Diana Elizabeth Domínguez Félix era representante médica del Laboratorio Liomont. Fue asesinada el 7 de noviembre de 2016 en el estado de Sonora.
Carlos Gerardo, su jefe, es el principal sospechoso del asesinato. Él confesó el homicidio y llevó a los policías al lugar en donde abandonó el cuerpo, pero ahora podría evadir la justicia o purgar una condena menor debido a que los jueces han desestimado pruebas clave como la sabana de llamadas y la geolocalización de sus teléfonos, que los ubica en el mismo lugar el día del crimen, así como una mancha de sangre de la víctima en el celular del acusado.
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Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- Un zapato con una mancha de sangre es la única evidencia fuerte que le dejaron a la representación de Diana Domínguez Félix para evitar que Carlos, el jefe de ella y quien confesó el asesinato, pueda quedar libre u obtener una sentencia muy corta, como teme la familia después de que un Juez desechó dos pruebas que lo ponen a él en la escena del crimen.
Diana Elizabeth Domínguez Félix era representante médica del Laboratorio Liomont S.A de C.V. Fue asesinada y desaparecida el 7 de noviembre de 2016 en el estado de Sonora.
Carlos Gerardo R.R, su jefe, confesó el crimen: le asestó al menos 35 cuchilladas, la llevó a una vereda y le dejó caer una piedra en la cabeza. Finalmente, escondió el cadáver en una zanja.
El cuerpo de la profesionista fue hallado en estado de descomposición en el Ejido Buena Vista en Tesia, Navojoa, tras la declaración del detenido, quien guió a los agentes ministeriales hasta donde estaban los restos, le explicaron ministeriales a Silvia Domínguez, prima hermana de la víctima.
La apertura de juicio oral se efectuará en próximas semanas. Sin embargo, la familia teme que el asesino confeso quede en libertad porque, durante la audiencia intermedia, un juez no quiso tomar en cuenta al menos dos pruebas: una que relaciona al imputado con la víctima el día hora, fecha y lugar de la desaparición, y otra es de genética.
Las evidencias fueron desestimadas por la burocracia y fallas del sistema judicial, denunció la familia quienes claman por justicia para Diana.
EL DIA DE LA TRAGEDIA
Diana tenía una larga trayectoria como representante médico. Con 16 años de antigüedad en el Laboratorio Liomont, estaba a cargo de la ruta Navojoa, Huatabampo, Guaymas y Mochis.
El lunes 7 de noviembre de 2016 salió de casa para ir a los Mochis, Sinaloa, pero antes tenía una reunión con su jefe Carlos Gerardo.
Los lunes se acordaban los pendientes y la agenda semanal, explicó Maria Sylvia Domínguez, prima hermana de la víctima.
“Se canceló la junta; pero él, Carlos, la citó en otro lugar casi a la salida de la ciudad, ella se lo comentó a mi tía. Ahí platicaron los dos. ¿de qué? no sé”, narró.
La familia sintió que algo estaba mal cuando Diana no se reportó a la hora acordada.
Ella acostumbraba telefonear con su madre cuando salía de su vivienda y en cuanto llegaba a su destino.
Su mamá esperaba llamada cerca de las 12:30 pm; pero no se comunicó. La mujer empezó a marcarle y al no obtener respuesta la buscó con familiares y conocidos.
Los allegados se alarmaron cuando fueron redireccionados al buzón, señal de que el celular se había apagado: “Ella nunca apagaba el teléfono”, contó la prima de la víctima.
Preguntaron a conocidos, compañeros de trabajo y marcaron al hotel en el que se iba a hospedar pero nadie les daba algún indicio.
Ese mismo día pusieron el reporte en la policía en Hermosillo. Carlos acudió a la casa de la víctima alrededor de las 4 de la tarde, habló con la madre y una hora después con la prima hermana, las “consoló” y les ofreció “ayuda”.
Al día siguiente, agentes policiacos tomaron declaraciones, iniciaron la investigación y hallaron el Volkswagen Golf de ella en la calle Otero, frente a una compañia de agua potable.
Carlos iba con las familiares todos los días a las oficinas policiacas a pedir avances de la búsqueda.
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EL FEMINICIDIO
El agente a cargo de la pesquisa indagó a Carlos G.G durante el tiempo en que buscaban a Diana. Los policías lo vigilaron y presuntamente lo sorprendieron en la compra-venta de droga, lo que motivó el arresto.
“Yo creo que a ellos les latió mal, por eso lo siguieron y cuando lo vieron comprando droga, lo detuvieron”, platicó la hermana.
El hombre confesó después de la detención.
“Él dijo que ‘ya no aguantaba más’, que él la mató, la tiró, narró dónde la dejó y guió a los investigadores hasta donde dejó el cuerpo. Eso es lo que a mí me dijo el comandante”, abundó Silvia.
