I.

Recientemente, con motivo del “debate” en la Cámara de Diputados, en torno a la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, (misma que fue votada favorablemente por la mayoría de los representantes, pero declinada para constituir una reforma constitucional, por no lograr las dos terceras partes de la votación), se originó una discusión paralela sobre los móviles de los diputados que rechazaron esta propuesta, que apunta a un mayor control por parte del Estado sobre una industria que se considera fundamental y estratégica para la nación.

En ese marco, se observó la presencia de personeros de compañías extranjeras, que “asesoran”, persuaden, o generan una línea de pensamiento entre los representantes de la nación, para adherirse a sus directrices de negocios. También se consideró, como posible explicación, la congruencia de los detractores, cuyos principios ideológicos los identifican con la defensa de los intereses empresariales y las leyes del mercado.

En ese mismo sentido se dieron declaraciones y presencia de representantes de gobiernos extranjeros, externando sus opiniones en torno al manejo que hace el gobierno mexicano sobre la industria energética. Todo ello nos hace reflexionar qué tan legítimas o éticas son estas posiciones, si son nuevas o añejas, si deben “normalizarse” o erradicarse.

II.

Como ya se ha mencionado anteriormente en este espacio, la industria petrolera se asentó plenamente en nuestro país durante el periodo del porfiriato, cuando se articuló, a fin de desarrollar esa y otras industrias, una política de amplias concesiones. De inmediato, se generaron amplios intereses económicos que merecieron cierto activismo político por parte de las compañías.

Incluso en ese ambiente favorable a sus inversiones, las compañías petroleras extranjeras establecieron cierto comportamiento para posicionar sus intereses ante el gobierno mexicano y obtener ventajas económicas, generalizándose una disputa entre las principales compañías petroleras: El Águila, de capital británico, y la Standard Oil Co. Y sus filiales, de capital estadounidense, aunque había otras más.

La Revolución Mexicana significó el cambio en varios ámbitos legislativos, sociales y económicos, uno de ellos se dio en materia petrolera lo cual provocó que las compañías profundizaran sus estrategias para recusar las nuevas legislaciones y mantener sus privilegios. A la luz de los hechos recientes, observamos que este modus operandi mantiene notable vigencia. Así, en un rápido repaso histórico, podemos enumerar:

La prensa. A través de este medio las compañías trataron de justificarse ante la opinión pública mexicana y extranjera, de suerte que aparecieron artículos, no sólo en periódicos de los Estados Unidos e Inglaterra sino también en medios nacionales, con señalamientos de rechazo a las medidas del gobierno mexicano, valiéndose de la manipulación de la información.

Casos bien documentados son los que se dieron por parte de la Standard Oil y El Águila, que tenían diseñada una estrategia de propaganda con El Imparcial y The Mexican Herald, que se publicaban en la ciudad de México. En ese entonces, los asuntos de El Águila, relativos a la prensa, eran conducidos por Enrique C. Creel, el ex secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz, incluyendo en su estrategia de medios una larga lista de periódicos en la capital y la provincia, configurándose una suerte de amasiato entre el capital y ex funcionarios gubernamentales.

El recurso de utilizar la prensa sería permanentemente explotado, más tarde, durante el periodo carrancista; Félix F. Palavicini (director de El Universal) sería uno de los gacetilleros a sueldo que criticaría las disposiciones fiscales en contra de los petroleros. De esa época hay otro tanto de notas que aparecieron en la prensa conservadora mexicana que criticó la posible aplicación del artículo 27.

Los recursos legales. El siguiente paso se daba dentro de los llamados cauces legales. Residía, básicamente, en echar mano de los resquicios de las leyes mexicanas para evitar el pago de los impuestos y rebatir una interpretación retroactiva del artículo 27.

Algunos despachos importantes de abogados prestarían sus servicios a los petroleros, como el de Manuel Calero, entre otros. De acuerdo al propio Carranza, las compañías habían presentado 80 amparos ante tribunales mexicanos. Este recurso sería intensivamente explotado hacia 1938 durante la expropiación petrolera e incluso en tiempos posteriores.

