Alison, Benjamin, Avielle, Jessica, Caroline, Noah, Jack, Emilie, Grace, James, Ana, Jesse, Catherine, Madeline, Dylan, Olivia, Charlotte, Chase, Josephine y Daniel.

Conviene nombrarlos para no olvidar que eran personas de carne y hueso. Algunos de ellos se escondieron en el baño de la escuela cuando escucharon los tiroteos; otros se escondieron debajo de los pupitres. Ninguno evitó los disparos que salieron de aquel fusil de asalto la mañana del viernes 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria de Sandy Hook, localizada en Connecticut, Estados Unidos.

Daniel, Josephine y Chase tenían siente años cumplidos. El resto solo seis.

La masacre de Sandy Hook es el tiroteo masivo más mortífero en una escuela primera y secundaria en Estados Unidos. Murieron veinte niños, siete adultos. El perpetrador: un joven de veinte años llamado Adam Lanza.

Lanza era un joven atormentado; sufría trastornos obsesivo-compulsivos y ansiedad. Vivía con su madre, propietaria legal de arma que Lanza utilizó para perpetrar la masacre, un fusil de asalto AR-15. En casa, la madre —también asesinada por Adam Lanza— guardaba los  cargadores de balas que utilizó su hijo en el ataque. Lanza sabía usarlos bien: su madre solía llevarlo a él y a su hermana a campos de tiro a practicar; no sospechaba, desde luego, que su hijo iba a practicar su buena puntería con ella misma antes de salir vestido de negro a la escuela a matar a todo aquel que se cruzara en su camino.

La matanza de Sandy Hook es epítome de la tragedia que se vive en Estados Unidos, país en el que circulan unas 256 millones de armas (en promedio más de una por adulto) y en el que entre 2012 y 2018 ocurrieron un total de mil 624 masacres: más o menos a ritmo de una por día.[1] ¿La causa? La facilidad con la que pueden comprarse armas en varias regiones del país y, en consecuencia, el sencillo acceso que tienen personas con severos trastornos psicológicos a estas.

La semana pasada, más de nueve años después de aquella tragedia, el nombre de las víctimas de Sandy Hook volvió a cubrir las primeras planas de los periódicos. Esta vez por buenas razones. La semana pasada, la fabricante estadounidense de armas Remington (productora del fusil Bushmaster XM-15) anunció que pagará 73 millones de dólares en indemnizaciones a las familias de las víctimas que en 2015 habían demandado a la empresa haciéndola corresponsable de la matanza. Uno de los argumentos de los demandantes fue que la publicidad de Remington estaba dirigida a jóvenes aficionados a videojuegos violentos, tal como era el caso de Adam Lanza; al hacerlo, Remington habría violado una ley de Connecticut.

El anuncio vino después de un largo calvario judicial y de señales verosímiles de que Remington —la armera más antigua de los Estados Unidos— podría perder el juicio, pagar una suma aún más alta y desaparecer definitivamente del mercado. Aunque la empresa no reconoció su responsabilidad de forma explícita, al pagar la inmunización lo hizo por los hechos.

La importancia del acuerdo tiene consecuencias imposibles de minimizar.

Para empezar, demuestra que la industria armamentista no es inmune a este tipo de demandas —a pesar de tener una legislación favorable y un sistema de cabildeo legislativo (lobbying) impropio de un sistema democrático.

El acuerdo ayudará a allanar el camino legal a otros grupos de víctimas que desde hace años litigan contra otros fabricantes de armas. Vale la pena aquí recordar que un fusil similar al utilizado por Adam Lanza sirvió para el asesinato de 86 personas en un festival de música de Las Vegas en 2017, así como para el tiroteo de 2018 en una escuela secundaria en Parkland, Florida en el cual murieron catorce estudiantes que tenían entre 14 y 17 años de edad.

Es altamente probable que el acuerdo entre Remington y las familias afectadas de Sandy Hook abra la puerta a sentencias favorables o a arreglos en favor de víctimas de eventos similares. La oleada de nuevas demandas provocará, previsiblemente, la huida de inversionistas del sector, así como una crisis entre las empresas aseguradoras de fabricantes de armas. En ese sentido, se trata de una victoria que impactará seriamente en un sector aparentemente intocable. Poco a poco Goliat comienza a tambalearse.

La noticia también es relevante para México y para la demanda presentada por la Cancillería contra fabricantes de armas.[2] Hay muchas similitudes entre el litigio seguido por los abogados de las víctimas de Sandy Hook y la acusación que hizo el Gobierno de México ante la Corte de Massachussets en el sentido de que las empresas armamentistas comercializan, producen y distribuyen sus armas de manera negligente.

El anuncio de Remington, además, no pudo haber llegado en mejor momento: justo  cuando la Corte de Massachussets examina la contrarréplica de la Cancillería a los argumentos esgrimidos por las empresas, así como los escritos de amigos de la Corte (Amicus Curiae) en apoyo a los argumentos de las autoridades mexicanas, incluyendo uno de 25 fiscales y otro más de 14 procuradores estadounidenses. El viento sopla a favor de México.

Que el optimismo no nos confunda. Ni todas las indemnizaciones del mundo podrán reparar el daño a las víctimas de la violencia provocada por la falta de regulación en la compra de armamento en Estados Unidos. Es una ficción creer que el daño de perder a un hermano o a un hijo puede repararse con dinero. Sin embargo, resoluciones como las de la semana pasada sí pueden prevenir que sucesos similares sigan repitiéndose todos los días en los Estados Unidos. Y en México.

[1] Definidas como como incidentes en los que mueren cuatro o más personas, incluidas el perpetrador. Fuente: https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2017/oct/02/america-mass-shootings-gun-violence

[2] El tema lo he tratado en varias columnas de Sin embargo.mx. Véase: Carlos A. Pérez Ricart, ¿Movimiento audaz de la Cancillería?, https://www.sinembargo.mx/24-08-2021/4018160, 24 de agosto de 2021; Carlos A. Pérez Ricart, ¿En qué va la demanda contra armeras en Estados Unidos?, 30 de noviembre de 2021 https://www.sinembargo.mx/30-11-2021/4073088; Carlos A. Pérez Ricart, La sociedad civil y el Estado mexicano contra las armas, 1 de febrero de 2022, https://www.sinembargo.mx/01-02-2022/4114795

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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