Baja California es un destino donde los grupos criminales se enfrentan por el control de las zonas de venta, producción y trasiego de droga, hay víctimas inocentes que también forman parte de la estadística de homicidios dolosos.
Por Rosario Mosso Castro y Lorena Lamas
Tijuana, 22 de febrero (Zeta).- El asesinato de niños y adolescentes en Baja California ha sido una constante en los últimos cinco años, con un promedio de uno a dos menores de edad asesinados violentamente por semana.
Actualmente ranqueada como la segunda entidad federativa más insegura del país, la cifra de niños y adolescentes que han sido víctimas de agresiones criminales, aumentó de 13 casos registrados en 2015, a 55 en 2021, de acuerdo con estadísticas publicadas por el Secretariado Nacional de Seguridad.
En cinco años, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2021, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), mataron a un total de 314 menores de edad en Baja California. De la cantidad general, 249 muertes violentas -79 por ciento-, ocurrieron en Tijuana, 34 en Mexicali, 15 en Ensenada, once en Tecate y cinco en Rosarito.
La mayoría de las víctimas, un promedio del 70 y 77 por ciento fueron adolescentes entre 12 y 17 años. Además, en ese grupo de edad, nueve de cada 10 muertes en Tijuana fueron de varones, y en el resto del Estado, los masculinos representaron el 70 por ciento de los decesos.
Estos son los menores que, de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía, mueren por sus relaciones con criminales, lo que recalca Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), no es justificación.
“Son víctimas inocentes, no se deben mencionar como víctimas colaterales, porque es como si asumiéramos que es el costo natural de la violencia. Los niños calcinados por cobrarse la deuda con el papá, o los adolescentes que ya son narcomenudistas. Ahí hay un tema que hay que tener cuidado de decirlo, porque al final son niños, y la responsabilidad de que estén bien integrados a la sociedad, es del Estado, de las familias y de todos, y -cuando mueren en esas condiciones- alguien o varios fallaron en ese proceso”, afirmó.
Los menores de once años asesinados, representan entre el 23 y 30 por ciento, dependiendo el municipio. Dentro de ese grupo, en Tijuana y Rosarito las víctimas se dividieron en niñas y niños por mitad. Mientras en Mexicali, Ensenada y Tecate, el 70% de las muertes fueron de niños y el 30 por ciento de niñas.
Baja California es un destino donde los grupos criminales se enfrentan por el control de las zonas de venta, producción y trasiego de droga, hay víctimas inocentes que también forman parte de la estadística de homicidios dolosos.
“La mayoría de los menores son usados para la venta de droga al menudeo, porque la Ley aplica diferente para ellos, las penas son menores y es más fácil operar”, expuso un agente de la fiscalía estatal al referirse a los adolescentes asesinados.
A nivel nacional, durante 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 27 mil 772 casos de víctimas de 0 a 17 años de edad, por distintos delitos como extorsión, aborto, secuestro, tráfico, trata y otros que atentan contra la sociedad.
De esas agresiones, al menos nueve mil 945 fueron asesinatos de menores; los fallecidos por lesiones con arma blanca fueron 686; con arma de fuego, cuatro mil 802, con otro elemento o a golpes, cuatro mil 457, según los números del Secretariado. Siete menores por día fueron asesinados en México durante el año pasado.
En Tijuana, apenas el domingo 13 de febrero, una niña de dos años murió cuando su pequeño hermano de cinco años le disparó jugando, después de tomar el revólver de su padre en la colonia Los Álamos, y el miércoles 9 a plena luz del día, Kenneth, de 17 años caminaba en el Infonavit Presidentes cuando le dispararon por la espalda y lo mataron.
Durante enero asesinaron a otros ocho menores de edad en Baja California, algunas de las víctimas fueron Jesús Emanuel y Fernanda, de 17 años, acribillados la madrugada del 30 de enero. Estaban junto a Humberto Ramos Villa, sobrino del traficante Edgar Pérez Villa “Cabo 89”, en la casa marcada con el número 16 de la Privada Lisboa de la colonia Laurel, cuando un grupo de matones entró y les disparó alrededor de 50 tiros con rifle calibre.223; sólo permitieron vivir a la abuela de los varones.
