México encabeza la lista de países con el mayor número de conflictos mineros en América Latina, con un total de 58 casos, de los cuales, 29 pertenecen a proyectos de minas canadienses, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Organizaciones ven con agrado la advertencia que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que cumplan la ley, pero también pidieron modificaciones a la Ley Minera, la cual fue aprobada en el sexenio de Carlos Salinas beneficiando sólo a las empresas.
Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– Las mineras canadienses cargan con un largo historial de abusos cometidos en comunidades mexicanas, donde establecen sus proyectos con violaciones a los derechos de sus trabajadores. De 58 conflictos mineros que existen en el país, 29 involucran a empresas de Canadá, documentan organizaciones.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros (OCMAL), México encabeza la lista de países con el mayor número de conflictos en América Latina, con un total de 58 casos, por encima de Chile (49) y Perú (46). Pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) registra más: de 560 conflictos socioambientales identificados en el país, de los cuales, 173 son causados por actividades mineras.
La mayoría de estos conflictos están relacionados con despojos de tierras, violaciones laborales de mineros, afectaciones a los recursos naturales de las comunidades y hasta asesinatos. El informe anual de la organización Global Witness reportó 18 homicidios ligados a conflictos socioambientales en México en 2019 y la minería fue señalada como la actividad más letal.
Por esta razón, organizaciones como Energía, género y ambiente (ENGENERA), que han acompañado a los pueblos en su lucha contra la minería en México, celebraron el intento del Presidente Andrés Manuel López Obrador por poner en orden a las empresas canadienses que explotan recursos en el territorio.
“Creo que las empresas mineras, en particular las canadienses, tienen muchos privilegios en el país, privilegios para acceder al agua, a la tierra, incentivos fiscales y han cometido una serie de abusos y violaciones a derechos”, dijo en entrevista Beatriz Olivera, directora de ENGENERA.
Para Olivera, no sólo se debe hacer un llamado desde el Ejecutivo federal a estas empresas, sino que también desde el Poder Legislativo se deben tomar medidas como reformar la actual Ley Minera, la cual permite a las mineras violar los derechos de los pueblos. “Me parece bien que este tipo de medidas estén implementándose desde el Ejecutivo, aunque yo llamaría a que evalúen la Ley Minera que está en la cancha del Poder Legislativo”.
“Se tendría primero que modificar el artículo sexto de esa Ley, que les da prioridad a las actividades mineras sobre el territorio, pero en general toda la Ley está compuesta por una serie de artículos para dar privilegios a las mineras. Al decir que son empresas de prioridad pública se les otorga la prioridad sobre el territorio y eso es muy grave porque atenta contra derechos de pueblos indígenas y otras actividades como la agricultura y usos ceremoniales en algunas zonas”, mencionó Olivera.
La Ley Minera vigente en México fue decretada en 1992 durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en paralelo al proceso de negociación del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta legislación permite que capitales transnacionales obtengan concesiones para realizar actividades mineras en el país.
De acuerdo con el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), de la Secretaría de Economía, en México hay un total de 242 empresas con proyectos mineros en el país, de los cuales, 160 corresponden a mineras canadienses; mientras que un informe del Instituto Fraser indica que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de Canadá.
Si bien el anuncio del Presidente para meter en cintura a las mineras canadienses fue celebrado por algunas organizaciones, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) lamentó que se pretenda discutir un tema tan importante desde la diplomacia en lugar de aplicar la “laxa legislación” que tiene México para exigirles que cumplan.
“Me parece que es muy triste que el Presidente asuma un rol de acusar a las empresas en cuestiones concretas y que no se apliquen los, de por si laxos, reglamentos y leyes que tenemos en el contexto de la minería para ponerlas en orden en temas relacionados con los impuestos o violaciones a los derechos laborales”, consideró Miguel Mijangos, enlace de Rema en Guerrero.
El activista recordó que en varias ocasiones integrantes de REMA acudieron a la Embajada de Canadá en México para solicitarles su intervención en sus mineras, pero fueron ignorados con la respuesta de que “no tenían ningún nivel de injerencia” en esos temas.
“Pareciera que este Gobierno está apostando a discutir el tema en un nivel donde no tiene ninguna repercusión, el Embajador no tiene ninguna incidencia, van a ser notas más de corte diplomático”, aseguró Miguel Mijangos.
Para REMA, la regulación de las minas en México no sólo debe aplicar a las canadienses, sino a todas las que operan en el territorio, incluidas las mexicanas.
“La interpretación que yo tengo es que el Presidente conoce muy poco el tema de las mineras. Trae un pleito con dos canadienses y agarra parejo, pero el tema es más delicado porque en México la minera más agresiva que tenemos es Grupo México y esa es de un mexicano, del señor Larrea”, mencionó Mijangos. “No importa si es canadiense, estadounidense o mexicana, todas van a tener siempre un margen de violaciones a los derechos, pero hay unas que son mucho peores”.
