Las acusaciones de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la Presidencia, contra Nestora Salgado García, candidata al Senado de la República por Morena, responden a un patrón de criminalización de los activistas mexicanos desarrollado durante todo el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, denunciaron activistas defensores de los derechos humanos.
Ese patrón, explicó el abogado Jesús Robles Maloof, fue copiado por gobernantes estatales, priistas y no priistas, como son los casos de Miguel Ángel Mancera Espinosa, ahora Jefe de Gobierno con licencia de la Ciudad de México, y el panista Rafael Moreno Valle Rosas, ex Gobernador de Puebla.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, también se refirió a la técnica de criminalización de las autoridades: “primero ignoran al defensor, no existimos como interlocutores, y segundo aplican el descrédito, la denostación, nos dicen guerrilleros y nos vinculan con grupos armados”.
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición “Todos por México” leyó el domingo pasado, durante el Segundo Debate Presidencial, una declaración en contra de Nestora Salgado García, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y ahora candidata al Senado de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien estuvo presa durante dos años y siete meses acusada de secuestro y luego fue exonerada por un Tribunal Unitario en 2016.
Luego de leer la acusación, se encaminó hacia Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la alianza “Juntos haremos historia”, le dio la espalda a las cámaras y colocó la hoja de papel con la cita que acababa de leer sobre el podium del tabasqueño: “una secuestradora que está libre por una falla en la policía, esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, le dijo y volvió a su lugar.
No era la primera vez que Meade Kuribreña, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, llamaba secuestradora a Salgado. Lo hizo en sus redes sociales en abril y apenas hace unos días en televisión abierta en el programa “Tercer Grado” de Televisa.
“Es el propio candidato que está atacándome y poniéndome en peligro diciendo en televisión que soy una secuestradora y delincuente. También lo responsabilizo por cualquier cosa que le pase a Nestora Salgado y a su equipo”, dijo la ahora candidata a Senadora a SinEmbargo un día antes del debate.
En entrevista, la también activista reveló que le habían enviado varias cabezas de perro a su casa en Olinalá después de amenazarla con cortarle la cabeza “literalmente” si regresaba a su tierra natal, la habían detenido en un retén militar en Chilapa y le habían enviado, como respuesta a una solicitud de protección al Estado durante su viaje a Guerrero, agentes de la Policía Federal a custodiarla a pie.
De acuerdo con activistas y defensores de los derechos humanos, el caso de Nestora es un patrón de criminalización que siguió la administración de Enrique Peña Nieto en contra de cualquier opositor a su proyecto: jóvenes, policías comunitarias, maestros, ambientalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Un ejemplo que siguieron varios gobernadores –priistas y no priistas–, como Miguel Ángel Mancera Espinosa, ahora Jefe de Gobierno de la Ciudad de México con licencia, y el panista Rafael Moreno Valle Rosas, ex Gobernador de Puebla, dijo Jesús Robles Maloof, abogado defensor de los derechos humanos.
“Meade con Nestora es uno de los elementos más convencidos de esa política. Forma parte de los incentivos que genera el sistema. Al recibir las críticas se dio cuenta de lo que estaba haciendo y cambió de tono, no porque crea que es lo correcto, se dio cuenta que lo hizo mecánicamente, pensando que sería aceptable y unánimemente fue condenado. Es interesante cómo la sociedad lo rechazó”, argumentó Robles Maloof.
Apenas en marzo de este año Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de los derechos humanos, presentó un informe sobre México ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ahí el Relator afirmó que después de reunirse con 800 defensoras y defensores de los derechos humanos en el país, concluyó que existe una violencia generalizada en contra de los activistas, quienes además son víctimas de una criminalización sistemática a través de un “uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales, con el fin de obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos”.
La criminalización, explicó el relator en su informe, inicia con la formulación de acusaciones o denuncias infundadas; luego, se producen “múltiples formas de violación de los derechos humanos como acoso judicial, el enjuiciamiento basado en acusaciones falsas, la doble incriminación, la privación de libertad sin orden judicial y unas condiciones inhumanas de reclusión”.
Antes de la criminalización hay declaraciones de funcionarios públicos de “alto nivel” en contra de los defensores y activistas.
