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Si alguien tan cercano al Presidente como Alejandro Encinas es vigilado, está claro que no hay un control democrático del programa espía. […] No hay pesos y contrapesos. El Ejército tiene un poder enorme y no tiene supervisión democrática”, dijo Eduardo Bohórquez, director del capítulo mexicano de Transparencia Internacional.
ALEJANDRO ENCINAS Y SUS ROCES CON EL EJÉRCITO
En noviembre del año pasado, luego de que se anunciara una denuncia penal por parte de abogados de cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas declaró que pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo y aseveró que, detrás de quienes le acusan “están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”.
“Los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de #Ayotzinapa”, compartió en Twitter el Subsecretario junto a un video en el que afirma que la Comisión de la Verdad continuará con su labor.
El también titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) expuso que, pese a lo dicho por los abogados en su contra, es la Fiscalía General de la República (FGR) la que sustenta las imputaciones contra sus clientes, no la Comisión. “No puedo permitir que se manipule y desinforme sobre el trabajo que desempeñamos”, dijo.
“Quiero referirme a las declaraciones hechas el día de ayer por los abogados de los militares detenidos con relación al caso Ayotzinapa. En primer lugar, quiero señalar que es la Fiscalía General de la República quien ha sustentado las imputaciones contra los militares ante los tribunales con base en evidencias sólidas y contundentes, lo cual ha sido confirmado por un Juez al vincularlos a proceso”, expuso.
“Confío en que se obtendrán sentencias condenatorias, con lo que se dará un paso significativo contra la impunidad”.
A un poco más de ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el otro gran pendiente de las autoridades federales, además de dar con el paradero de los jóvenes, es esclarecer hasta dónde llega la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos y sancionar a los integrantes involucrados. En ello coinciden organizaciones que acompañan a las familias de los jóvenes en su búsqueda por justicia.
Los reclamos sobre la impunidad con la que se condujo el Ejército en la llamada noche de Iguala crecieron los últimos días durante las protestas encabezadas por familiares de los estudiantes en la Ciudad de México. Los padres y madres de los jóvenes desaparecidos han dejado claro que obtendrán justicia hasta sancionar a los responsables de las Fuerzas Armadas.
Las protestas realizadas en 2022 en la sede la FGR y el Campo Militar No. 1, mismas que fueron reprimidas y dejaron a policías y militares lesionados, fueron la antesala de las manifestaciones convocadas en distintos puntos el país para exigir justicia a ocho años de un crimen que la propia Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ), califica como un crimen de Estado.
“Fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos”, reclamó el pasado 23 de septiembre Mario González, padre de uno de los estudiantes afuera del Campo Militar No. 1, ubicado en la Avenida Ejército Nacional de la Ciudad de México.
Mensajes telefónicos testados divulgados por la Comisión, apuntan a que hubo soldados que manipularon y habrían ocultado restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala. En ese entonces, el diario Reforma difundió información de una versión íntegra del texto, misma que afianza esa versión.
De acuerdo con el informe, fueron militares quienes habrían ordenado asesinar a algunos de los 43 jóvenes, también los señaló como responsables de manipular y esconder partes de sus restos.
Con el paso de los años las omisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han quedado claras. El informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa publicado el 18 de agosto muestra que la dependencia dio a conoer hasta después de varios días de un mensaje anónimo que recibió donde se alertaba del paradero de los seis estudiantes.
“A los estudiantes de la normal los mantienen dentro de una bodega la cual es grande de concreto techo laminado y cortina metálica la cual se ubica en ‘pueblo viejo’ entrando a la colonia Guadalupe”, se leía en el mensaje recibido por la Sedena el 30 de septiembre, de 2014, cuatro días después de la desaparición forzada de los jóvenes. Aunque se proporcionaron indicaciones para llegar a lugar, la dependencia informó del mensaje días después, hasta el 2 de octubre.
PERIODISTAS, ONGs y MEDIOS ACUSAN ESPIONAJE POR SEDENA; AMLO LO DESMIENTE
En octubre del año pasado, organizaciones como Artículo 19, el Centro Prodh Agustín Juárez y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) continuaba realizando labores irregulares de espionaje en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como fueron los casos de dos periodistas y un defensor de derechos humanos, cuyos teléfonos celulares fueron intervenidos en la actual administración con el programa Pegasus para monitorear llamadas y mensajes.