En este tema coincidió Beatriz Olivera: “No podemos decir que sólo las minas canadienses son las que cometen violaciones de derechos humanos. Yo me atrevería a decir que son las grandes corporaciones por su lógica de modelo extractivo, además de que la regulación en México no es adecuada”.
Otro aspecto que mencionó la directora de ENGENERA es el aspecto fiscal que también beneficia a las mineras.
“Otro cambio que se propone a la Ley Minera tiene que ver con lo fiscal, que las empresas puedan hacer público el número de producción de minerales que retiran, así como sus estados financieros, al ser recursos de la Nación es de interés de los mexicanos el saber cuáles son sus utilidades”, dijo.
De acuerdo con la organización Fundar, la recaudación minera representa el 1 por ciento del total de las ganancias generadas por el sector, apenas el 0.35 por ciento del total de los recursos recaudados por el Gobierno federal.
“Mientras los empresarios se hacen cada vez más ricos, los costos sociales y ambientales son transferidos a las localidades. No obstante, se sigue imponiendo la minería como alternativa de desarrollo y en muchos casos se excluye la participación de las personas afectadas”, concluye el informe “Conflictos Mineros en América Latina, Extracción, Saqueo y Agresión: la minería avanza junto al virus”, publicado en 2020.
LOS CONFLICTOS CON MINERAS CANADIENSES
A continuación se presenta a detalle los 29 conflictos mineros que tienen las empresas canadienses en México, según el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros:
1. El cerro San Pedro, ubicado en San Luis Potosí, históricamente fue un lugar donde se realizaban actividades mineras artesanales y ahora es atracción para la minería transnacional. Es una zona que no dispone de grandes cantidades de agua, lo que hace más riesgosa la actividad minera.
Desde la década de los 90 la empresa San Xavier —subsidiaria de Metallica Resources de procedencia canadiense— opera fuera de la ley y “terminará comiéndose” al cerro para la extracción de oro, de acuerdo con el Frente Amplio Opositor. La organización ha desarrollado la mayor oposición a la actividad minera de esa firma por sus impactos en el agua, en el ambiente, en la salud de la población y el efecto negativo en actividades alternativas que pueden desarrollarse en la zona.
2. Campesinos del Ejido Huizopa, en Chihuahua, han realizado diversas protestas ante la Mina de Oro Dolores ,de la empresa canadiense Minefinders. El proyecto de extracción a cielo abierto ha sido ilegalmente desarrollado en sus tierras porque, argumentan ejidatarios, la Secretaría de Medio Ambiente sólo dio el permiso de uso de suelo para 500 hectáreas, pero la firma ocupa tres mil 458 hectáreas para sus labores.
3. La actividad de la empresa minera canadiense Great Panther contamina el agua de las presas La Soledad y La Esperanza en Guanajuato al arrojar fierro, manganeso, arsénico y selenio.
4. Desde el año 2008 la empresa canadiense BlackFire intentó explotar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita del mundo que prometía alcanzar un ritmo de producción de 360 mil toneladas anuales de esa piedra utilizada para la perforación petrolífera. Sin embargo, los campesinos de los ejidos Grecia y Nueva Morelia se oponían con manifestaciones y el conflicto escaló hasta cobrar la vida del activista Mariano Abarca Roblero.
La firma canadiense no puede operar hasta que cumpla las regulaciones ambientales exigidas. El yacimiento se encuentra clausurado.
5. Un estudio de la Secretaría de Salud y de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaeg) determinó que existe contaminación grave en cuerpos de agua de Cocula, Guerrero, debido a derrames de arsénico de la empresa minera canadiense Media Luna, subsidiaria de Torex Gold. Además, un dirigente de la coalición de Ejidos de Real de Limón denunció intimidación hacia la protesta. En general han habido hostigamiento contra ejidatarios por parte de la empresa.
6. La Mina de Oro Nacional, de la canadiense Alamos Gold, en la sierra alta de Sonora, está acabando con el pueblo de Mulatos. Su actividad de extracción ha dañado la salud de sus habitantes y compra las casas a precios muy baratos.
7. La Sierra de la Laguna, cadena montañosa en Baja California Sur, es una reserva ecológica protegida por su enorme variedad de especies endémicas. Sin embargo, desde el año 2010 la empresa canadiense Vista Gold intenta explotarla. Hasta el momento la Semarnat ha negado el permiso a la transnacional para implementar el proyecto Paredones Amarillos también llamado Minera Concordia y posteriormente Los Cardones, cuando Vista Gold se asoció con el Grupo Invecture, otro canadiense.