Diez meses antes de que le quitaran la vida Fernanda, el 23 de marzo de 2021, su hermana Kathie San Martín Córdova fue asesinada y mutilada; sus restos fueron localizados en la cajuela de un Honda Civic en el Callejón San Pedro de la colonia Los Pinos.
El año 2021 sumó 55 niños y adolescentes asesinados, entre los que se incluyó a los menores estadounidenses Andrew, de nueve años; Annemarie de ocho y Sofía, de cuatro, asesinados el 3 de diciembre junto a sus padres en su casa ubicada en el número 7014 de Privada Lina en la colonia Nueva Aurora Sur, caso en el que el presunto responsable fue identificado como tío de los niños, quien les disparó con un fusil de asalto calibre .223 Remington. Fue detenido en Estados Unidos por posesión de armas y requerido por el Estado mexicano.
EN EL HOMICIDIO DE ZOÉ Y LOS RODELO
También el año pasado, la pequeña Zoé, de 11 años, fue asesinada en una plaza comercial de Playas de Tijuana cuando un grupo de por lo menos cinco criminales ejecutó un operativo homicida el 8 de septiembre para asesinar a su padre, Guillermo Valdovinos, quien sobrevivió al ataque.
Al salir del cine, la niña fue acribillada por un grupo de hombres que atacaron a su progenitor a balazos en Plaza Coronado. Para salvarse, el hombre corrió por el acceso al estacionamiento y la niña fue detrás de él, tanto ella como el escolta Gerardo Garduño, que los acompañaba, quedaron muertos en la escena. Al hombre que fue el objetivo del ataque se lo llevaron lesionado.
Las autoridades no volvieron a saber de él, no regresó ni a declarar, pero al continuar la indagatoria, han detectado negocios irregulares y relaciones delictivas.
Como avances en la indagatoria, las cámaras de vigilancia del centro comercial revelaron que dos hombres fueron los que dispararon, uno de los homicidas llegó en un Nissan Maxima 2013 de color café. Vestía gorra roja, sudadera verde y pantalón deportivo.
Antes de ingresar a la plaza, conversó con un cómplice enfundado en camisa blanca, pantalón de mezclilla, zapatos negros y casco del mismo color, a bordo de una motocicleta negra Motocross con vivos en azul, quien sirvió de puntero.
El segundo homicida fue detectado dentro de la plaza, vestía ropa negra con una gorra blanca. Tras disparar, los matones corrieron hacia la prolongación del Paseo Ensenada, en ese punto los cubre otro cómplice, un hombre de camisa blanca y pantalones cortos rojos con casco negro, a bordo de una moto.
A través de las cámaras, los investigadores pudieron dar seguimiento a auto de los homicidas, el cual fue detectado circulando en la Zona Norte de Tijuana y en las secciones Jardines y Dorado en Playas de Tijuana, y por la colonia El Realito, en la Zona Este, por uno de los accesos al Bulevar 2000, en la madrugada del día del ataque.
En los archivos públicos, detectaron que el Nissan Maxima que participó ataque había sido multado el 29 de octubre de 2019, en aquel momento lo manejaba un joven de apellido Rodelo, quien dijo ser el dueño, aunque la tarjeta de circulación estaba a nombre Alexis A. Carrasco y quien liberó la Multa fue Juan Pablo Á. Domínguez.
Rodelo, de actualmente 29 años, es hijo y comparte nombre con Manuel Rodelo Lozoya, sinaloense de 54 años, con residencia en el Ejido Chilpancingo en Tijuana, quien estuvo preso por portación de arma larga en 2013.
Este hombre, quien también ostentaba el alias de Miguel Guadalupe Pacheco “El Lic” y/o “El Viejón”, fue detenido el miércoles 14 de octubre de 2015 por elementos de la Policía Estatal Preventiva, por el homicidio del taquero Ramiro Araujo García, quien fue secuestrado y asesinado en la comunidad de La Guásima, Sinaloa, el 23 de septiembre de 1997. Crimen por el cual ya habían sido capturados y juzgados en Sinaloa, su hermano Fernando Rodelo Lozoya, su primo Martín Rodelo Zazueta, y sus cómplices Maximiliano Niebla Lugo y Manuel Salazar Lara.
