A más de un año de que el gobierno de Baja California solicitó que Arizona criminalizara el tráfico de armas en la frontera con México, no hay respuesta y cada mes siguen entrando ilegalmente a la entidad norteña mexicana miles de pistolas, fusiles de asalto, cartuchos, municiones y granadas.
De hecho, las dos entradas a rutas de tráfico de armas a México detectadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California –las ciudades de Tijuana y Mexicali, controladas por el Cártel de los Arellano Félix- se mantienen operando, intactas.
A ello se suma el fracaso de una comisión de diputados federales que el año pasado intentó sanear Alas aduanas fronterizas en la entidad, en donde se presume hay un lazo vital para que se dé, con total impunidad, el cruce ilegal de armamento a Baja California.
“No hay nada oculto, (las armas) no pasan por el cerro o por el aire, pasan por la aduana. El contrabando hormiga definitivamente es por ahí”, dijo el jefe de la Oficina de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, Rodolfo Luna Herrera.
El funcionario también reveló que son los miembros de la pandilla conocida como “La Mara 18” –de la ciudad de Los Ángeles, California, enemiga acérrima de la Mara Salvatrucha, o MS-13, afín al Cártel de Sinaloa que dirige Joaquín Guzmán Loera-, los que se encargan de poner el armamento en las calles de Baja California y en otras regiones del territorio mexicano dominado por el grupo criminal “Los Zetas”.
“Ellos son los que surten al crimen organizado. Son los que se encargan de recabar todo el armamento en las calles de Estados Unidos y luego las venden o lo cambian por droga en México”, apuntó el funcionario.
De hecho, la oficina bajo la responsabilidad de Luna Herrera reporta que más del 80 por ciento del armamento decomisado en Baja California –alrededor de cuatro mil al año en promedio, según estadística de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)-, fueron adquiridas o robadas en tiendas de ciudades y poblados del sur de Estados Unidos.
Fundamentalmente en Arizona, de donde proviene hasta un 80 por ciento del total requisado, según las mismas fuentes.
El secretario de Seguridad Pública del gobierno de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, reveló que desde enero del 2011 el gobierno del estado recomendó al estadunidense que optimizara los operativos y controles a a venta de armas en su país, principalmente en Arizona, para impedir su traslado a Baja California.
Esta posición del gobierno de Baja California quedó plasmada en documentos oficiales de la 29 Conferencia de Gobernadores Fronterizos de ambos países, cuando sus miembros se reunieron en la ciudad de Ensenada en septiembre del año pasado.
En aquella ocasión el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán hizo tres propuestas específicas en el tema de reducción del tráfico de armas de Estados Unidos a México:
– Aplicar un mayor control en las armerías para evitar la venta a bandas dedicadas al traslado de explosivos y armamento.
– Dar seguimiento a las investigaciones dedicadas a conocer la forma de operar de las bandas e individuos que trafican las armas desde los Estados Unidos.
– Incrementar los operativos que las autoridades estadunidenses deben desplegar en la frontera para evitar el tráfico de armas.
“Con que ellos realicen esas tres funciones se va a ver una reducción significativa del tráfico de armas hacia México”, estimó De la Rosa.
Por su parte Osuna Millán dijo: “Nosotros estamos exhortando para que una medida de control adicional sea tomada por los gobiernos estatales –de Estados Unidos-, y ésta consiste en el registro y el reporte de compras múltiples de armas de fuego”.
Siete meses después de aquella petición formal del gobierno bajacaliforniano, los estados fronterizos de la Unión Americana con México nada han hecho por aplicar o al menos considerar la solicitud.
UNA INDUSTRIA PODEROSA
Esto puede explicarse por dos hechos: primero, la Constitución de Estados Unidos permite que los ciudadanos americanos estén en posibilidad de adquirir cualquier tipo de armamento, desde un arma corta hasta un lanzagranadas, por lo que es necesario cambiar la Carta Magna del país vecino para hacer realidad la petición de Baja California.