8. Mediante engaños a la población campesina del ejido Carrizal, en Chiapas, funcionarios de la canadiense Linear Gold Corp obtuvieron un permiso de exploración que intentaron convertirlo en luz verde para la explotación. Ha habido un detenido (ya liberado), hostigamiento policial y amenazas de muerte ante la resistencia de la población local y del Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP-FNLS).
9. Las comunidades de San José del Progreso, Magdalena y otras localidades del municipio de Ocotlán, Oaxaca, acusaron que ilegalmente se entregaron concesiones a la empresa Natividad, de la canadiense Continnum Resosurces. Tan sólo en las actividades de exploración secaron manantiales y acuíferos de la zona de manera irreversible.
10. El proyecto Caballo Blanco de la empresa canadiense Gold Group se encuentra en Alto Lucero, Veracruz, a tres kilómetros de la central nuclear Laguna Verde, con la autorización ambiental de Semarnat y Profepa. Ha despertado fuerte oposición porque amenaza el medio ambiente y aumenta el riesgo de un accidente nuclear con consecuencias mortales. Además el área de actividad minera abarca manglares y vegetación.
11. La empresa Almaden Minerals, también de Canadá, efectúa dos trabajos tendientes a explotar yacimientos de oro, plata y cobre en la región de Ixtacamaxtitlán y uno más cerca de Tetela en Puebla. Las poblaciones se oponen, pero en 2010 se inició la instalación de barrenos para la exploración del subsuelo.
12. La oposición a la mina La Trinidad en Oaxaca de la canadiense Fortuna Silver tiene registros desde 2009. El activista Bernardo Méndez fue asesinado en 2012 durante un enfrentamiento con la policía municipal. Otro activista fue herido a balazos. Meses después el activista Bernardo Vásquez también fue asesinado a tiros. Su hermano y amiga resultaron heridos en el ataque. Nadie fue detenido.
13. Habitantes del pueblo zapoteco Magdalena Teitipac “lugar sobre las piedras”, al centro de Oaxaca, decidieron en Asamblea General expulsar a la compañía minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por la contaminación generada en sus mantos durante los trabajos de exploración en su territorio.
14. El conflicto entre la empresa canadiense Excellon Resources y el ejido La Sierrita, en Durango, se originó por una serie de violaciones al derecho a la tierra, territorio y bienes naturales de los ejidatarios, luego de un incumplimiento al contrato por parte de la minera. En 2008 los comuneros aceptaron rentarles mil 100 hectáreas, pero desde 2011 comenzó a operar fuera del territorio acordado. Se interpuso una demanda para anular el contrato ante el Tribunal Agrario para recuperar las tierras. El proceso judicial continúa.
15. La minera La Encantada, de la canadiense First Majestic Silver Corp, opera en el ejido Tenochtitlán en Ocampo, Coahuila, a pesar de que las tierras pertenecen a la comunidad desde 1973. Cansados de tanto abuso y de no tener respuesta ni ayuda de las autoridades, los ejidatarios irrumpieron cortando el camino de la mina durante el mes de junio del año 2013, a los pocos días fueron criminalizados y hubo un saldo de 16 detenidos.
16. La empresa con capital canadiense Gabfer planea emprender un proyecto minero en la comunidad nahua de Zacualpan, Colima, pero sus habitantes se han resistido. Consignas como “Zacualpan libre de Minería” se han gritado en las calles de esta comunidad. Han exigido a las autoridades municipales la cancelación de las concesiones.
17. El proyecto minero Del Toro, de la empresa multinacional First Majestic Gold Corp, ha contaminado el río San Rafael del municipio Chalchihuites, Zacatecas, lo cual ha provocado en sus habitantes alergias, infecciones en los ojos, malestares estomacales e incluso plomo en la sangre.
18. La empresa de capitales mexicanos y canadienses, Samalayuca Cobre, desde el 2012 busca desarrollar un proyecto en la Sierra de Samalayuca, Chihuahua, ofreciendo una inversión por cuatro mil millones de dólares. Sin embargo, las comunidades están preocupadas debido a que el proyecto se encuentra en el polígono de los Médanos, un área natural donde se encuentra la fuente de abastecimiento de agua más importante de la ciudad.
19. La empresa canadiense MAG Silver adquirió en 2006 concesiones mineras para la exploración de yacimientos de oro, plata, zinc y molibdeno en el ejido Benito Juárez, ubicado en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. En el 2012, los directivos de la empresa y el comisariado ejidal entraron en conflicto por la contaminación que dejarían los trabajos de exploración. Esto provocó enfrentamientos entre campesinos que trabajaban para la minera y ejidatarios. El conflicto se exacerbo en octubre de 2012, cuando el dirigente de la organización campesina El Barzón, Ismael Solorio, y su esposa fueron asesinados.