Al informar de la captura de Rodelo padre, la Secretaría de Seguridad de Baja California indicó que se trataba del jefe de un grupo de asesinos al servicio del Cártel Arellano Félix, quien “daba instrucciones vía celular a integrantes de su célula criminal para identificar objetivos rivales en distintas partes de la ciudad, se presume, con la intención de asesinarlos”.
Ante la aparente coincidencia física del hijo de “El Viejón” con los atacantes de Zoé, el joven fue interrogado y, a pesar que se multó en octubre de 2019 a bordo del vehículo, en la entrevista aseguró que en 2018-2019 se lo había vendido -también dijo prestado- a un excompañero de preparatoria de nombre Rubén, al que llevaba dos años sin ver. Un treintañero, moreno claro, lampiño de 1.85 metros de altura que vivía en la delegación La Mesa. Y envió a los policías a una casa deshabitada.
La información de Inteligencia en poder de las autoridades, relaciona a la familia del joven Rodelo con Fernando Robles Linares, gente ministerial asesinado la noche del 16 de febrero de 2020, en el interior del auto oficial que tenía asignado como agente investigador del área de Homicidios de la Fiscalía General del Estado. Le dispararon frente al domicilio con el número 8209, en la calle Carlos V de la colonia Colinas de Cortés, Delegación Sánchez Taboada.
También fueron vinculados:
– Jonatan Sánchez Roldán “El Peinado”, expolicía municipal de Tijuana, al que las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, identifican como líder de célula del Cártel de Sinaloa en Rosarito, al servicio de los hermanos Alfonso y René Arzate. Ha sido detenido y liberado en dos ocasiones: en 2019 por posesión de arma, y en 2020 por falsificación de documentos.
– Jorge Ortiz Castañeda, quien estuvo bajo investigación por robo simple en 2012 y 2016, y señalado como persona extraviada en 2018. Fue detenido por delitos contra la salud en 2021 y posteriormente liberado.
– Ambrosio Pérez Gutiérrez, detenido por posesión de arma en 2015.
– Ernesto Adrián González, capturado en 2017 por delitos contra la salud.
– Zaid Rodríguez Mejía “Goku”, sinaloense aprehendido en la colonia Madero de Tijuana en septiembre de 2015, por posesión de 9 kilos 300 gramos de cristal y un arma de fuego calibre .45.
EL PEQUEÑO JONATHAN TENDRÍA QUE ESTAR EN CLASE
“Su mamá lo quería mucho, y ella siempre lo estaba consintiendo. ‘Mi niño el más bonito’, nos decía”, compartió una de las vecinas del menor Jonathan Uriel, asesinado la mañana del 27 de enero.
Con apenas 10 años de edad, era conocido por recorrer todas las calles en la colonia 17 de Abril, una pequeña comunidad ubicada a un costado de la carretera Ensenada-Ojos Negros.
Tíos, primos y su padre biológico, vivían en los alrededores, por lo que se le veía caminando de una casa a otra. Quienes lo conocían, lo identifican como un “buen niño” y “alegre”.
Dos meses antes de la agresión, su joven madre se mudó a la casa ubicada en 16 de Septiembre y 18 de Marzo con su pareja, Miguel Ángel Valenzuela Galicia, quien se convirtió en el padrastro de Jonathan.
La mañana del homicidio, Miguel Ángel discutió con un sujeto, quien le disparó en varias ocasiones en vientre, cuello, mano y rodilla, y actualmente se encuentra en recuperación.
El criminal también detonó el arma de fuego en contra del niño, quien fue trasladado por un familiar a un hospital, pero no lograron salvarle la vida.
Cuatro días después del crimen, la Fiscalía estatal aprehendió a Alonso “El Tazo” por su participación en el asesinato del menor y, de acuerdo con la investigación, el arma homicida fue usada en otros dos asesinatos.