En segundo lugar están los intereses que se mueven detrás de la industria armamentista de Estados Unidos, el principal proveedor de armas a México.
Con base en estudios de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, entre 40 y 60 por ciento de las armas que los delincuentes utilizan en México –es decir de seis a nueve millones de las 15 millones que circulaban en México en el año 2009, según “Small Arms Survey”, organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza-, provienen de Estados Unidos.
Esto tiene una razón. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales del Poder Legislativo federal, en Estados Unidos existen 40 grandes empresas fabricantes e importadoras de armas, las cuales comercializan al año aproximadamente tres millones de artefactos bélicos en México.
Por otro lado, el Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, Suecia, estima que Estados Unidos destina más de 340 mil millones de dólares al año para el desarrollo, producción e implementación de armas, que lo convierte en el país armamentista más grande del mundo, por encima de Rusia y Alemania.
Además, en el último informe presentado en febrero de 2011, ese instituto reveló que de las 100 empresas fabricantes de armas con mayores ganancias en el planeta, 45 se encuentran en Estados Unidos, entre ellas los cinco consorcios más poderosos: Lockheed Martin, Boeing, Northrop-Grumman, General Dynamics and Raytheon.
Las ganancias conjuntas de las compañías estadunidenses fueron de 247 mil millones dólares en ventas, lo cual representa el 61.5 por ciento de las ventas de las 100 armadoras más importantes del mundo.
Y de las ganancias que anualmente obtiene la industria armamentista estadounidense, 30 mil millones impactan directamente en la economía del poderoso vecino.
Esta impresionante industria y el consecuente mercado que genera, es un imán irresistible para los grupos delictivos que operan en Baja California y el resto de México.
Por otro lado, un estudio elaborado en 2011 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), titulado: “Armas Pequeñas y Livianas: Una Amenaza para la Seguridad Hemisférica”, advirtió que Estados Unidos es el principal exportador de armas en el mundo y América Latina. Sus principales socios comerciales en ese ámbito son: Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú, de acuerdo con el estudio.
El documento también señala que la “debilidad institucional” para ejercer un control adecuado y efectivo de los arsenales que ingresan ilegalmente a México, ofrece un terreno propicio para la proliferación de armas.
Al respecto, el CESOP precisa que junto al mercado de los estupefacientes ha proliferado la industria de las armas, al grado de que México el tráfico de armamento es ya el segundo delito en importancia, por debajo del narcotráfico.
Y a nivel mundial nuestro país pasó de ser el lugar número 22 al número cinco, en cuanto al tráfico de armas se refiere.
Y esto se dio, según reconoce la Unidad Especializada de Lucha contra el Tráfico de Armas y Municiones de la PGR, en los últimos 10 años.
¿ARMAS?, ¿DE CUÁL QUIERE?
La Procuraduría General de la República también sabe que en la frontera sur de Estados Unidos hay más de 100 mil permisionarios que venden armas en negocios constituidos o a través de “ferias”.
Estas “ferias” son famosas en California y Arizona, estado éste último en donde opera una bodega-bazar, similar a cualquier tienda departamental famosa y ubicada en la ciudad de Kingman (Norte de Arizona), en donde las personas pueden comprar y vender, durante las 52 de las 54 semanas del año, “cuernos de chivo” (AK-47) en menos de mil dólares, y rifles de asalto AR-15 nuevos desde 825 dólares.
También en las ferias de Arizona diversos medios de comunicación de los Estados Unidos y México han documentado que una pistola Beretta de 9 milímetros cuesta 495 dólares; una Taurus 38 súper, 519; una 357 Magnum, 309 dólares; silenciadores, entre 300 y 500 dólares, y si los rifles de asalto son usados, se pueden comprar hasta en 700 dólares.
Aparte está el costo de las armas en el mercado negro, el cual se mueve en rangos que van de 800 a dos mil dólares.
La PGR documenta que la mayoría de las armas que se usan de manera ilegal en Baja California se compran en esas ferias y son de origen estadunidense.
