En diciembre de 2012, al inicio de su Gobierno y tras seis años de guerra contra el narcotráfico, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una “nueva” estrategia de seguridad que ya no sería “reactiva” sino basada en la “planeación” y en la “prevención” del delito. A tres años de su iniciada su administración, en la revisión de 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó que ni la prevención del delito, ni la transformación institucional, ni los trabajos de inteligencia anunciados por el Jefe del Ejecutivo estaban funcionado. Ese año, el primero del actual sexenio en que la cifra de homicidios empezó a repuntar, al pasar de 15 mil 653 casos en 2014, a 17 mil 034 en 2015, el órgano fiscalizador halló que el número de intervenciones de la Policía Federal cayó un 40 por ciento, mientras que la Gendarmería tuvo “cero por ciento de avance” en sus metas de realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– Mientras que en México la comisión de delitos se mantiene a la alza, el trabajo de la corporación encargada de prevenirlos, la Policía Federal, va a la baja.
Datos del más reciente informe de la Auditoría Superior de Federación (ASF) indican que, entre 2012 y 2015, el índice delictivo en México se incrementó un uno por ciento, al pasar de 35 mil 139 delitos por cada cien mil habitantes a 35 mil 497 ilícitos tres años después.
Ese 2015, además, fue el primer año del actual sexenio en el que la cifra de homicidios empezó a repuntar, al pasar de 15 mil 653 casos en 2014 a 17 mil 034 el siguiente año.
Mientras, el número de intervenciones de la Policía Federal cayó un 40 por ciento, al pasar de 69 mil 672 operativos –detenciones, aseguramientos– en 2012, a 41 mil 783 en 2015.
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Una caída todavía mayor tuvieron los trabajos de inteligencia que, de acuerdo con la misma revisión, también van a la baja y que, entre 2012 y 2015, fueron menores un 63.4 por ciento.
Ambas actividades que se supone deberían diseñadas para disuadir conductas delictivas, además, fueron percibidas por la ASF como “inerciales”, “reactivas” y sin medios para determinar su efectividad.
“Con base en los resultados de generación de productos de inteligencia y operativos para la prevención del delito, se identificó que la PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad y medir su contribución en la prevención de los delitos”, dice la Auditoría de Desempeño 19-GB, hecha por la ASF para fiscalizar el trabajo de prevención del delito de esta corporación.
“La PF no acreditó la efectividad de los resultados obtenidos en 2015 (…) lo que impidió determinar el efecto de la disminución de operativos implementados por la PF de 2012 a 2015”, agrega.
En la mayor parte del periodo analizado por la ASF, la Policía Federal estuvo a cargo del abogado Enrique Galindo Ceballos, depuesto en 2016.
Al desagregar por tipo de operativos, además, la Auditoría encuentra que la mayoría de las actuaciones policiales fueron en carácter de auxiliar a los trabajos de las agencias del Ministerio Público; es decir, cuando los ilícitos estaban ya consumados.
Y sólo una minoría, expone la revisión, fueron exclusivamente preventivos (156) o de persecución (116), pero también con marcada tendencia a la baja.
“La ASF determinó que el número de operativos para la persecución de los delitos decreció en 71.3 por ciento, ya que pasó de 404 en 2012 a 116 en 2015; comportamiento similar mostraron los operativos de carácter preventivo, al disminuir en 74.3 por ciento, de 608 en 2012 a 156 en 2015; en tanto, los operativos que se relacionaron con ambos criterios, si bien decrecieron en 40.0 por ciento, pues pasaron de 68,672 en 2012 a 41,511 en 2015, fue menor entre 31.3 y 34.3 puntos porcentuales respecto de los otros dos rubros”, dice la ASF.
“Lo anterior permite inferir que, de mantenerse la tendencia decreciente de los operativos preventivos o de persecución realizados por la PF, llegará el momento en que todos los operativos sean considerados para la atención de ambos componentes de la política de seguridad pública, situación que no permitirá determinar la forma en la que opera la PF, ya sea de manera reactiva o preventiva, lo cual dificultará la definición de directrices para enfocar sus esfuerzos a atender y auxiliar los mandamientos ministeriales y judiciales, pero también para adelantarse a la comisión de los delitos mediante la disuasión, prevención e investigación previa a su ejecución”, agrega el dictamen.
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ESTRATEGIA DE PREVENCION FALLIDA
Luego de las situaciones de guerra que México vivió en el sexenio del Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando su plan de combate frontal” a la delincuencia organizada se vinculó con la muerte violenta de más de cien mil personas entre 2006 y 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una “nueva” estrategia que ya no sería “reactiva” sino basada en la “planeación” y en la “prevención” del delito.
