El 19 de marzo Artículo 19 presentó el informe “Cuba: la resistencia frente a la censura”. Lo presenta en un contexto de vibrantes protestas en el oriente de la isla debido al angustiante desabasto de alimentos, así como los cortes prolongados de electricidad y la precarización de los servicios de salud.

La respuesta represiva del gobierno cubano no se ha hecho esperar, confirmando lo detallado por el informe recien públicado. En este sentido, el documento muestra el estado de la libertad de expresión en el año 2023 y de los derechos humanos íntimamente vinculados como lo son los derechos reunión, asociación, libertad artística y participación pública. Tal como atestiguamos en estos momentos, el reporte visibiliza la acción del Estado y de los periodistas, activistas y ciudadanía en general dentro de un contexto de crisis económica, política y social en el que se despliegan estrategias persecutorias y de acoso sostenido contra el activismo y el periodismo independiente.

Asimismo, se evidencian patrones represivos como la movilización de la Policía Ncional Revolucionaria (PNR), el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). Como acicate de esa estrategia represiva, encontramos la aplicación de legislaciones restrictivas que habilitan la censura y la criminlaización del periodismo y la disidencia.[1] Como contracara, las iniciativas de leyes en materia de transparencia y protección frente a la violencia de género son pospuestas indefenidamente.

Se proyecta en el reporte que en 2024 se recrudecerán las condiciones de inestabilidad económica impactando así en los derechos cívicos; pronosticando que el deterioro en las condiciones de vida puede generar nuevos conflictos sociales.

Debido a la inestabilidad social, la represión política ha sido la repuesta constante por parte del gobierno cubano ante las demandas sociales. Las agresiones contra activistas y periodistas independientes a  lo largo de 2023 arroja un total de 274; de ellas,  las más recurrentes fueron las  detenciones arbitrarias (29 a  periodistas y 72 a activistas), la supresión del servicio de internet (52 a periodistas y ocho a activistas) y de manera diferenciada  el arresto domiciliario a periodistas (19) y la vigilancia policial sobre activistas (15).

Las agresiones han disminuido respecto 2020 y 2021 (año de la amplia movilización del 11 y 12 de julio) pero no por las mejores razones. Como ya hemos consignado en previos informes, la represión asfixiante y sistemática ha forzado al exilio o al silencio. Es decir, no ha disminuido la represión; lo que ha disminuido es el número de personas periodistas y activistas a reprimir.

El informe no se queda en los números que pueden explicarnos poco si no les damos rostro. Nos muestra con crudeza el encarcalemiento político del periodista Lázaro Valle Yuri así como el de Ángel Cuza. El hostigamiento y acoso permanente a Camila Acosta, Yeris Curbelo, Yoel Acosta, la youtuber Hildina, Henry Constantin, Salmira Martínez, Alina Hernández y varias personas más que ejemplifican el despliegue impune de detenciones arbitarias, tortura, campañas de desprestigio por medios oficiales, regulaciones migratorias, restricciones individualizadas de internet, citaciones a interrogatorios y exilio forzado. Por si fuera poco, en su delirio autoritario, el régimen cubano ha puesto en la Lista de Terroristas a influencers críticos.

En este contexto, ya hay iniciativas cívicas que comienzan a hacer prospectiva de la “Cuba que viene”. Sin duda la represión se recrudecerá, pero la insostenibilidad de la situación terminará por derruir el statu quo. Ahí es donde la comunidad  internacional va tomando un papel más importante. Muestra de ello es que el reciente Examen Periódico Universal realizado en noviembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue bastante contundente en señalar casos de detenciones arbitrarias, torturas y un largo étcetera de violaciones a derechos fundamentales.

Los días por venir serán definitorios y la mirada del mundo es de vital importancia para evitar el recrudecimiento de la represión.

[1] El punto de inicio de tal proceso puede ubicarse en la publicación en 2018  del Decreto Ley (DL) 370 (conocido como Ley Azote), que buscaba sancionar la labor de activistas y periodistas. Este Decreto Ley, al que siguieron otros como el DL 349, anunciaba claramente una dinámica –extendida  hasta el presente– de represión y restricción de derechos. El DL 370 ha  permitido sancionar a periodistas, activistas y ciudadanas y ciudadanos  activos de manera arbitraria, y fue el primer paso en un proceso de generación de instrumentos legales destinados a la limitación y la restricción  de la libre expresión.  A la par está la aprobación hace dos años del Nuevo Código Penal que permiten la criminalización de cualquier actividad “peligrosa” para el orden social.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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