Las marcas más usadas son Colt, Marlin, Bushmaster, Beretta, Raven, Remington, Smith & Wesson, Browning, Mossberg y Jennings.
Y de Austria llegan a Baja California la Glock, de Rumania la Romarm Cugir y de China la Norinco.
De 2006 a 2011 la PGR ha incautado en Baja California miles de fusiles de asalto, cartuchos, municiones y granadas. De cada 10 armas decomisadas al crimen organizado, entre 8 y 9 provienen de Estados Unidos.
A nivel nacional, de 1995 a febrero de 2011 la fiscalía federal dice que registró el aseguramiento de 152 mil armas de fuego, 13.2 millones de municiones y 3 mil 183 granadas, cantidad exigua si se toma en cuenta que tan solo en el sexenio de Vicente Fox Quesada entraron al país, de manera ilícita, cinco millones de armas, de las cuales el 85 por ciento eran de origen norteamericano.
Según reportes de la PGR, por el aseguramiento de armas con más “versatilidad, potencialidad lesiva, alcance, penetración y volumen de fuego”, el cártel del Golfo y Los Zetas son las organizaciones más violentas.
El informe destaca los cohetes antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37 mm. Aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación y fusiles Barrett calibre .50.
Asimismo, armas de fuego de nueva generación, como la subametralladora belga FN Herstal calibre 5.7×28 mm, conocida como “five-seven” o “matapolicías”, que por su munición subsónica, trazadora y de penetración puede traspasar los blindajes de kevlar o crisat de última generación.
La fiscalía considera al cártel de los hermanos Arellano Félix, que opera en Baja California, como usuario de armas de fuego “convencionales”, ya que se les han decomisado en menor proporción “algunos fusiles Barrett, lanzacohetes y subametralladoras FN Herstal 5.7”.
Al cártel de Sinaloa, que según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) -hechos públicos en marzo de este año- también tiene presencia en Baja California, se le ha decomisado armas cortas y fusiles de asalto con características convencionales y excepcionalmente lanzagranadas y granadas de .37 milímetros.
La aparición en México de las sorprendentes armas que disparan balas calibre .223, capaces de atravesar chalecos antibalas, se dio en junio del año 2007 en la ciudad de Tijuana, cuando fueron utilizadas en un asalto que supuestos estudiantes de la Universidad Iberoamericana perpetraron contra una compañía telefónica.
ARMAMENTISMO: PROBLEMA DE ESTADO
Al destacar la nula respuesta de los gobiernos estadunidenses fronterizos con México a las demandas del gobierno de Baja California, José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, consideró que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad.
“México –dijo- vive una crisis por este contrabando y por los crímenes que se cometen cada año. Un ejemplo es Baja California, en donde las autoridades informan de cientos de ejecuciones al año cometidas con estas armas ilegales, que entran al estado contando con la complicidad de los servidores públicos”.
Por ello, dijo, es fundamental investigar y castigar la corrupción, complicidad y negligencia que actualmente existe en las garitas fronterizas, marítimas y aeroportuarias, que son la causa principal de la entrada ilegal de armas al país.
También realizar campañas de despistolización permanente, destruir de manera efectiva el excedente de las armas decomisadas, dar cumplimiento a la disposición legal de realizar campañas educativas permanentes sobre armas, reformar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos con el fin de adecuar su contenido a los tiempos actuales, y atender el llamado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de exigir a los países productores de armas de terminar con este contrabando.
ARMAS Y DERECHOS HUMANOS: EL CASO ALEMÁN
Mención especial merece la determinación que el Estado alemán asumió a finales del 2011 luego
de que la Coordinación Alemana de Derechos Humanos en México (Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko), las Brigadas de Paz (Sección Alemana), CAREA e.V., Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C. (Ökumenisches Büro) y al Colectivo México Vía Berlín pidieron al gobierno de aquella nación europea que ordenara la cancelación de las exportaciones de armas a México.
