La extorsión se ha convertido en los últimos años y, específicamente, meses, en un problema cada vez más grave. Así lo evidencian los recientes episodios de violencia, particularmente en estados como Michoacán, Guerrero y el Estado de México, que revelan cómo el crimen organizado ha consolidado su participación en este tipo de delitos.
Ciudad de México, xx de enero (SinEmbargo).– En los últimos seis años, entre enero de 2018 y octubre de 2023, delitos como los homicidios y secuestros disminuyeron en México, mientras que otros, como la extorsión, no dejaron de crecer a pesar del cambio de Gobierno a finales de 2018, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
El reporte contempló 14 delitos de alto impacto durante los períodos enero-octubre de 2018-2023, a partir de los datos públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Analizando el periodo de enero a octubre entre 2018-2023, la disminución se dio en 11 delitos, mientras que en tres hubo aumentos en estos seis años. Con respecto solamente al periodo enero-octubre de 2023, seis de estos delitos dieron como resultado una disminución de cifras con respecto a 2022, mientras que en los ocho restantes hubo un aumento.
NE 211 revUno de los que creció en ambos análisis es la extorsión, por lejos. “A nivel nacional y en términos absolutos, el delito de extorsión tuvo un crecimiento anualizado de 1.19 por ciento durante el período enero-octubre de 2023, respecto al mismo período del año anterior; mientras que dicho delito tuvo una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 26.02 por ciento durante los períodos enero-octubre de 2018-2023”, concluye el trabajo del BID.
Además, a nivel nacional y en términos relativos (por cada 100 mil habitantes), el delito de extorsión tuvo un crecimiento anualizado de 0.29 por ciento durante el período enero-octubre de 2023, respecto al mismo período del año anterior; mientras que dicho delito tuvo una TMCA de 23.52 por ciento durante los períodos de enero-octubre de 2018-2023.
El reporte detalló que, en términos absolutos tuvieron una tasa media de crecimiento anual negativa a nivel nacional durante los períodos enero-octubre de 2018-2023 –es decir, que disminuyeron– fueron: homicidio doloso; secuestro; robo a casa habitación con violencia; robo a casa habitación sin violencia; robo de vehículo automotor de 4 ruedas con violencia; robo de vehículo automotor de 4 ruedas sin violencia; robo de motocicleta con violencia; robo a transportista con violencia; robo a transportista sin violencia; robo a negocio con violencia; y robo a negocio sin violencia.
En cambio, los delitos que en términos absolutos tuvieron una TMCA positiva a nivel nacional durante los períodos enero-octubre de 2018-2023 fueron: homicidio culposo; robo de motocicleta sin violencia; y la extorsión.
A nivel nacional, de enero a noviembre de 2023, se registraron 10 mil 255 víctimas de extorsión, representando un incremento del 0.80 por ciento respecto al mismo período de 2022, que contabilizó 10 mil 172 víctimas del mismo delito.
A nivel nacional, en los últimos cinco años, de 2018 a 2023, las víctimas de extorsión han ido en aumento. Por ejemplo, en 2018 se registraron seis mil 895 víctimas en este delito, según cifras registradas en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que en el 2019 hubo nueve mil 003, un incremento del 30.5 por ciento.
Las entidades con el mayor número de víctimas de extorsión en los últimos cinco años fueron: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, y Zacatecas, siendo el territorio mexiquense en donde se registraron, durante ese periodo y de manera consecutiva, el mayor número de casos de extorsión, según datos del SESNSP.
UN PROBLEMA CADA VEZ MÁS SERIO
La extorsión se ha convertido en los últimos años y, específicamente, meses, en un problema cada vez más grave. Así lo evidencian los recientes episodios de violencia, particularmente en estados como Michoacán, Guerrero y el Estado de México, que revelan cómo el crimen organizado ha consolidado su participación en delitos del fuero común, sobre todo los relacionados precisamente con este delito, que les permite recaudar fondos y mantener sometidas a poblaciones desprotegidas por las autoridades.