Intercesión de los gobiernos extranjeros. Uno de los principales elementos utilizados por los petroleros fue la presión diplomática, a través de sus gobiernos. En ese sentido, los gobiernos británico y estadounidense actuaron apoyando, irrestrictamente, a sus connacionales. Esto tiene que ver, en mi opinión, con el hecho de que, desde los años de preguerra, en los inicios del siglo XX, las potencias empiezan a considerar al petróleo como un elemento estratégico, por su función en el desarrollo económico y bélico.

De tal forma, observamos que en su informe correspondiente a 1919 Venustiano Carranza señaló las reiteradas notas de inconformidad enviadas por el gobierno de Estados Unidos, en materia energética. Con frecuencia, los argumentos esgrimidos por los petroleros eran los intereses nacionales y estratégicos de las potencias, a los que, en efecto respondían las compañías. Por ello, las protestas de los embajadores fueron constantes y enconadas.

Ni qué decir de las presiones ejercidas por Estados Unidos y, principalmente, por Gran Bretaña, que incluyeron el boicot comercial.

Seguro que en estas acciones imperaba una visión colonialista cuya geopolítica consideraba los recursos de los demás países como propios, como reservas a sus procesos de industrialización o ante alguna eventualidad de orden bélico, tal y como sucede el día de hoy.

El cabildeo. En México, un recurso nada desdeñable del que se valieron las compañías, fue el de establecer vínculos estrechos con funcionarios públicos de todo nivel. Fue una de las formas que utilizó recurrentemente el capital petrolero. Tener en nómina a algunos de los representantes de la nación funcionaba en el sentido de acceder a información de primera mano en torno al curso de posibles disposiciones oficiales, al igual que para, por ese mismo cauce, tratar de orientar las decisiones oficiales.

Durante el porfiriato, esta estrategia había incluido desde integrar a los consejos administrativos a funcionarios como Enrique Creel, Porfirio Díaz, hijo, y otros más, hasta la más plana corrupción de políticos.

Esta estratagema continuaría por muchos años. Un caso que podemos considerar emblemático es el de Félix F. Palavicini, quien prestó servicios a las compañías, no sólo como periodista cuando era director de El Universal, sino también en su calidad de representante popular en la Cámara de Diputados. Palavicini, según se asienta en el estudio de Eduardo Clavé, estaba en la nómina de El Águila y tenía por misión dar un viraje a la legislación relativa al petróleo a favor de las compañías, ello durante los trabajos del congreso constituyente, entre 1916 y 1917.

Por otra parte, la corrupción de funcionarios fue más burda y clara en los campos y pueblos petroleros en donde los diputados locales, alcaldes, funcionarios municipales, jueces, inspectores y líderes sindicales eran presa fácil del dinero de las compañías.

Tal vez el caso más notorio, por el alto nivel que podía alcanzar, fueron los intentos por comprar a diputados en el marco de la promulgación de la Constitución de febrero de 1917, en Querétaro, por la cuestión del artículo 27; aunque, como sabemos, de manera infructuosa.

III.

Podemos ver, a la luz de los eventos contemporáneos, cómo el pasado y el presente se conectan con frecuencia y se refleja uno en el otro…. más de lo pensado.

Muchas de esas estrategias del pasado las vemos presentes en el día a día de la discusión de hoy: en el rechazo a la propuesta de Reforma eléctrica, en la defensa de los intereses privados de compañías petroleras, eólicas y recientemente en la discusión sobre la nacionalización del litio.

En ese sentido, se observa que una buena parte de la prensa escrita, en uso de su derecho a la libertad de expresión, es sistemáticamente adversa a las directrices actuales en materia energética.

También se dan las presiones diplomáticas de otros países; por ejemplo, se dio la presencia de un enviado de los Estados Unidos, John Kerry, al frente de una Comisión contra el cambio climático, acompañado —paradójicamente— de representantes de consorcios energéticos, que nunca antes se ocuparon de temas ambientalistas. O bien la visita del ministro español de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, defendiendo los intereses de la empresa Iberdrola.