En el mapa delictivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se puede ver que quienes habitan en la colonia 17 Abril tienen problemas con violencia intrafamiliar, narcomenudeo, amenazas, daño en propiedad ajena, robos y otros delitos sexuales.
A unos pasos de la casa donde vivió Jonathan, se encuentra la Escuela Primaria “Ignacio Cervantes”, la cual se encuentra cerrada por un conflicto de pagos entre el magisterio y el Gobierno del Estado.
AGREDIDOS Y “AGRESORES”
Al amanecer del martes 12 de enero, un grupo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Playas de Rosarito, abrió fuego contra dos cuarterías ubicadas en las calles Álvaro Obregón y Bajar Mar del fraccionamiento Vista al Mar.
Dentro de una de las habitaciones se encontraba Itza Hysae Ganelon Balbuena, de apenas 17 años de edad, quien tenía activada una Alerta Amber por parte de la fiscalía porque sus familiares la habían reportado como desaparecida en Ensenada desde el viernes 7.
El informe policiaco señala que tras ingresar al inmueble, donde Itza se encontraba muerta con un disparo en la cabeza, los oficiales justificaron al reportar que encontraron dos armas largas y otra arma corta, que fueron usadas para repeler el ataque.
Entre los menores, víctimas de los grupos de narcomenudistas, también se encuentran los reclutados por integrantes del crimen organizado para cometer delitos de alto impacto.
Un ejemplo de la participación de niños con bandas delictivas fue el caso de un menor de 15 años de edad en el homicidio de los abogados Gustavo Moreno León y su sobrino, Luis Ariel Lambarena Moreno, en Ensenada.
no se deben mencionar como victimas
colaterales, porque es como si asumiéramos que es el costo natural de laviolencia”, Miguel Mora Marrufo, presidente de la CEDH de Baja California. Foto: Especial vía Zeta.
Aunque el asunto sigue sin resolverse, los agentes investigadores saben que en el ataque del 19 de mayo de 2021 en la calle Sauce y Avenida Pedro Loyola, Fraccionamiento Loma Dorada, participó un menor de edad.
“Son morros de Tijuana, llegaron días antes a Ensenada. Ya los tenemos identificados”, informó uno de los investigadores en el puerto.
Esa tarde, un grupo de cuatro sujetos, entre ellos el menor, llegaron en un vehículo tipo sedán del que descendieron dos hombres y dispararon en contra de los litigantes.
Una de las líneas de investigación, es una deuda por un asunto mercantil en Tijuana, aunque Moreno fue abogado defensor de José Saldaña López “El Che”, integrante del Cártel Arellano Félix hasta su asesinato, perpetrado en noviembre de 2016.
AUMENTAN ASESINATOS DE MENORES; ESTADO NO INTERVIENE
Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la CEDHBC, explicó a ZETA que están trabajando en una “Comunicación” -así se llama el documento- que contendrá la información de los menores de edad asesinados y lesionados en Baja California, “hay más de 500 niños lesionados por año”.
Lo enviarán al Comité de los Derechos del Niño del Sistema Universal en marzo. El plan del comisionado es tener acceso a los expedientes, para determinar “zonas perfiles, factores de riesgo y edades de las victimas menores de homicidio doloso”, con la intención de que sea tomado en cuenta para que el comité emita un informe o haga observaciones al Estado mexicano, con la intención de que tomen determinadas medidas para reducir estos indicadores de violencia.
Varios estados integrados a la Federación de Derechos Humanos están participando en un proyecto similar en lo nacional para presentar una propuesta de Ley General en las cámaras del Congreso federal, “pero es una ruta que tomará un tiempo”.
“Esto para nosotros inició alrededor de febrero de 2021, cuando conocimos a partir de los medios de comunicación un asunto de dos niños torturado y calcinados -por una deuda del padre-, a partir de ese momento aperturamos una investigación en la institución, que si bien no es un expediente de queja como tal, es una investigación para solicitar información al DIF a la Fiscalía General y a Semefo.
“Hasta agosto de 2021, eran 37 niños y niñas, personas menores de 18 años, asesinados, homicidios dolosos y qué al cierre del año, la información que no hemos recibido, iba a rondar por las 60 víctimas. En este año ya van ocho, en lo que hemos documentado en medios de comunicación, estamos por concluir la recopilación de información”, argumentó el presidente de la CEDHBC.