20. La comunidad indígena de Canoas, ubicada en los límites de los municipios de Manzanillo y Minatitlán, en el estado de Colima, se ha movilizado desde agosto de 2020 en rechazo a la instalación del proyecto Rufus 5, propiedad de la empresa Hematite SA de CV de capital canadiense.
De acuerdo con los registros de OCMAL, el Gobierno estatal encabezado por el priista José Ignacio Peralta Sánchez ha favorecido con sus acciones el avance del proyecto, pero autoridades municipales de Manzanillo se mantienen en oposición a la posible apertura de una mina que pretende extraer hierro por más de 16 años, lo cual podría contaminar el río El Cacao que abastece de agua a la comunidad de Canoas y seis poblados más.
21. A finales de 2017 la minera canadiense Argonaut Gold le compró a la empresa Primero Mining el proyecto Cerro del Gallo, en Guanajuato, que consiste en una posible mina de tajo abierto que emplearía el método de lixiviación con cianuro. La población local que podría ser directamente afectada comenzó a manifestar públicamente su rechazo en julio de 2019. Aunque la Semarnat negó el permiso a la minera, las comunidades se mantienen alerta.
22. La mina de plata La Colorada, de la empresa canadiense Pan American Silver, se ubica en la Sierra Madre de Zacatecas, en el municipio de Chalchihuites. El yacimiento fue adquirido en 1998, pero en 2013 se aprobó un proyecto de expansión que requería reubicar a la comunidad de La Colorada. El 31 de enero de 2015, guardias privados amagaron y destruyeron las casas de los habitantes con maquinaria pesada. Esta situación generó una respuesta de la población afectada, se organizó para luchar. En mayo de 2016 promovieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas para exigir que se les reconociera como legítimos dueños de las tierras. La resistencia persiste.
23. La mina de oro a cielo abierto el Chanate está ubicada en el municipio de Altar en el estado de Sonora y es operada por la empresa Santa Rita, filial de la corporación canadiense Álamos Gold. El 26 de abril de 2016 se presentó un derrame tóxico de 400 metros cúbicos de solución rica en cinauro que contaminó una zona aledaña al municipio. Los trabajadores de la mina afirmaron que el derrame se debió a deficientes medidas de seguridad y falta de mantenimiento.
24. El proyecto minero Camino Rojo está ubicado en el ejido San Tiburcio en el municipio de Mazapil, Zacatecas. El yacimiento pertenece a la canadiense Orla Mining. El 26 de febrero de 2013, se llevó a cabo la Asamblea para firmar el convenio de ocupación temporal de tierra, pero los acuerdos se llevaron a cabo sin el debido asesoramiento legal por parte de las autoridades.
25. La Red Mexicana de Afectados por la Minería lleva un registro de las violaciones de la empresa minera de capital canadiense Equinox Gold a las cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios del ejido Carrizalillo, ubicado en el estado de Guerrero. Este incumplimiento ha provocado bloqueos a la mina desde el 2020.
26. La Guitarra, en el Estado de México, es operada por la firma canadiense First Majestic Silver Corp. Su operación ha provocado daños en el territorio y desde el año 2013 las comunidades han denunciando a la empresa, pero la autoridad responde a favor de la misma. Las comunidades exigen el cierre de la mina por el ecocidio que está provocando a lo largo de los años que lleva en funcionamiento. La empresa ya fue multada previamente por la Profepa por irregularidades teniendo que pagar 500 mil pesos.
27. El proyecto minero Vetagrande, que se ubica al noreste de la capital del estado de Zacatecas, es operado por la empresa Santacruz Silver Mining. Diversos estudios han identificado que debido a la presencia de la mina, el suelo de Vetagrande no es apto para uso residencial, además descubrieron que el 63 por ciento de los niños presentan plomo en la sangre. Pobladores han emprendido acciones para mitigar la contaminación.
28. Vecinos de los municipios de Temixco y Xochitepec, en Morelos, se oponen a que la empresa minera Esperanza Silver explote los cerros El Jumil y La Calabaza para la extracción de oro y plata; aseguran que serán afectados en el consumo de agua potable y corren riesgos en su salud por la utilización de cianuro.
29. El pueblo Wixárika, reconocido por haber conservado su identidad espiritual y continuar practicando su tradición cultural y religiosa desde hace más de miles de años, se vio amenazado tras la existencia de 72 concesiones mineras, aún sin operar, en el territorio sagrado. Dentro de las empresas que poseen concesiones está la multinacional First Majestic Silver Corp —de origen canadiense—, que opera a través de su subsidiaria Minera Real Bonanza. La comunidad Wixárika, organizaciones civiles y la sociedad mexicana se encuentran en pie de guerra ante la amenaza minera que intenta explotar el territorio.
