En 2018, a unas semanas de las elecciones federales y ante la inminencia de perder la elección, los partidos que ahora son oposición llamaron a emitir un “voto cruzado”. La idea era convencer a la gente para que, aunque votara por López Obrador para la Presidencia -lo que parecía inevitable-, no le dieran “todo el poder” en el Congreso y que la mayoría legislativa quedara repartida entre candidatos de todos los partidos.

Hay que recordar que esa elección tuvo un nivel histórico de participación (63.4 por ciento), y que AMLO ganó en todos los estados con excepción de Guanajuato. En Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes hubo “voto cruzado” de modo que, aunque AMLO ganó la elección presidencial, la alianza PAN-PRD-MC ganó las senadurías; en Yucatán sucedió lo mismo pero el voto cruzado favoreció al PRI, y en Nuevo León, a Movimiento Ciudadano. En las votaciones para diputados sucedió algo parecido en estos mismos estados, pero en el resto del país, la totalidad o la mayoría de los distritos fueron ganados por Morena. Guanajuato, única entidad donde ganó la elección presidencial Ricardo Anaya, no cruzó su voto y tanto las senadurías como las diputaciones fueron todas para el PAN (Integralia, Reporte Electoral 2018).

Es inevitable preguntarnos si seis años después, ante una perspectiva incluso más desalentadora para la oposición que la de hace seis años, se llamará a los votantes a emitir un “voto cruzado”, y si la gente hará caso de ese llamado. Hay tres razones para pensar que, de convocarse al voto cruzado, éste no tendrá éxito.

La primera es que en 2018 la campaña de voto cruzado se sostenía en un principio de cautela: dado que por primera vez se tendría un Presidente de izquierda, emergido de un movimiento social opositor, se pedía a los electores no darle a AMLO mayorías calificadas, bajo el argumento de que no podíamos saber de antemano qué haría con las excesivas facultades que eso le daría. Lo cierto es que, a pesar de no contar con mayoría calificada, al menos los primeros años de la legislatura se lograron tejer consensos para pasar algunas reformas constitucionales, como la de revocación de mandato y la de los programas de bienestar.

Seis años después, estamos ante un escenario muy distinto del de 2018: ya sabemos cómo gobierna Morena (a algunos les gusta y a otros no, como es normal en democracia), y con base en esa experiencia la gente parece más dispuesta a tomar decisiones unívocas: o le otorga a una coalición la confianza de su voto en todo, o se la escatima para todo. La advertencia de “ser cautelosos” y no darles “todo el poder” ya perdió su efecto matizador. Se sabe perfectamente cuáles son las reformas que Morena espera pasar de obtener mayoría calificada: quien las apoya, votará todo Morena y quien las rechace, votará parejo por la oposición.

La segunda razón es que en estos seis años se han agudizado las diferencias entre el proyecto que busca continuidad en el Gobierno y los partidos que buscan la restauración del régimen pasado. Después de la “moratoria” declarada por los partidos de oposición en 2022, fue imposible construir nuevos consensos y la sociedad también percibió una suerte de “radicalización” del espectro político, en el que ya los partidos de oposición simplemente rehusaban la posibilidad de negociaciones. Los de la coalición gobernante y de la alianza opositora no podrían ser proyectos -y estilos- más diferentes. Para muchos votantes apoyar a uno de estos proyectos implica el rechazo tajante del otro, pues se trata de posturas irreconciliables. En un escenario como hace seis años en el que no estaban agudizadas las contradicciones, quizá sería factible para algunos votantes darle el beneficio de la duda a una propuesta y al mismo tiempo tratar de conformar un contrapeso a esa misma propuesta eligiendo la otra en la elección legislativa. Pero en vista de las diferencias cada vez más radicales entre los proyectos, la idea de un voto cruzado parece cada vez más inviable.

Por último, las campañas de voto cruzado son necesariamente recursos de última hora, pues de algún modo entrañan la admisión así sea parcial de una derrota. La campaña opuesta, en cambio, la que invita a votar por todos los candidatos de Morena, tiene meses circulando, formal o informalmente, bajo el bien reconocible nombre de “Plan C”. Recordarán los lectores que, después de que no fuera aprobada la Reforma Electoral constitucional y la Suprema Corte echara abajo el “Plan B”, que consistía en una reforma legal que, como tal no requería mayoría calificada, la alternativa que planteó desde entonces el Presidente fue la del “Plan C”: buscar la mayoría calificada en la siguiente legislatura para poder aprobar las reformas constitucionales que permitan reestructurar tanto las estructuras electorales como el Poder Judicial. La idea, entonces, ya tiene más de un año circulando, y ante esa campaña será que deberá reaccionar la del voto cruzado.

En suma, la consecución del Plan C parece difícil, pero mirándolo de cerca, el escenario en el que los votantes decidan darle su voto a unos partidos para la Presidencia y a otros para las legislaturas o los gobiernos locales se percibe todavía más remoto. Lo más probable, en vista de que el contexto que enfrentamos no es el de 2018, es que el voto por las candidatas presidenciales sea el que determine el voto por los legisladores y ejecutivos locales como un efecto de arrastre. Sin cantar victoria, ante la poca viabilidad del voto cruzado, es posible que Morena termine consolidando una mayoría legislativa que, aunque no alcance a ser calificada, sea mayor que la que ha conseguido en las últimas dos elecciones.

Violeta Vázquez-Rojas Maldonado

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Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora en El Colegio de México. Se especializa en el estudio del significado en lenguas naturales como el español y el purépecha. Además de su investigación académica, ha publicado en diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje, ideología y política.

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