La medida que limita el asilo de personas extranjeras en EU entraría en vigor por dos años en caso de ser adoptada formalmente.
Por Rebecca Santana y Elliot Spagat
Washington, 22 de febrero (AP) — El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes que, en general, denegará el asilo a los migrantes que se presenten en la frontera sur del país sin haber solicitado antes protección en otra nación por la que hayan pasado, emulando un intento del Gobierno de Donald Trump que nunca entró en vigor porque fue bloqueado en los tribunales.
La medida, aunque no llega a ser una prohibición total, impone limitaciones muy estrictas al asilo para cualquier nacionalidad excepto para los mexicanos, que no tienen que viajar a través de un tercer país para llegar a Estados Unidos.
Es casi seguro que la medida sea objeto de impugnaciones legales. Trump intentó aplicar una prohibición similar en 2019, pero una corte federal de apelaciones impidió que entrara en vigor.
También deberá pasar primero por un periodo de 30 días para comentarios públicos para que pueda ser adoptada formalmente. En caso de que así suceda, estaría en vigor por dos años.
Los funcionarios del Gobierno esperan que la regla entre en vigor cuando finalice una norma implementada durante la pandemia que niega el asilo con el argumento de prevenir la propagación de la COVID-19. Esta norma, conocida como la autoridad del Título 42, expira el 11 de mayo, pero se ha prorrogado dos veces debido a las impugnaciones legales de estados gobernados por republicanos.
Los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia argumentaron que el creciente número de inmigrantes les dejaba pocas opciones.
Prevén que los cruces ilegales aumenten a entre 11 mil y 13 mil al día si no se toman medidas tras la expiración del Título 42; esa cifra es incluso superior a los ocho mil 600 cruces diarios registrados en mediados de diciembre, cuando creció la expectativa de que el Título 42 estaba a punto de finalizar. En el último minuto, la Corte Suprema lo mantuvo en vigor.
La norma propuesta establece “una presunción refutable de inelegibilidad para asilo” para cualquier persona que atraviese otro país para llegar a la frontera de Estados Unidos con México sin solicitar primero protección allí, según un aviso publicado en el Registro Federal. Se harán excepciones para las personas con una “emergencia médica aguda”, “amenaza inminente y extrema” de delitos violentos como asesinato, violación o secuestro, ser víctima de trata de personas u “otras circunstancias extremadamente apremiantes”. Los niños que viajen sin compañía de un adulto también estarán exentos, de acuerdo con la norma.
La medida insta a los migrantes a seguir las vías legales para solicitar asilo, como utilizar la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP One, a través de la cual pueden programar una cita para presentarse en un punto de entrada fronterizo para solicitar asilo. El Gobierno describe estas acciones como una manera de proteger a los migrantes de los peligrosos viajes hacia el norte hasta llegar a Estados Unidos y de permitir que los puertos de entrada estadounidenses manejen los flujos de migrantes de una “forma segura y eficiente”. Sin embargo, los críticos han dicho que la aplicación se ha visto plagada de problemas técnicos y no está claro cuántas citas están disponibles cada día.
Los funcionarios estadounidenses insisten en que la medida es diferente a la de Trump, en gran parte porque hay espacio para exenciones y porque el Gobierno de Biden ha implementado otras vías legales para los inmigrantes, en particular el permiso condicional humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos.
“Somos una nación de inmigrantes y una nación de leyes. Estamos reforzando la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al tiempo que proponemos nuevas consecuencias para quienes no utilicen los procesos puestos a su disposición por Estados Unidos y sus socios regionales”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
La norma fue mencionada por primera ocasión a principios de enero como parte de un anuncio más amplio por parte del Gobierno para dejar entrar a 30 mil migrantes al mes procedentes de cuatro países —Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua_, siempre y cuando soliciten entrar en Estados Unidos y no simplemente se presenten en la frontera. El Gobierno dijo que, en las semanas posteriores, el número de encuentros con migrantes de esos países se desplomó, y la han aclamado como un modelo para hacer frente a la inmigración.
Sin embargo, los defensores de derechos de migrantes han criticado los intentos de limitar las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, y han señalado que algunos migrantes no pueden esperar en su país natal y que otros países no ofrecen las mismas protecciones de asilo que Estados Unidos.
Cuatro senadores demócratas, Bob Menendez, Cory Booker, Ben Ray Lujan y Alex Padilla, dijeron que estaban “profundamente decepcionados” de que el Gobierno siguiera adelante con la norma y le instaron a reconsiderarla.
“Tenemos la obligación de proteger a los migrantes vulnerables en virtud de las leyes nacional e internacional, y no debemos dejarlos abandonados en países incapaces de protegerlos”, se lee en el comunicado de los senadores.
Anu Joshi de la Unión Americana de Libertades Civiles, que litigó muchas de las impugnaciones a las restricciones de inmigración de Trump, criticó duramente la norma, diciendo que simplemente estaba retomando la prohibición de asilo de Trump.
La nueva norma se da a conocer en momentos en los que el presidente Biden se enfrenta a una Cámara de Representantes controlada por los republicanos, quienes están determinados a convertir la inmigración en una cuestión clave al tiempo que intentan presentar a la frontera sur como fuera de control.
Para los solicitantes de asilo que viajan hacia el norte a través de Centroamérica y México hasta la frontera estadounidense, Costa Rica y México cuentan con los sistemas de asilo más sólidos. Sin embargo, ambos países se han visto desbordados por el creciente número de solicitudes de asilo en los últimos años.
Costa Rica, un país de apenas cinco millones de habitantes, fue superado únicamente por Estados Unidos, Alemania y México en número de solicitudes de asilo que recibió en 2021. En diciembre, el presidente Rodrigo Chaves decretó cambios en el sistema de asilo, alegando que los migrantes económicos estaban abusando de él.
La mayoría de los solicitantes de asilo en Costa Rica en los últimos años son nicaragüenses que huyen de la represión en su país. En 2012, Costa Rica recibió apenas 900 solicitudes de asilo. El año pasado, el total rondó las 80 mil.
Eso ha creado un tremendo rezago en el procesamiento de las solicitudes y ha alargado el proceso, algo que llevó a más nicaragüenses a mirar hacia el norte, hacia Estados Unidos, el año pasado.
México lleva años registrando aumentos en las solicitudes de asilo, y el año pasado recibió 118 mil 478, en su mayoría de migrantes procedentes de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. Muchos migrantes que carecían de otras opciones habían utilizado el sistema de asilo para desplazarse por México legalmente mientras se tramitaba su solicitud y luego intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Otros países situados en la ruta de los migrantes hacia el norte tienen una capacidad muy limitada para acoger a solicitantes de asilo.
