Hace 16 años, la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú fue víctima de tortura y violación sexual por elementos del Ejército. En su búsqueda de justicia, ha enfrentando amenazas, hostigamiento y agresiones que le han impactado a nivel personal, familiar y comunitario. En estos días el poder judicial de Guerrero emitirá una sentencia contra dos de sus agresores…
La sentencia será relevante porque se trata del primer caso de tortura sexual que se resuelva en el fuero civil y por los delitos correctos: el de violación y tortura, señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo) .– El poder judicial de Guerrero emitirá en próximos días una sentencia para los dos militares señalados como culpables de la violación y tortura sexual, en 2002, de la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú, cuando ésta tenía 17 años.
Valentina lavaba ropa en un arroyo cercano a su casa, en la Barranca Bejuco, cuando elementos del Ejército la interrogaron sobre el paradero de “encapuchados” en la zona, después fue golpeada, amenazada y violada por dos soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano; la agresión la presenciaron otros seis uniformados, quienes también se burlaron de ella.
Por el crimen, el cabo de infantería Armando “P” y el cabo jardinero Nemesio “S” fueron vinculados a proceso judicial en 2014, pero será hasta estos días cuando el Juzgado Séptimo de Distrito de Guerrero emitirá una sentencia, misma que “podría materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina”, informó hoy en un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La resolución del caso será relevante, señaló el texto, por el contexto actual donde se discute la inconstitucionalidad y las violaciones a los derechos humanos que traería la Ley de Seguridad Interior, la cual autoriza la participación de los elementos del ejército en actividades de seguridad pública.
Por el crimen, en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra el Estado Mexicano por su falta de respuesta para proporcionar justicia. La resolución del organismo internacional también se refirió al caso de Inés Fernández Ortega, quien un mes después de las agresiones a Valentina también fue torturada sexualmente por miembros de las fuerzas armadas.
La sentencia de la Corte IDH derivó, en 2011, en una disculpa pública por parte del Estado para Valentina Rosendo.
El caso de Valentina representa un parteaguas en la defensa de derechos humanos de las mujeres a nivel nacional e internacional, pues sentó precedentes para el desarrollo de los términos “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, recalcaron las organizaciones.