Esto porque decenas de organizaciones civiles alemanas a favor de los derechos humanos expresaron su preocupación por el desmesurado aumento de las exportaciones de armamento al gobierno mexicano en los últimos nueve años, de apenas unos miles de euros en 2003 a varios millones en 2010.
En un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en México que titularon “¿Es la exportación de armas a México coherente con las actuales directrices políticas alemanas?, las organizaciones civiles afirman que el aumento tan evidente en la cantidad de armas vendidas está vinculado con el permiso de exportación concedido por el gobierno alemán, en verano de 2006, a la empresa Heckler & Koch (Alemania).
El permiso fue expedido por la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
Con él se permitía la venta de más de ocho mil rifles de asalto (G36) al Estado Mexicano y en específico a la Dirección General de la Industria Militar, situación ésta que llama la atención pues es también esa Dirección General la encargada de las compras realizadas por la policía.
“A pesar de las reservas existentes por parte del ejecutivo federal alemán de armar a las policías municipales con las G36 en Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, en Chihuahua sí fueron entregadas estas armas a policías municipales”, expresan los activistas alemanes.
Jürgen Grässlin, portavoz de la Organización Alemana por la Paz, informó entonces de una denuncia fechada el 19 de abril de 2010 en contra de la empresa Heckler & Koch.
En la misma tónica, la televisión pública alemana (ARD) dedicó parte de su programación en Diciembre 2010 para señalar el tema de la venta de armas por parte de la empresa.
“A la vista de la proliferación de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y de la policía, no se explica el por qué de las reservas en armar a los policías locales está limitado a cuatro estados de la República”, apuntan en su documento.
El comisionado para Derechos Humanos del Gobierno Federal de Alemania, Markus Löning, reaccionó a los reportes de televisión que cuestionaban la utilización de armamento alemán en Chihuahua.
Dijo públicamente el día 2 de marzo 2011, que “actualmente no deberíamos vender armas a México”.
Posteriormente, el 19 de septiembre del año pasado, las organizaciones civiles del país germano emitieron tres consideraciones:
– Los lineamientos políticos del Estado Alemán relativos a la exportación de armas y derivados, así como la Posición Común del Consejo Europeo (2008/944/PESC), obliga al Gobierno Federal Alemán (y a todos los miembros europeos) a considerar, al momento de exportar armas, el estado de los derechos humanos del país con el que comercian.
A eso se le agrega una prohibición con respecto a los permisos de venta de armas cuando haya claro riesgo de que “la tecnología y/o herramientas exportadas sean utilizadas para fines represivos al interior de las fronteras nacionales”.
-En la investigación hecha para hacer su diagnóstico, la Coordinación Alemana de Derechos Humanos en México encontraron “la presencia continua, sistemática e impune de la tortura”.
Del mismo modo se señala la detención arbitraria de líderes y miembros de organizaciones sociales mexicanas como práctica cotidiana.
“La estrategia militar iniciada en 2006 por el gobierno mexicano -afirma la organización civil- ha llevado a la proliferación de violaciones a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, desapariciones, juicios sumarios y asesinatos) por parte de militares, policías federales y estatales y otros grupos armados”.
– La situación crítica que vive México no cumple las condiciones para ser receptor, en los términos suscritos por el gobierno alemán, de armas y equipo militar. Más aún, resulta escandaloso el aumento de armas que de 2006 a la fecha se exportan a México”.
Por ello firmaron un escrito -en setiembre del 2011- en donde exigen al gobierno alemán que:
A.- Actué en consecuencia con las declaraciones del comisionado para Derechos Humanos del Gobierno Federal de Alemania, Markus Löning, en el sentido de prohibir la venta de armas a México.
B.- Termine y haga terminar la exportación de armas y cualquier equipo militar a México.
A diferencia de lo que pasa en México, la petición de la sociedad civil fue escuchada por el gobierno alemán, que en enero del 2012 anunció la cancelación definitiva de la venta de armas a nuestro país.