De acuerdo con la denuncia, en 2019 la Sedena compró el malware de espionaje Pegasus, del cual fueron objetivos dos periodistas, uno de ellos Ricardo Raphael y otro del sitio Animal Político así como el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Aunque al momento sólo se ha confirmado por medio de investigaciones y peritaje la infección en estos tres casos, R3D detalló que es probable que existan más víctimas de Pegasus. “No hay condiciones para que una institución mexicana pueda llevar esta investigación con exhaustividad, imparcialidad”, lamentó Luis Fernando García, director de la organización.
Al respecto, el Presidente López Obrador aseguró que “no es cierto” que su Gobierno espíe a opositores y a periodistas, y pidió que quien tenga pruebas, “que las presente ante las autoridades competentes”.
“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces si tienen pruebas, que las presenten”, dijo el Presidente en la conferencia de prensa matutina del 4 de octubre de 2022.
“He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos. No tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”, agregó.
–Si le estoy diciendo que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad –aseguró López Obrador.
–¿Aunque estén las pruebas, Presidente? –respondió Nayeli Roldán, una periodista de Animal Político.
–Entonces presenten las pruebas para que me desmientan –le reviró.
–De hecho sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía –señaló.
–Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva y no hay ningún problema –replicó el mandatario.
“Pero estaba yo viendo que uno de los que se quejan es el señor Ricardo Raphael. ¿Qué caso tendría espiarlo, la verdad? Él no es un criminal. Él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país, lo más que llega a ser es un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros”, comentó en respuesta a la periodista de Animal Político.
–¿Usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, Presidente? —cuestionó Nayeli Roldán.
–No. Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios, pues es equipararnos con lo que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo –respondió el Jefe del Ejecutivo federal.
TOMÁS ZERÓN, EL ESPÍA DEL PEÑISMO
Una pieza clave en el entramado de espionaje establecido durante el Gobierno de Peña Nieto es Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel sujeto a un proceso de extracción.
La Fiscalía General de la República dio a conocer el año pasado que la información correspondiente a Zerón de Lucio y a este caso de espionaje se le hizo llegar al Gobierno israelí, por los canales procedentes.
“Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable”, informó la dependencia.
Tomás Zerón jugó un papel clave en el aparato de inteligencia del peñismo, primero en las negociaciones para adquirir el sistema de ciberespionaje de la empresa italiana Hacking Team, ya que pretendía centralizar el sistema de espionaje digital en las procuradurías locales, según reportaron medios mexicanos, y después cuando él mismo se valió de la “urgencia” derivada de “la situación” que atravesaba el país para adquirir otro programa espía: Pegasus.
Zerón de Lucio firmó el contrato de adquisición de Pegasus justo un mes después que la agencia que entonces encabezaba, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), atrajera el caso Ayotzinapa y a horas de que él fuera captado con gorra y gafas oscuras a orillas del Río Cocula, en una incursión que no figuró en la averiguación previa y que llevó a los observadores del caso a señalarlo por plantar evidencia, algo que siempre negó.
El documento que selló la compraventa —difundido en 2017 por Aristegui Noticias— fue signado por los representantes de la procuraduría, Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Vidal Diazleal Ochoa, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y Rigoberto García Campos, director de información sobre actividades delictivas del Cenapi.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) sustentó en ese momento la adquisición bajo el término de urgencia porque “la situación que atraviesa el país pone a la Institución como un blanco para la delincuencia organizada”. Además, dijo que era una “necesidad indispensable e inmediata” la adquisición del sistema para la realización de actividades “sustantivas”.
Otro de los argumentos que dio la dependencia en ese momento fue el supuesto riesgo que implicaba no contar con este sistema en 2014 ya que de no haberlo adquirido, dijo, ponía en desventaja y vulneraba “la capacidad y margen de operación de la procuraduría al encontrarse en situaciones de alto riesgo”.
— Con información de Tamara Mares Rivera
