Contra la construcción del Tren México-Toluca, que planeaba inaugurarse en 2018, se han registrado manifestaciones y amparos por ejidatarios y habitantes de los poblados. La Auditoría Superior de la Federación observó que la falta de mitigación social y planificación de derechos de vía por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la ausencia de un diagnóstico de impacto urbano de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano abonaron al aumento del costo de la obra (44 por ciento en total de 2013 a 2018) y provocó la reubicación del trazo.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Dado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) titulada por Gerardo Ruiz Esparza no previó acciones para mitigar los conflictos sociales y la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) de Rosario Robles Berlanga no realizó una planificación regional, se incrementó el costo del Tren México-Toluca, se reubicó el trazo y hubo una mayor inversión de recursos, equipos y fuerza de trabajo, afirma la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su última entrega de la Cuenta Pública 2018.
Desde junio de 2012, a finales del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la SCT inició el proceso de contratación para elaborar los estudios de preinversión, relacionados con los análisis de factibilidad técnica, económica, financiera, legal y ambiental del proyecto ferroviario, que la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió retomar a finales de 2019.
En diciembre de 2013, al registrar el proyecto ante la Secretaría de Hacienda (SHCP) se le asignó un monto inicial de inversión de 49 mil 082 millones de pesos, pero en 2018 el monto ascendió a 70 mil 976 millones de pesos, un incremento del 44.6 por ciento (21 mil 893 millones de pesos).
“La falta de una previsión de los efectos sociales negativos propiciados por el desarrollo de la obra limitó la actuación en materia social de la SCT ante el impacto de dichas consecuencias, ya que a pesar de que ejerció 4 mil 349 millones de pesos en diversas actividades, incluidas las de ‘mitigación social’, y de que suscribió 31 contratos para su realización, tales efectos se materializaron en manifestaciones sociales de los vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, porque no fueron consultados con antelación a la construcción de la obra”, expone el dictamen.
De acuerdo con la SCT, el tren cruzará los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac, en el Estado de México, así como las alcaldías de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; tendrá seis estaciones a lo largo de 57.7 km, que recorrerá en 39 minutos, una capacidad máxima de 15 mil 660 pasajeros en horas de mayor demanda, y una ocupación por tren de 1,044 pasajeros que permita el traslado de los habitantes de manera rápida y segura entre las dos zonas metropolitanas.
Durante su construcción, la SCT ha identificado mil 077 afectaciones en propiedades comunales, ejidales, invadidas, privadas, estatales y federales, que abarcaron una superficie de 233,490.7 metros cuadrados.
La ASF emitió dos solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos.
Primero, porque no acreditaron la partida presupuestaria en la que cargó el recurso ejercido en 2018 para subsanar las afectaciones sociales ocasionadas por el Tren; los criterios implementados para el otorgamiento de recursos a los afectados, ni los comprobantes fiscales de esos pagos. Además, la SCT careció de los expedientes completos de los contratos, acuerdos y anexos vinculados con las actividades ejecutadas en la Ciudad de México y en el Estado de México, para mitigar los efectos sociales.
CARECE DE PLANIFICACIÓN URBANA-REGIONAL
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinó la Auditoría Superior de la Federación, no cuidó los aspectos relativos a la planeación del desarrollo urbano en los derechos de vía federales del Tren México-Toluca, y la Secretaría de Desarrollo Urbano no estableció programas para proyectar la planeación regional de desarrollo en las entidades federativas, municipios y alcaldías involucradas ni diagnosticó el control y crecimiento de las ciudades.
La SCT, dice el órgano, no evidenció la posesión legal de todos los terrenos para concluir el proyecto del Tren, al acreditar 8.52 Hectáreas (5 por ciento), ubicadas en la Alcaldía Álvaro Obregón, de las 169.19 Hectáreas estimadas para la construcción tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, sin que en el inventario de inmuebles de la Secretaría se tuviera registro de la superficie faltante.
“Hay amparos emitidos por los propietarios pendientes de solventar en contra de la construcción y juicios por suspensión, y no demostró el cambio de uso de suelo y que se hubieran modificado los derechos de vía conforme a la normativa para regularizar la extensión total requerida para el proyecto. El presupuesto para la liberación de los derechos de vía aumentó en 933 por ciento de 2014 a 2018”, documenta la Auditoría.
Tampoco comprobó la aplicación de los procedimientos para la expropiación de terrenos para la construcción de la obra, al no contar con la información de la continuidad del proceso ni del estatus actual de las solicitudes de expropiación.
Si no se atienden las deficiencias, alerta el órgano, se puede concretar el riesgo de no constituirse en una solución para la insuficiente infraestructura de transporte público interurbano con enfoque territorial que atienda la demanda de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y poniente de la Ciudad de México.
