Ciudad de México, 22 de Marzo (SinEmbargo).– Grupos ecologistas de la cuenca del Valle de México denunciaron que la tecnología de distribución que se contempla implementar con la Ley General de Aguas Nacionales mataría a las especies de flora y fauna. Expertos en la materia precisaron que para garantizar el acceso al agua, como un derecho humano, no es necesario llenar de tubos, bombas y drenajes al país. Lo que se requiere, expresaron, es volver a un sistema de canales y lagunas para resolver la demanda hídrica.
Colectivos como ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México y Red en Defensa de la Ciudad de México advirtieron que además de desatar una guerra contra el medio ambiente, lo que busca esta ley es convertir el vital líquido en un elemento que brinde poder político y económico a los gobiernos y a los empresarios.
“Esta ley favorece los trasvases –como el Pánuco, Zapotillo, Independencia– como una medida violenta, destructora de todo el equilibrio del agua. El Agua no puede meterse en una chequera como el dinero, no se puede contener en un lugar y luego distribuirla, porque es de una región y llevarla, por ejemplo de Tabasco a Zacatecas a base de bombeo, es un acto antiecológico que acabaría con el balance de agua: mataría a la biodiversidad y luego dejaría de llover”, dijo Miguel Valencia, miembro de ECOMUNIDADES.
“Uno de los mayores negocios del mundo es la distribución del agua y eso quieren para México. La tecnología enemiga es la que quieren implementar, por eso lo que nosotros proponemos es la tecnología alternativa. Por ejemplo, para abastecer de agua al Valle de México basta con alimentar el lago de Texcoco, poco a poco hacer más lagunas y regresar a los canales, como el que corría del Zócalo a Xochimilco”, agregó.
El activista Emir González aseguró que la ley de aguas que se propone iría de la mano con algunas de las reformas estructurales del Gobierno de Enrique Peña Nieto para beneficiar a sectores políticos y empresariales; además, aseguró que de aprobarse, se generarán estrategias en torno al consumo y derroche del agua para aquellos que puedan pagarla.
“Lo que quiere hacer esta ley es ponerle el precio al agua y aumentar el consumo entre quienes puedan pagarla, porque entre más consumo más ganancias. No están apostando por una cultura que valore el agua, sino que se vea como una mercancía más que se pueda desperdiciar”, agregó González.
Hace unos días, organizaciones civiles y partidistas denunciaron que la Ley General de Aguas, cuya votación en el pleno fue pospuesta el día de ayer, pretende arrebatar el derecho humano a millones de mexicanos para favorecer a la industria.
Una de las controversias más destacables de la propuesta está relacionada con la facultad de conceder el uso y explotación de las aguas nacionales a operadores privados, aun con la supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ello, según los expertos, no sólo implicaría ceder a entes privados el aprovechamiento de un recurso estratégico y vital para la población, sino que además podría resultar en un aumento importante de las tarifas para los consumidores.
El artículo 8° del dictamen incluye la posibilidad del trasvase o desvío de aguas nacionales de una cuenca a otra, ya sea para fines de generación de energía u otros usos productivos y servicios públicos. Ello provocaría graves desequilibrios ambientales y daños a las comunidades, muchas de ellas indígenas, que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Lo anterior va de la mano con la preocupación de distintos grupos de la sociedad civil que advierten que este tipo de explotación podría además beneficiar a empresas dedicadas al también muy cuestionado fracking o fracturación hidráulica para la obtención de gas esquisto, lo que hace evidente la posible sobreexplotación de las cuencas y otros impactos ambientales derivados de esta actividad extractiva.
EL FRACKING Y LA LEY
En medio del debate por la iniciativa sobre la nueva Ley General de Aguas, que a juicio de los rectores y especialistas de las principales universidades del país pretende la privatización del vital líquido y “atenta contra el derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”, una publicación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) admite las consecuencias que puede tener el fracking para el abasto y el consumo de agua. Lo anterior, a pesar de que esta práctica fue aprobada hace más de un año en la Reforma Energética.
La llamada “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Regulación de Hidrocarburos Contenidos en Lutitas”, realizada por la Semarnat, reconoce que el método de la fractura hidraúlica –contenido y aprobado en la Reforma Energética– puede provocar competencia por el agua, contaminación de los mantos acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, así como pérdida de la biodiversidad.
La Reforma Energética impulsada por el Gobierno federal y aprobada por el Congreso contempla la extracción de gas shale a través de la fractura hidráulica del subsuelo, conocida también como fracking, técnica prohibida en distintos países por los riesgos ambientales que representa, según han alertado organizaciones civiles como la Alianza Mexicana Contra el Fracking.
Ante esto, los ecologistas aseguraron que a la Semarnat “no lo quedó de otra” más que informar de los daños, debido a la presión internacional, que en muchos países ha causado severos daños. Por otra parte, advirtieron que el fracking no sólo está contemplado para zonas desérticas sino incluso en zonas urbanas.
“Esos 25 millones de litros de agua que se usaran en una sola inyección son 25 millones de litros que nos harán falta, no sólo a los mexicanos sino a todo el mundo. Es una insensatez que atenta contra la vida”, finalizaron los ecologistas.