El Relator incluyó en su informe datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que indican que en los primeros 10 meses de 2017 se registraron 285 ataques en contra de defensores de derechos humanos como “acoso, agresiones, robos y delitos cibernéticos”.
Pero los datos de la sociedad civil, aclara el documento, sugieren que sólo entre enero y mayo de 2017 de cometieron 730 violaciones a los defensores de los derechos humanos.
Además el relator enfatizó en que se reunió con un gran número de mujeres defensoras y concluyó que son ellas las que encabezan las luchas en el ámbito de los derechos humanos, aunque “su papel no goza del reconocimiento y la difusión que merece”.
DÍA UNO: CRIMINALIZACIÓN A JÓVENES
Robles Maloof recordó que desde el primer día de Gobierno de Enrique Peña Nieto se dio la criminalización y detención de los jóvenes que criticaban su llegada al poder.
El 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Peña Nieto fueron detenidos alrededor de 100 jóvenes.
Sólo entre diciembre de 2012 y 2015, la Liga de Abogados contabilizó mil 150 detenciones de jóvenes en el contexto urbano.
“No hace alta una orden directa para criminalizar o señalar a los opositores, sino un ambiente que se genera al descalificar la crítica, al minimizar al disidente y generar desde el primer minuto un ambiente contrario a quienes protestan y trabajan en la sociedad civil resolviendo casos. El ámbito de criminalización se extendió no sólo a defensores o periodistas, sino a quienes no estaban con él”, expuso.
El abogado recordó el discurso de Peña Nieto en el marco de las movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) cuando él se encontraba de gira en China: “quienes no están con él, están contra México”.
La criminalización se extendió a todos los grupos: a los defensores de derechos humanos, pero también a los del territorio. A los periodistas y a los dirigentes de oposición, como ocurrió con lo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes protagonizaron uno de los momentos más violentos de la oposición a la Reforma Educativa en junio de 2016 con el enfrentamiento entre profesores y elementos de la Gendarmería durante un desalojo en Nochixtlán, Oaxaca.
En cuanto a los ambientalistas los datos recogidos por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en su “Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017” indican que entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 88 personas defensoras del medio ambiente fueron blanco de ataques en México, de los cuales 29 fueron asesinados.
Las agresiones más recurrentes fueron las físicas con 18 ciento, la criminalización con 16 por ciento y el homicidio con 15 por ciento.
El Gobierno federal también criminalizó a las víctimas de desaparición forzada, como el caso de las madres “rastreadoras” que buscan a sus hijos en fosas cladestinas en todo el país.
“Nos criminaliza al no hacer nada, al ser negligente, indolente, omiso. En el caso de Veracruz somos despreciadas por [Miguel Ángel] Yunes que nos revictimiza a su antojo”, dijo Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito.
García Henao recordó incluso a las madres que han sido asesinadas durante el proceso de búsqueda de sus hijos e hijas.
“Es tanta la agresividad, la violencia contra las luchadoras en este tema, que termina en madres que cayeron en este caminar, porque los perpetradores la tienen muy fácil”, argumentó.
TODOS SOMOS NESTORA: TLALCHINOLLAN
La campaña de criminalización en contra de Nestora Salgado la conoce bien Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Abel sabe de primera mano lo que es ser criminalizado y acusado de guerrillero, dijo.
“En Guerrero las autoridades no toleran que existan actores civiles que podamos cuestionar, evidenciar los abusos y las violaciones a los derechos humanos. Las autoridades primero ignoran al defensor, no existimos como interlocutores, y segundo aplican el descrédito, la denostación, nos dicen guerrilleros y nos vinculan con grupos armados”, explicó.
Llega la “campaña de descrédito”, como la que vive actualmente Nestora Salgado, pero con ella también el peligro por ponerlos en el “blanco” del crimen organizado debido a la colusión que existe entre autoridades y criminales.
“Para nosotros esta denostación pública de un candidato presidencial nos habla de estas flaquezas que existen en nuestro sistema, porque sin derechos humanos no hay democracia. Estamos hablando de corruptos que le apuestan a la impunidad y que se manejan en opacidad. No ven a un ciudadano defensor como aliado, sino que lo ven como enemigo”, dijo.