El 11 de noviembre de 2016 hallaron los restos de Diana. Estaban en estado de descomposición. La reconocieron inicialmente por un tatuaje.
“Yo sabía que ella tenía un tatuaje, el día que se lo vi la regañé y le reclamé: ‘¿por qué te andas haciendo tatuajes?’, y ahora digo: ‘bendito Dios que se hizo ese tatuaje y por eso se identificó, después con las pruebas de ADN’”, explicó la familiar.
El arma homicida no ha sido encontrada. El imputado argumentó que la arrojó en el camino, según las investigaciones.
Carlos narró en la declaración ministerial que se vio con Diana en las inmediaciones del Teatro ITSO, ubicado en la Calle 200 de Ciudad Obregón. La lesionó 35 veces con un arma punzocortante en varias partes del cuerpo.
Las heridas provocaron una pérdida importante de sangre lo que causó su muerte. Shock hipovolémico, estableció el dictamen forense.
Después, el agresor abrió la maleta de la víctima, tomó una blusa y se limpió la sangre.
Para deshacerse del cuerpo condujo a la ciudad de Navojoa hasta llegar a un paraje desértico donde lo arrojó en una zanja; le dejó caer una piedra en la cabeza, para asegurarse de haberla privado de la vida, y la tapó con una esponja, un cubre asientos y otros objetos.
Durante las audiencias, el imputado dijo que se citaron, hablaron y surgió una discusión; sin embargo –apeló Silvia, “él ya iba preparado, ya lo tenía planeado porque llevaba un cuchillo, una gorray otra camiseta. Ya estaba premeditado, ¿por qué ? No sabemos, nunca lo ha dicho”
El 20 de febrero de 2017 se solicitó la orden de aprensión contra Carlos, quien estaba detenido por otro delito. La orden fue ejecutada el 13 de marzo del mismo año y al día siguiente le formularon imputación por el delito de feminicidio. El 19 de marzo lo vincularon a proceso.
El Ministerio Público estableció en el expediente que el homicidio se acredita como feminicidio pues “el acusado le provocó lesiones infamantes, degradantes, previas y posteriores la privación de la vida. De igual forma traicionó la relación afectiva, sentimental o de confianza que la víctima le tenía, ya que ella nunca pudo haber esperado que la asesinara”.
Diana era mamá soltera y el sustento de su madre de 72 años. Sus cercanos la describieron como una mujer trabajadora que sacó su carrera mientras laboraba. Era de trato amable, con facilidad de relacionarse, estimada entre sus clientes y destacada en su ocupación.
“Era inteligente, carismática, era la chispa y energía de la familia, era un cascabelito y en el trabajo tenía muchos reconocimientos, siempre sobresalía en ventas, en todo, tiene muchos reconocimientos”, recordó Silvía Domínguez.
DESESTIMAN PRUEBAS
La familia de la víctima está representada y “asesorada” sólo por abogados de oficio porque no cuentan con recursos para contratar privados, mientras que el acusado empleó un bufete particular, platicó Silvia, la familiar de la víctima.
La mujer aseguró que están en desventaja frente a la defensa y teme que esa diferencia quede materializada durante el proceso, que se imponga en el juicio y se traduzca en no acceder a la justicia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora obtuvo diversas pruebas contra Carlos, entre ellas, el registro de las llamadas, una mancha de sangre de la víctima en el zapato y en la carátula en el teléfono del acusado, de ésta última se hizo una prueba de genética.
El juez dictó la Apertura de Juicio oral pero desestimó dos de las evidencias de la Fiscalía durante audiencia intermedia, celebrada el 3 de noviembre de 2017.
La primera prueba desechada es el análisis e historial de los teléfonos celulares. Silvia explicó que al momento en que alguien desaparece y se presume que está en peligro se puede exigir la sabana de llamadas de un teléfono y revisarlas.
En el análisis del número Diana aparece que la última comunicación fue al número de Carlos. Además, las torres de geo-localización ubican al celular de Diana y a los dos teléfonos de él –el personal y de la empresa– en el lugar, día y hora de su desaparición.
El Ministerio Público pidió que se abriera el registro de llamadas de los teléfonos del acusado para, junto con la sabana de llamadas de ella, ser presentado como evidencia, pero la petición se negó porque el juez resolvió que viola el derecho a la privacidad.
En enero de 2017 se adicionó un artículo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión donde dice que para que los registros telefónicos sean obtenidos legalmente, necesitan de una orden de un juez Federal, no de un local.
En el caso de Diana cuando se pidió el registro de llamadas fue antes de enero de 2017, pero el juez determinó que “si bien se hizo en tiempo y en forma, a través de un juez local, que en ese momento era lo correcto, aún así se debió haber hecho a través del un juez federal cuando entró en vigor la citada ley porque el expediente del homicidio seguía abierto, explicó la familiar de la víctima.