Se tratan de el enfrentamiento de pobladores contra integrantes del crimen organizado que los extorsionaban en Texcaltitlán, Estado de México; el secuestro con fines de extorsión a comerciantes de pollo en Toluca; el enfrentamiento a tiros durante una romería en Iztacalco, Ciudad de México; y el rapto de 32 migrantes en Tamaulipas.
Un caso adicional se presentó en Michoacán, donde se ha reportado que el cártel de Los Viagras ha instalado antenas de conexión a Internet, imponiendo a los residentes la obligación de pagar tarifas exorbitantes para acceder a su servicio de wifi. De acuerdo con la información divulgada esta semana por la agencia de noticias AP, aquellos que se niegan a cumplir con estos pagos enfrentan la amenaza de ser víctimas de actos violentos, inclusive asesinatos.
En la capital mexicana el delito de extorsión ha tenido varios repuntes, por ejemplo, en 2018, se registraron 536 víctimas de extorsión y para 2019, esta cifra incrementó a 883. En 2020, las víctimas disminuyeron a 360, pero para el 2021 volvieron a aumentar a 543. Durante el 2022, hubo 368 casos de extorsión, mientras que en lo que va de este 2023, de enero a noviembre, los casos ya suman 494.
El Estado de México fue la entidad con el mayor número de víctimas de extorsión, de 2018 a lo que va de este 2023, cifras que también fueron incrementando año con año. En 2018, las víctima por este delito sumaban mil 629, según datos mensuales del SESNSP, pero para el 2019, el número de casos se elevó a dos mil 487, 858 víctimas más de un año a otro, los que se traduce en un aumento del 52 por ciento en ese delito.
El aumento de delitos por extorsión también se observa en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que se indicó que durante el 2022, hubo 26.8 millones de delitos a nivel nacional, lo que representa una tasa de 28 mil 701 delitos por cada 100 mil habitantes.
El delito de extorsión fue el tercero más frecuente a nivel nacional, con cinco mil 056 casos, por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en el 17.6 por ciento del total de delitos, sólo detrás del delito de fraude, con cinco mil 770 casos por cada 100 mil habitantes, y del robo o asalto en la calle o en el transporte público, con cinco mil 689 casos por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo, la ENVIPE destacó que durante el 2022, sólo se denunciaron el 10.9 por ciento del total de los delitos que tuvieron lugar, lo que evidencia que es la existencia de una cifra negra de delitos no denunciados.
A esto se suma el reporte de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado (GI), la cual, después de analizar los esquemas extorsivos en los países del llamado Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—, así como en Colombia y México, halló cómo las pandillas dedicadas a la extorsión, tanto como sus imitadores, están continuamente ensayando nuevas técnicas para garantizar que sus pagos sigan fluyendo.
Las víctimas de un delito recurrente pueden con el tiempo dejar de verlo como un delito. Es el caso de los dueños de negocios que llevan tanto tiempo pagando cuotas extorsivas que las ven como un gasto de operación al mismo nivel que los impuestos.
El informe de la GI halló que, con el tiempo, las mismas cuotas extorsivas habían llegado a ser aceptadas en general y que inclusive las víctimas ni siquiera se referían a esos pagos regulares como “renta”, “piso”, “vacuna” u otra jerga común para cobros extorsivos. Los dueños de los negocios solo daban esos términos a nuevas cuotas o incrementos en los pagos.
Un reportaje de InSight Crime en julio de 2022 halló que las tasas de interés podían llegar hasta 500 por ciento. Si los usuarios no lograban reembolsar la suma exigida, las aplicaciones permitían a los criminales capturar los datos guardados en el teléfono, como fotografías o detalles de contacto de parientes, que luego usaban en nuevas tentativas de extorsión. Además, podían enviar mensajes insultantes o incómodos por WhatsApp o las redes sociales para forzar el pago.
