Los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta semana en materia de militarización demuestran que lo político no puede estar por encima de lo que establece la Constitución que es el pacto esencial de nuestra vida pública: Así, no pasó, por inconstitucional, la intervención de las Fuerzas Armadas en las comunicaciones privadas si no existe de por medio una orden otorgada y fundada por un juez y, dos, el traspaso de la Guardia Civil (GN) a mando militar -por los siguientes cinco años- fue corregida porque no tiene fundamento constitucional y el voto emitido en el Congreso de la Unión queda sin efectos y la Guardia, conserva su naturaleza civil, es decir, seguirá siendo parte operativa de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal.

La llegada a este punto es producto de un proceso que fue de un debate intenso en el Congreso de la Unión a uno sereno, pero decisivo, entre los miembros de la Corte. Veamos, en el Congreso de la Unión se terminó logrando la mayoría calificada con los votos de los legisladores, incluidos los del PRI y, provocó problemas momentáneos a la unidad de la alianza legislativa y política que han construido el llamado PRIANRD, llevó a que el resto de los opositores presentaran acciones de inconstitucionalidad y el ministro Juan Luis González Alcántara, terminó por elaborar un proyecto que fue votado a favor por ocho de los once ministros que integran este órgano constitucional con los votos en contra de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Esto ocurre en un momento especialmente crítico para el presidente López Obrador porque se inscribe en una espiral de violencia en varias regiones de país y dos acontecimientos que tienen que ver con la militarización del país: La reciente declaración de los titulares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de que sus agentes se infiltraron en la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y producto de esa labor de zapa secreta han emitido 30 órdenes de aprehensión internacional contra miembros de esa organización vinculada a la producción y distribución de fentanilo en los Estados Unidos.

El otro acontecimiento tiene que ver con el escándalo de corrupción en el que se ve involucrado el general Crescencio Sandoval, titular de la secretaria de la Defensa Nacional, quien según información hackeada a través de la operación #Guacamayaleaks, este secretario utilizó personal y fondos públicos para realizar viajes de placer por el mundo con su familia y allegados dotándolos en algunos casos de documentación oficial que los habilitaba como asesores suyos. Esto, que es muy grave, el presidente lo ha minimizado reduciéndolo a una expresión que ha dejado atónita a la audiencia: ¿Cuál es el problema?

Que visto en perspectiva demuestra la falta de control en el ejército y la ausencia de respuesta a temas de escándalos políticos que están hoy en la conversación pública.

Los fallos de la Corte, si bien están inscritos en temas específicos, es inevitable verlos en el cristal de las concesiones que el gobierno de López Obrador ha otorgado al Ejército que, además, de reconocerle las tareas constitucionales que tiene asignadas incrementó su presupuesto que pasó de los 81 mil millones de pesos en 2018 con Peña Nieto, a 112 mil millones en 2023, más el monto de la Guardia Nacional que fue de 34 mil 500 millones de pesos.

Quizá, para justificar ese gasto creciente, se le han otorgado tareas de orden civil entre las que destacan la construcción de obras, capacitación policiaca, apoyo a programas sociales, así como a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y, además, del control de los puertos y aduanas que igualmente consume otros presupuestos federales.

O sea, estamos hablando, de que más allá, de lo hasta ahora conocido, la militarización alcanza dimensiones dónde la Corte tiene poco que decir como garante de la Constitución y menos cuando entraña más el ámbito de lo político.

Me refiero a un Estado militarizado al que sólo parece faltar conquistar el espacio político o, quizá no, basta recordar las palabras del titular de la SEDENA durante el acto conmemorativo del 20 de noviembre de 2021 cuando señaló claramente:

“Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional -afirmó el general Luis Crescencio Sandoval – vemos en la transformación que vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto”.

Esto, como era de esperar, provocó inmediatamente reacciones políticas en el sentido que los responsables del ejercito debe mantenerse al margen de preferencias y proyectos partidarios ya que sus responsabilidades emanan de lo que establece la Constitución y las leyes reglamentarias lo que el militar consideró “comentarios tendenciosos”.

Con la definición de la Corte deberá volver la GN a manos de la autoridad civil, que tiene como titular a Rosa Icela Rodríguez que es una buena militante de Morena, pero, con resultados precarios, así que esperemos que con el apoyo de la Guardia Nacional pueda brindar mejores resultados en un país donde la escalada de violencia se ha normalizado en lo alto en varios estados de la federación.

En definitiva, la vuelta a la Constitución ha infringido una derrota al presidente López Obrador esperemos que al hacer los ajustes de transición se acaten y no vaya a suceder que haya otro Plan B, como en sucedió en materia electoral, lo que nos llevaría como país a un escenario más complicado con desenlaces peores a los que pronostica el propio presidente.

La buena noticia que más allá de las expresiones del presidente en contra de los ministros que votaron a favor de los fallos estos son aceptados y los militares se verán acotados en sus acciones en la vida civil.

¡Enhorabuena!

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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