El tema de la corrupción en el país no se solucionará si la alta burocracia no empieza por poner orden, dicen analistas. Critican que personajes como el Presidente y el Secretario de Hacienda hablen del tema, cuando nadie los sancionó por la compra de casas a contratistas del Gobierno federal. Como muestra de cómo los grupos políticos cuidan a sus propios miembros acusados de corruptos, hoy se dio a conocer que Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, fue defendido en una operación de Estado en España…
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– El Papa Francisco lo dijo directamente en Palacio Nacional, reunido con integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobernadores, integrantes del gabinete, jefes de partidos políticos y los empresarios de mayores recursos económicos en México.
“La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”.
Lo dijo mientras en el escenario colocado en el patio central lo escuchaba un Presidente, Enrique Peña Nieto, cuya pareja compró una residencia estimada en 86 millones de pesos a Grupo Higa, uno de los contratistas que él más favoreció cuando fue Gobernador del Estado de México.
Un hoy Jefe de todo el Estado mexicano que, como dijo en mayo de 2015 en Davos, Suiza, considera que la corrupción “es un asunto de orden, a veces, cultural, que es flagelo de nuestras sociedades”, y cuyo cambio, agregó entonces, debe ser “dentro de toda la sociedad”.
La corrupción, sin embargo, de acuerdo con expertos consultados, es un problema cuyo combate es necesario que se inicie precisamente en las élites, en las más altas esferas de la burocracia. De lo contrario, coinciden, si los subordinados observan que los abusos del poder público en beneficio privado quedan impunes en niveles tan altos como la Presidencia o las gubernaturas, la señal “no escrita” que se envía es que ese tipo de abusos son la regla; que no hay incentivos para no seguirla.
“Cuando la corrupción sucede en las altas esferas de la sociedad y del Gobierno, es mucho mas fácil que corra hacia abajo; eso es una tendencia universal y está contemplada incluso en los documentos teóricos sobre la corrupción que se han producido; es mucho más improbable que vaya en sentido inverso, de abajo hacia arriba”, dijo Mauricio Merino, profesor e investigador del Colegio de México e integrante de la organización Red por la Rendición de Cuentas.
“Cuando arriba hay voluntad de detener la corrupción de abajo, se bloquea, se inhibe y se actúa deliberadamente para que no suceda. Pero (si está arriba) es más fácil que baje, porque si las personas ven que las élites y los gobernantes se corrompen, esa es la señal no escrita de la regla del juego”, agregó.
Por tanto, plantea el académico, se pueden hacer pronunciamientos, foros o seminarios de ética pública –“y de hecho deben hacerse”– a favor del combate a la corrupción, pero basta un acto de vulneración de esta ética, o la sospecha de que el Jefe del Estado, como en México, utilizó su poder público en beneficio personal, para que las intenciones se vengan abajo.
“Es muy frágil el tema, y el ejemplo y el efecto de la demostración (de que no hay consecuencias) es sumamente poderoso en la materia”, agregó Merino.
CALIDAD MORAL EN DUDA
Marco Antonio Fernández, investigador de la organización México Evalúa y profesor de la escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, coincidió en que hay un efecto de “demostración” para el comportamiento de los subordinados. Por eso, cuestionó, con qué calidad moral podrían velar por el respeto a la ley funcionarios como el actual Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso –señalado también por la compra de una casa a Higa–, o el ex titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld.
“Sí hay un problema cuando el Secretario de Hacienda dice que considera que fue un error y no una ilegalidad la forma en la que hizo la operación de su casa en Malinalco, cuando uno observa a un antiguo comisionado del agua que cree que puede usar para fines privados un vehículo, en este caso un helicóptero, porque se le hacía tarde para sus vacaciones. ¿Qué efectos puede tener esto en la secretaria, el jefe de departamento que trabajan en la misma Conagua? ¿Cómo le puede decir el Secretario de Hacienda al resto de la burocracia que es importante cumplir con la ley?”, dijo Fernández.
Ernesto Gómez Magaña, de la organización Contraloría Ciudadana, agregó que la “estructura jerárquica” de la organización de la administración pública amplía la posibilidad de que la corrupción que se produce en los niveles más altos del poder político “permee” hacia abajo y mantenga los espacios que la posibilitan.
“Evidentemente, cuando la cabeza se percibe como impune, cuando tenemos esta percepción de que no es posible un castigo a un nivel alto, en una estructura jerárquica tan cerrada como el servicio público, eso permea hacia abajo”, dijo.
“Y de esa manera nos resistimos a adoptar medidas diferentes y las medidas y los esfuerzos de prevención son inocuos cuando vemos que no hay incentivos para dejar de ser corrupto; y si hay impunidad desde arriba, no hay ningún problema con eso y no hay nada que incentive al cambio”, agregó.
La responsabilidad principal, insistieron los entrevistados, está en los titulares del poder público que tienen la facultad de cerrar los espacios que generan la corrupción. Porque ésta, dijeron, puede ser “cultural”, pero, más que estar “en la cabeza de las personas”, se genera en los espacios de oportunidad que le da el poder público.
Un ejemplo, dijo Fernández, es cómo los ciudadanos mexicanos cambian en cuanto cruzan la frontera a Estados Unidos y respetan leyes –de tránsito, por ejemplo– que probablemente en México no respetan. “Los incentivos a cometer actos de corrupción se fundamenten en la impunidad que permite llevarlos a cabo sin consecuencias jurídicas o administrativas, y en ese sentido es de orden estructural, porque las instituciones, en el caso de México, no tienen la eficacia que se necesita para cerrar los espacios a las prácticas de corrupción y reducir los incentivos para llevarlas a cabo”, agregó.
El mensaje, consideraron los entrevistados, cobró importancia en la medida que recordó a los titulares del poder político reunidos en Palacio Nacional que esos actos de corrupción tienen consecuencias.
“No ha habido otro jefe de Estado que venga a manifestarse de esa manera”, dice Gómez Magaña.
“Sería ingenuo pensar que, si reúne a la clase política en un lugar como Palacio Nacional, no se dirija a esas personas y tenga algo qué decirles particularmente: que tendrían ver más allá en los efectos de la corrupción, que la corrupción no es una cuestión de individuos, sino que ese uso inadecuado de lo público genera evidentemente consecuencias en lo social; esa es la suma del mensaje”, agregó.
Con él coincidió Fernández: “Porque el abuso del poder publico sí tiene como damnificados a los menos favorecidos, y en la responsabilidad a la que llamó a los gobernantes en Palacio Nacional, las palabras del Papa destacan en tanto que sí es necesario que estas autoridades entiendan la responsabilidad de poner el ejemplo al resto de los funcionarios y después a la sociedad por realmente actuar conforme al Estado de Derecho”, dijo.
“Si hasta arriba se cometen actos de corrupción con impunidad, es difícil la credibilidad a la burocracia y la ciudadanía y la importancia de hacer cumplir con la ley”, expresó.