“En el MP hubo un manoteo de información”, criticó. El abogado del acusado “aprovechó ese recoveco de la Ley para que esa prueba contundente se desestimara”, añadió la familiar.
La Fiscalía apeló la decisión del Juez que desestimaba la prueba. El recurso fue turnado al Magistrado Miguel Ricardo Quintana Tinoco.
El Tribunal de Alzada, la segunda instancia, avaló la orden del juez de no admitir las documentales de los celulares con base al Artículo 16 Constitucional, en su párrafo XII, el cual estable que las comunicaciones privadas son inviolables y que en todo caso corresponde a una autoridad Federal ordenar la intervención de una comunicación privada como la de un celular, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito y exista un inminente riesgo.
“La urgencia en la que sustenta el argumento del apelante no existía, ya que tal intervención que se ordenó para obtener datos de los celulares, se hizo cuando el imputado ya se encontraba detenido y ya estaba la integración de la investigación, aunado a que ya se había encontrado el cuerpo sin vida de la víctima, por lo tanto, no correspondía esto a la búsqueda que se hacía en esos momentos de la víctima”, establece la sentencia de resolución del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora sobre la apelación.
Cuando Silvia se enteró del desestimamiento habló con el Ministerio Público y le reclamó.
“Ellos me dijeron que sí lo habían hecho [el trámite] que fueron con el juez federal para que diera la orden y que el juez federal les dijo que no era necesario, que lo ratificara el juez local, que fuera una ratificación del mismo, y el mismo juez que lo ratificó, es el mismo que lo desechó”.
“La justicia se nos está yendo por otro lado”, añadió la mujer.
Otra de las evidencias desestimadas es la de genética de la mancha hematica que estaba en la carcasa del celular del imputado. No fue admitida que no la ingresaron a la carpeta de investigación en tiempo y forma.
El expediente se cerró el 9 de septiembre y el Ministerio Público metió el medio de prueba cinco días después –el 14 de septiembre– y se le notificó a la defensa del acusado hasta el 24. La defensa se quejó porque no le notificaron a tiempo y argumentó violación a su derecho a la defensa, por lo que se desechó y no se tomará en cuenta para el juicio oral.
“Estamos a expensas de una burocracia, ¿por qué metieron [el M.P] la prueba después?”, criticó con impotencia la familiar de la víctima.
EL JUICIO
La familia está en espera de la fecha para la apertura del juicio oral y que con las pocas pruebas que les dejaron [el zapato con manchas de sangre y unos videos] puedan apelar al criterio de Juez y lograr justicia para Diana, pero temen que el hombre salga libre o que le den un castigo muy corto.
“A él sí le aceptaron todas las pruebas que puso, como el testimonio de su esposa, una línea del tiempo, todas se incorporaron al juicio, y a nosotros nos las rechazan porque violan la privacidad de él. ¿ Y la víctima qué? Es un feminicidio, ¿y nada?”, reprochó Silvia.
Además del dolor por la pérdida de Diana, su consanguínea se siente impotente ante el panorama visto en el proceso penal y en desventaja por tener solo a una defensoría de oficio contra un buffet de abogados experimentados en juicios orales, mientras que en el sistema de judicial de Sonora apenas empiezan.
“Aquí son los primeros juicios que se están llevando acabo, estamos en pañales”, expuso.
Se estima que la apertura de juicio podría darse entre mediados de marzo o principios de abril.
CARTA A LA GOBERNADORA
María A. Domínguez Félix, la madre de Diana, una mujer de 72 años con discapacidad visual, grabó un video en diciembre pasado. La mujer exige a la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, justicia para Diana Domínguez Félix.
Después de que se publicó el vídeo y se envió una carta a la mandataria estatal, los deudos no han recibido ningún tipo de respuesta, aseguró Silvia.
“¿Qué está pasando con la justicia? mi prima falleció, nos la quitaron de la noche a la mañana, ¿y él va a salir? Nos la mataron salvajemente, y que al final de cuentas los jueces nos digan no, que se viola el derecho de privacidad de él, ¿y nosotros qué derechos tenemos?”
La familia solicitó ayuda en su lucha para que el crimen no quede impune. Silvia, la prima, dijo sentirse sola en su causa, “que triste primero todo mundo ponía [algo de apoyo], y ahora se está olvidando”.
La prima hermana de la víctima pidió una visión justa en su caso.
“Se está yendo a un recoveco legal cuando ahí está la prueba, no le des a alguien la oportunidad de salir porque si ya mató una vez, ¿quién te dice que no va a volver a matar a otra?” advirtió la mujer.
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