Tal como consigna Artículo 19 en su informe “Negación”, el 6 y el 7 de septiembre de 2021, en el Hospital General de zona 5, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tula, Hidalgo, fallecieron 14 personas porque la planta eléctrica que hacía funcionar los aparatos médicos quedó sumergida en el agua por las graves inundaciones que afectaron 11 municipios del estado. En la versión oficial, dada a conocer por Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el desbordamiento del Río Tula sólo era un desastre natural, invisibilizando el testimonio de personas que en algunos casos señalaban la responsabilidad de las autoridades en lo sucedido. 

Posteriormente, la negligencia fue confirmada por el trabajo de investigación del medio Animal Político, quedando de manifiesto que, pese a la recomendación de ampliar los túneles en Tula por la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) desde 2017, Conagua, el Sistema Nacional de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) descargaron aguas negras en Tula a fin de salvar el Valle de México ocasionando su desbordamiento. El tratamiento del desastre en Tula es ilustrativo al respecto de la consolidación de diversas tendencias ya mencionadas en Informes anteriores de Artículo 19, consolidadas en la administración de AMLO. El ciclo consiste concentrar, desinformar y clausurar la información para después estigmatizar a quien cuestione los dichos en la “mañanera”.

En este aspecto, en el caso de Tula también se hizo “gala” de los efectos del control informativo y la ausencia de flujos en la rendición de cuentas en la también conocida como “la mañanera”. Ahí, ante el cuestionamiento sobre la negligente atención al desastre en Tula por un periodista de Animal Político, la respuesta del mandatario fue “Claro, soy responsable, aunque no soy culpable.”Inmediatamente se refirió al medio que contradijo la información: “no me extraña de su publicación porque tienen diferencia con nosotros”. 

Como se demuestra, en el combate a la desinformación, los procesos para contrastar las afirmaciones del Presidente mediante acceso a la información pública o a través de fuentes extraordinarias tienen un desafío más: la estigmatización y la deslegitimación tanto en voz del mismo Presidente como en espacios de descalificación. En este sentido el “Quién es quién en las mentiras de la semana”, espacio diseñado con el objetivo de “corregir” la presunta tergiversación dolosa de medios de comunicación críticos con el actuar del Gobierno federal “[…] persigue algo peligroso: que la gente piense lo que el Gobierno quiere que piense […]” como lo advierte Jorge Bravo, Presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). En última instancia, la “mañanera” es un acto público unilateral que, asigna roles, invalida y estigmatiza, socavando el flujo de informaciones y opiniones necesario en una sociedad democrática. 

En estas tendencia es necesario analizar otro mecanismo que —por la ausencia de controles normativos— implica un riesgo potencial de control mediático: se trata del uso discrecional de la publicidad oficial con el fin de controlar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Esencialmente, A19 y Fundar reportan que, aun cuando durante 2021 se redujo el gasto en material de publicidad oficial en comparación con administraciones anteriores, ello no implicó una reversión en la asignación arbitraria con fines de control editorial. A lo que se suman las dilaciones sin tregua por el Congreso para atender la sentencia favorable obtenida por A19 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para subsanar las deficiencias de la actual Ley General de Comunicación Social (LGCS).

Lo anterior, se evidencia en la tendencia a la concentración de 52 por ciento del total de recursos en 10 medios de comunicación privilegiados, acaparando La Jornada, Televisa y Tv Azteca (en ese orden) el 30 por ciento del total del presupuesto en la materia.

Por otro lado, A19 se ha dado a la tarea de solicitar el sustento documental detrás de algunos dichos (28) del Presidente para verificarlos. Sin embargo, instituciones de la administración pública federal -como la Oficina de la Presidencia de la República (OPR)- se han declarado notoriamente incompetentes en 50 por ciento de los casos, en 27 por ciento no han localizado la información documental y en un tres por ciento declaran inexistencia de la información. Es decir, el 80 por ciento de las declaraciones analizadas no tienen correlato documental, no son sostenibles con datos en poder del Gobierno.

Otro elemento que nos permite observar la clausura de la información es el índice de recurrencia [1]. Sobresale la elevación radical del índice histórico de la OPR a partir de 2019. Esto implica que hay cada vez más respuestas de la Oficina de Presidencia que son impugnadas porque son negadas o no son satisfactorias. En el remoto caso que se obtengan datos oficiales, si éstos contrastan con los dichos del Presidente, se activa el último de los recursos la estigmatización y deslegitimación del mensajero, como sucedió en el caso Tula. 

Finalmente, como lo explicaba en entrevista para A19, Adrián Alcalá, Comisionado del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la rendición de cuentas en México no es un círculo virtuoso, pese a que podría ser todo lo contrario al representar un área de oportunidad desperdiciada. 

Por lo tanto, el ciclo desinformación-clausura-estigmatización se ha vuelto un patrón pernicioso que limita el acceso a la información y la rendición de cuentas convirtiéndose en un vehículo de la narrativa estigmatizante del Presidente.

[1] El índice permite dar cuenta de cuántas quejas hay respecto al total de solicitudes de acceso a la información.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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