Ni qué decir de la burda imagen del cabildero italiano Paolo Salerno, representante de la trasnacional Enel; además, coordinador de la Comisión de energía de la Cámara Italiana de Comercio Exterior y, por si fuera poco, “asesor” de la diputación del PRD.

Bien visto esto es sólo una muestra impúdica de las presiones que ejercen empresarios, consultoras y ex funcionarios públicos, así como organizaciones como la Asociación Mexicana de Energía Eólica, cámaras de industriales y asociaciones “civiles” preocupadas, súbitamente, por el medio ambiente y el cambio climático.

Por otra parte, qué decir del inmoral vínculo de exfuncionarios, como Georgina Kessel, ex secretaria de Energía, y ahora asesora de Iberdrola; mismo caso del también ex secretario de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles (hijo), también asesor de compañías extranjeras, cuyos vínculos con las compañías extranjeras nos hacen recordar tanto un pasado ominoso.

IV.

Cabe preguntarse, insisto, porqué existirían grupos de “representantes” de la nación que se oponen a que un sector estratégico de la economía, como es el energético, sea controlado por el propio Estado mexicano, en beneficio de la nación.

Esta actitud llama más la atención, ahora que en los contextos internacionales de pandemia por el Covid-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania, evidencian que el factor energético es de los más sensibles, como se observa en la dependencia de varios países de Europa en esta materia.

Porqué oponerse ahora, justo cuando se empiezan a constatar los primeros resultados del redireccionamiento del sector energético, ya que PEMEX reporta la amortización de su deuda, al tiempo que en el primer trimestre del año se reportaron ventas por 506, 794.5 millones de pesos, esto es un aumento del orden del 60 por ciento (en números redondos) con relación al mismo periodo del 2021 (317, 553 millones); porqué justo ahora que se revierte una inercia de pérdidas económicas y que la recién adquirida refinería de Deer Park logró utilidades por 195 millones de dólares.

En ese mismo plano imaginemos de qué tamaño serían las ganancias para el país, si se hubiera construido la refinería prometida en los dos sexenios anteriores, cuál sería la situación de México si se hubiera mantenido la autosuficiencia energética que ya se había obtenido en los años 70 y 80 del siglo pasado. Lo que sabemos por cierto es que México es el país que presenta el índice inflacionario más bajo en energía entre los integrantes de la OCDE.

Porqué el rechazo a priori a las políticas energéticas justo cuando la CFE ha tenido en este mismo primer trimestre un aumento de ingresos del 10 por ciento y disminuyó sus gastos de operación en un 20 por ciento. Por qué no apoyar un proyecto que apunta a la autosuficiencia nacional en materia energética, lo cual se manifestará en otros campos de la economía.

¿Cómo se podrían tipificar estas actitudes? ¿Puede ser una visión distinta del rumbo del país (lo cual es legítimo), pero también cerrazón ante el nuevo gobierno? ¿Podrían ser los vínculos a intereses particulares? ¿Cabría otro calificativo?

Cuales sean las respuestas, queda claro que, por momentos, las imágenes del pasado y el presente, como si fueran disolvencias, se fusionan y funden entre sí.

Héctor Luis Zarauz López

https://www.sinembargo.mx/author/hector-luis-zarauz-lopez

Sociólogo e historiador. Se ha dedicado a trabajar temas de historia regional, económica y social, con énfasis en los periodos del porfiriato, la revolución y el México contemporáneo. Con sus trabajos ha obtenido reconocimientos como el Premio Salvador Azuela del INEHRM y mención honorífica en el Premio Marcos y Celia Maus. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es integrante del seminario permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente. Es autor de varias obras: “Álvaro Obregón y la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1928”; “Valentín Elcoro e hijos. Historia de una vida empresarial”; “Tiempo de caudillos, 1917-1924”; “La revolución en la ciudad de México 1900-1920”; “La fiesta de la muerte; México. Fiestas cívicas, familiares, laborales y nuevos festejos”, entre otros títulos. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.

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