“Vamos a planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo, pero, también, cada decisión estratégica y operativo específico. La política de seguridad y de justicia no pretende ser reactiva”, dijo Peña Nieto el 17 de diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“La prevención del delito y la participación ciudadana son instrumentos esenciales de esta nueva política de Estado. Vamos a enfocar los esfuerzos institucionales para atender las causas del fenómeno delictivo y no sólo sus consecuencias. Debemos disminuir los factores de riesgo para alejar a la sociedad actual y a las futuras generaciones de la delincuencia”, dijo al inicio de su administración el Jefe del Ejecutivo Federal.
Otra parte de la estrategia, dijo el Presidente entonces, sería la “transformación institucional”, para lo cual desapareció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que se había creado en los años del panismo; pasó la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y ordenó la creación de la división de la Gendarmería Nacional.
Luego, al publicar el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación, Peña Nieto especificó que ésta era la vía para mejorar las condiciones de seguridad previstas en su meta de lograr “un México en paz” y que define las estrategias de “una nueva política pública que enfatiza la prevención del delito, privilegia la recopilación y el uso de inteligencia”.
Para 2015, sin embargo, el órgano fiscalizador de la administración pública federal tuvo claro que ni la prevención del delito, ni la transformación institucional ni los trabajos de inteligencia anunciados por el Presidente estaban funcionado.
A la Gendarmería, por ejemplo, le encontró un “cero por ciento de avance” en sus metas de realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público, al acreditar que efectuó sólo 75 operativos de los 10 mil previstos.
Ninguna de estas intervenciones, además, arrojó información que le permitiera al órgano fiscalizador saber si dieron o no resultados, debido a que “no se definieron mecanismos de seguimiento y evaluación de sus objetivos y metas”.
Aun así, la Gendarmería requirió en 2015 un presupuesto de dos mil 842.4 millones de pesos.
“Implementó 75 operativos sin disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad, ni del Calendario Anual de Operaciones y tampoco justificó el cumplimiento de los tres supuestos bajo los cuales desplegó sus operativos, por lo que realizó acciones de manera inercial y careció de los resultados obtenidos con su intervención”, dice el dictamen de la Auditoría 18-GB, hecha a la Gendarmería.
Otro gasto destinado a la “prevención” del delito y sin explicación para la ASF son los tres mil 366 millones de pesos enviados a los estados y municipios a través de los subsidios para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y de Policía Acreditable (SPA).
“En opinión de la ASF, la falta de una evaluación que determinara los avances en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para prevenir y combatir la comisión de delitos de manera efectiva ocasiona debilidades en la coordinación que realiza el SESNSP, debido a que los sistemas de seguimiento del SPA y SUBSEMUN limitaron conocer la repercusión que tuvieron los 3,366,241.0 miles de pesos ejercidos por las entidades y municipios en la prevención de los delitos”, dice la revisión hecha al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y, en materia de trabajo de “inteligencia”, la ASF encontró que sólo un 5.2 por ciento de sus productos –fichas de información de personas vinculadas con ilícitos, mapeos, análisis de redes y otros– mostraron “planeación” mientras que, en general, la PF no justificó cómo estos “productos” contribuían a la anticipación de la ocurrencia de los hechos delictivos.
“La PF no dispuso de información para determinar la utilidad de los productos de inteligencia para la ejecución de operativos ni sus resultados, por lo que la PF careció de elementos para determinar su efectividad, y medir su contribución en la prevención de los delitos”, dice la ASF.
La revisión también encuentra que, entre 2012 a 2015, la PF desarrolló 537 mil 783 “productos de inteligencia”, de los cuales un 39.6 por ciento fueron “fichas de investigación” de personas vinculadas con la comisión de delitos pero no sentenciadas y un 28.8 por ciento fueron fichas delictivas con información de personas que ya han sido sentenciadas, mientras que el 31.6 fueron otros “productos”, como redes de vínculos, mapeos, diagnósticos y otros.
“El número de productos de inteligencia disminuyó 63.4 por ciento, de 190,621 en 2012 a 69,786 en 2015. De éstos, el 29.1 por ciento (20,337) se clasificó como preventivo, el 16.7 por ciento (11,634) de persecución y el 54.2 por ciento (37,815) se orientó hacia ambos componentes, ya que un producto de inteligencia puede ser utilizado tanto para la prevención como la persecución de los delitos”, dice la revisión.
“Lo anterior evidencia que, aunado a la disminución de los productos de inteligencia generados en el periodo 2012 a 2015, aquellos relacionados con la obtención de información parta evitar la comisión de los delitos previo a su ejecución representaron un porcentaje del 29.1 por ciento, en tanto que los relacionados con la persecución y los que se asociaron a ambas actividades (persecución y prevención) significaron el 70.9 por ciento”, agrega.