La falta de atención a esta problemática, tiene cuatro vertientes:
1) El Estado no han reinstalado el Sistema de Protección a Niños y Adolescentes. “Con base en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y no estipula una reinstalación, ni un protocolo, pero lo usual es que los gobiernos nuevos lo organizan para que el nuevo titular y representante del Estado diga ‘aquí estoy’ y ‘esto es lo que se tiene que hacer’, pero casi tres meses después no ha sucedido”, expresó Mora Marrufo.
2) La tutela del Estado. El Sistema DIF no tiene la infraestructura y capacidad para retirar de las casas y albergar a jóvenes en riesgo: casas donde se vende o consume droga, familias donde han atestiguado uno o más homicidios, familias y entornos en los que han sido lesionados por bala, etcétera.
“Si llegas a una casa y los menores están mal cuidados, hay omisión de cuidados, tienes que tomar la decisión de separar al niño de su casa, porque esa decisión va implicar una consecuencia en ese niño, se puede agravar o se puede mejorar. Si lo retiras o lo mandas a la tutela del Estado, y ya conocemos como están las condiciones de los albergues, puede agravar su situación; pero si llegas a una casa y el niño está siendo abusado, o está en presencia de drogas o narcotráfico, tiene evidentes manifestaciones de violencia, o ha sido testigo de estas circunstancias -homicidios-, pues el Estado no tiene duda debe buscar otro pariente que se haga responsable”.
3) Impartición de Justicia. “Están rebasadas las fiscalías con delitos que tienen que ver con esta naturaleza, pero con todos, en cientos de carpetas de investigación. Y en la medida que no se fortalezcan los Ministerios Públicos y las fiscalías que investigan estos delitos, evidentemente no se van a solucionar”, advirtió.
4) No existe una política pública de intervención para rescatar a estos niños. Y esto es lo más importante: “Las autoridades saben cuáles son las zonas de riesgo, en qué zonas hay mayor presencia de cárteles o de organizaciones criminales, y no hay una política de intervención, no hay acercamiento de la autoridad, no se trabaja para recuperar estos proyectos de vida”, dijo.
“Los resultados de la investigación y diagnóstico, también se usarán para emitir una recomendación, o un pronunciamiento local”, detalló Mora Marrufo.
Respecto al discurso en materia de niñez estigmatizante y discriminatorio con estos niños porque están en actividades de narcotráfico, ¿cuál es la causa o el contexto?, ¿por qué tomó la decisión de involucrarse?
“Lo que vamos hacer con esta documentación es dar un golpe a la mesa, para decir ‘esto está sucediendo, en estas condiciones, y esto es lo que se tiene que solucionar’ No es sólo una investigación académica, pero necesitamos respaldar nuestro dicho con datos duros”, puntualizó el responsable de la CEDHBC.
PREVENCIÓN
Información publicada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), organización que desarrolla programas para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, reveló que además de los asesinatos, incrementaron otros delitos como la corrupción de menores, lesiones; en 2020, el rapto, la extorsión y la trata de personas.
Las agresiones se han registrado en zonas o colonias con alto rezago social y en un ambiente de pobreza, en casas de madera o cuarterías que carecen de servicios públicos.
Las Unidades de Violencia Intrafamiliar (UVI) en los seis municipios de Baja California recibieron miles de llamadas de emergencia, de las cuales 223 derivaron en ingresos de niños y adolescentes a albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF). Sólo en enero pasado, por lo menos una docena de menores ingresó tras ser víctimas de un delito.
En una revisión a los reportes policiacos relacionados con omisión de cuidados por parte de padres o tutores, los oficiales han referido la presencia de sustancias ilícitas o drogas.
Sin embargo, el Sistema DIF no hace estudios o investigaciones de los menores violentados en entornos de delincuencia común ni organizada, el único registro que realizan -a veces- en las entrevistas, es si el menor ingresado perdió a alguno de sus padres como resultado de la violencia criminal.
