El decreto expuesto por el Presidente López Obrador durante su conferencia matutina previó la eliminación de 10 Secretarías, que no especificó, pero sin dejar sin empleo a las personas que en ellas laboran.
“Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis”, expresó el Presidente y expuso el blindaje de los programas de la Secretaría de Bienestar, el apoyo a la Sedena, Semar, Secretaría de Salud y la Guardia Nacional.
Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy su decreto para enfrentar la crisis económica derivada del nuevo coronavirus y desde Palacio Nacional dio a conocer que no contempla contratar deuda ni desaparecer proyectos como el Tren Maya; la refinería de Dos Bocas y las seis que se están modernizando; sigue la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía y las becas y pensiones que iniciaron con su gestión.
“De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia y dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal que, sin duda, nos afecta propongo la aplicación de las siguientes medidas”, expresó el Jefe del Ejecutivo y enlistó el plan económico que su Gobierno aplicará desde este miércoles y hasta el 31 de diciembre de 2020.
En la administración pública, no se despedirá a ninguna persona, pero se reducirá el salario de los trabajadores hasta en 25 por ciento de manera progresiva. “El que obtenga más ingresos aportará más. Será menos el descuento para los niveles inferiores”, explicó. Además, los altos funcionarios no tendrán prestaciones de fin de año ni aguinaldo. “El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta Presidente de la República”.
Para la administración pública extendió hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo para las personas trabajadoras del Estado.
Sobre las partidas presupuestales de servicios generales, materiales y suministro, incluyendo lo “supuestamente comprometido”, el 75 por ciento no será ejercido. Esta fue la antesala para el anuncio de la desaparición de 10 Secretarías, que no especificó. Enfatizó que pese a este movimiento estructural no se dejará sin empleo a las personas que en ellas laboran.
El decreto expuesto por el Presidente López Obrador durante su conferencia matutina ordenó el cierre de la mitad de las oficinas de Gobierno “con excepción de aquellas que atiendan directamente al público y aquellas que se consideren esenciales para el servicio de la gente”. Además, anunció un nuevo ordenamiento físico de las dependencias para reubicar a servidores públicos con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, inmuebles, bodegas y otros espacios.
Anunció el aplazamiento de las acciones de Gobierno con excepción de 38 denominados prioritarios. En el terreno de la Secretaría de Bienestar permanecerán las pensiones para el bienestar de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, el programa “Sembrando vida”, el de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijas de madres trabajadoras, las becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, así como la atención médica y medicamentos gratuitos.
De los trabajos de infraestructura: la construcción de universidades públicas, el programa “La escuela es nuestra”, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la rehabilitación de las seis refinerías, la construcción de la Refinería de Dos Bocas, la generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas, el mantenimiento y conservación carretero, los caminos de mano de obra, rurales, las carreteras en proceso de construcción, el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, la terminación del Tren Interurbano México-Toluca, la terminación de presas y canales, el programa de mejoramiento urbano, el programa nacional de reconstrucción, el Tren Maya, el Tren de Guadalajara, el proyecto Internet para todos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y de la Zona libre de la frontera Norte.
En el terreno de la industria continuarán las tandas para el bienestar, el Banco del Bienestar, “Producción para el Bienestar”, los precios de garantía, la distribución de fertilizantes, los apoyos a pescadores y el énfasis en la producción petrolera.
También se dará continuidad a la defensa de los Derechos Humanos con un “trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, las Secretarías de Defensa y Marina”, especificó en el punto siete del decreto.
Los espacios culturales y ecológicos como Los Pinos, el Bosque de Chapultepec y el Parque ecológico Lago de Texcoco, continuarán operando.
El Presidente aseguró que la Secretaría de Hacienda será la encargada de dar los recursos para cumplir con las participaciones para los pagos en las entidades, como las nóminas, pensiones y la amortización de la deuda pública. Pero puntualizó que los recursos de fondos y fideicomisos creados por acuerdo o decreto deberán pasar por la SHCP. además, la dependencia tendrá un plazo de 180 días para llevar a cabo las adecuaciones presupuestales que se requieran.
Explicó que su Gobierno aplicará con “rigurosidad” la austeridad Republicana. La “eficiencia, honestidad y austeridad” serán los pilares para blindar los programas sociales y proyectos prioritarios. Todos los movimientos se realizarán sin el aumento en los precios de los combustibles, la creación de impuestos nuevos o la contracción de deuda pública. “Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis”.
Con las medidas de austeridad y honestidad el presidente López Obrador expuso que se blindarán los proyectos prioritarios con 622 mil 556 millones de pesos. Recalcó el otorgamiento de tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y la clase media. Insistió en la creación de dos millones de nuevos empleos, “lo que posibilitará la protección del 70 por ciento de las familias mexicanas, es decir, 25 millones de hogares. Sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias”.
Estas medidas incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. Su ejecución está a cargo de los Secretarios, directores de organismos y la Secretaría de la Función Pública.
