Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz ha pretendido ocultar los vínculos con su empresa OMEI, que tan sólo de 2015 y 2023 facturó más de 400 millones de pesos. Pero documentos y declaraciones oficiales la exhiben: ella la fundó en sociedad con su esposo en 1998; aseguró que donó sus acciones a su hija en 2011, pero tres años después seguía siendo la apoderada legal y recibía ganancias.
Toda esta historia quedó oculta en documentos públicos que Gálvez presentó como servidora pública. Inclusive aseguró que OMEI era únicamente un negocio de su esposo, pero aún así no lo declaró como conflicto de interés.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez se ha deslindado de la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI). En sus seis declaraciones patrimoniales públicas no aparece, pero de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP), la precandidata presidencial del PRI y PAN no solo fue fundadora, sino que después de que afirmó que su hija Diana Vega tomó el poder en la empresa, es ella quien continuó al frente.
Además, siendo Delegada de Miguel Hidalgo, ella recibió pagos por parte de su empresa familiar por “servicios profesionales”. Toda esta historia quedó oculta en los documentos públicos oficiales que Gálvez presentó como funcionaria pública: aseguró que OMEI era un negocio de su esposo y aún así no la declaró como conflicto de interés.
SinEmbargo consultó a Gálvez a través de portavoz, Maximiliano Cortázar, sobre su participación accionaria en OMEI. Respondió lo siguiente:
“Al momento de constituir la empresa, en el año de 1998, Xóchitl Gálvez contaba con una participación accionaria del 70 por ciento. Fue facultada como Administradora Única de la sociedad. En 2010, la sociedad aceptó su renuncia a dicho cargo y se designó a Diana Vega como Administradora Única. En 2011, Xóchitl le donó el 100 por ciento de sus acciones a Diana [Vega Gálvez]”.
Estos datos se contraponen con los documentos oficiales.
En el Registro Público hay dos documentos referentes a Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.
El primero data del 6 de mayo de 1998 cuando se constituye con 140 acciones para Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y 60 para Rubén Sánchez Manzo, su esposo. Ella quedó como apoderada y él como operador.
El segundo documento, consultado a finales de 2023, tiene fecha del 14 de octubre de 2014, es decir, de tres años después de que Diana Vega Gálvez, según la candidata, tomó poder de la empresa.
En éste no figura el nombre de Diana Vega. Se trata de la constancia de una asamblea general ordinaria y se enlista a los funcionarios y/o apoderados. En primer lugar está Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz como apoderada con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio y de administración.
OMEI es una empresa que de 2015 a 2023 ha celebrado 36 contratos con dependencias públicas por un monto de 406 millones 896 mil 535 pesos, la mayoría obtenidos en la actual administración.
A pesar de que en los documentos oficiales se muestra el papel que ha tenido Gálvez en OMEI, en sus declaraciones patrimoniales solamente la mencionó como un negocio de su cónyuge.
Sólo cuando fue Alcaldesa de Miguel Hidalgo declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V., pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como Senadora, omitió consignar su relación con OMEI.
La primera declaración patrimonial que se cuenta es la que presentó el 30 de octubre de 2015 cuando inició su periodo como Delegada de Miguel Hidalgo. En el apartado de sus ingresos indicó que su esposo era “accionista de la empresa OMEI”. En el apartado de las inversiones, de nueva cuenta aparece que su esposo es el “accionista en OMEI”, ella únicamente en High Tech Services.
La siguiente declaración tiene fecha del 20 de mayo de 2016. Ahí añadió que los ingresos anuales de su esposo, por su participación en OMEI, fueron de 2 millones 407 mil 127 pesos.
En este punto surge un dato no conocido hasta el momento, ya que ella siendo Delegada informó que recibió un pago por “Conferencias y Servicios Profesionales” provenientes de sus dos empresas; del municipio Uriangato y de Target Marketing Asesores S.C., empresa que se dedica a dar cursos. En conjunto por actividades que no indicó, ganó 1 millón 619 mil 828 pesos.
Para la declaración del 12 de mayo de 2017, de nuevo, siendo Delegada, brindó servicios a sus empresas y recibió de OMEI 56 mil 643 pesos y de High Tech, 173 mil 291 pesos. Su esposo, por su actividad en OMEI, obtuvo 480 mil pesos.
Cuando presentó su declaración final, el 23 de abril de 2018 la información se redujo. Ya no indicó las fuentes de 229 mil 934 pesos de ingresos por “actividades profesionales” y negó tener inversiones a pesar de lo estipulado en el Registro Público de la Propiedad.
En ninguno de estos cuatro documentos declaró tener conflicto de interés con OMEI aunque afirmó que su esposo era el accionista.
La historia se repitió en las declaraciones que presentó como Senadora. La del 19 de mayo de 2021 señaló que su esposo era Socio y Director General de OMEI, puesto que ha ocupado desde el 6 de mayo de 1998.
Sobre ella informó que sus ingresos en ese año fueron de 11 millones 591 mil 127 pesos por su cargo público (1 millón 437 mil 127 pesos), de High Tech Services (750 mil pesos) y por Enajenaciones y otros ingresos (8 millones 480 mil pesos).
En su última declaración como Senadora, al igual que la última que presentó como Delegada, quitó mucha información, esto a pesar de ser ya la precandidata presidencial de PRI, PAN y PRD.
Informó sólo de sus ingresos por cargo público (1 millón 689 mil 328 pesos). Desaparece su participación en High Tech Services; desaparece la información de su esposo y desaparece el apartado de los conflictos de interés, en donde de nueva cuenta informó de ninguna de sus dos empresas familiares.
