El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, de la organización World Justice Project, destaca que la justicia Penal cayó de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.
Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El desempeño de los sistemas de justicia de al menos 14 estados del país ha caído, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, un estudio realizado por World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés), el cual, captura las percepciones de al menos 12 mil 800 personas y más de 2 mil 100 especialistas en los 32 estados del país.
Morelos es uno de los estados con malas calificaciones. En esta entidad la Fiscalías ha enfrentado críticas por su desempeño en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, hallada sin vida el 31 de octubre pasado en la carretera “La Pera-Cuautla”, en Tepoztlán, donde esta autoridad concluyó que la causa de muerte había sido broncoaspiración por intoxicación alcohólica.
El dictamen fue cuestionado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al señalar que fue feminicidio; mientras que la Fiscalía General de la República reveló esta semana que Ariadna murió a causa de un golpe contundente en la cabeza, producido por descargas de un objeto o por contacto de la cabeza contra una superficie dura.
Otros casos son los de Debanhi Susana Escobar, en Nuevo León, y Luz Raquel Padilla Gutiérrez, en Jalisco, que han ilustrado “la indolencia y las deficiencias en las investigaciones” con las que aún operan las autoridades, a pesar de la existencia de las Alertas de Violencia de Género (AVG), según han alertado especialistas en la materia.
Luz María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Karla Micheel Salas Ramírez, abogada que coordinó el trabajo jurídico del primer caso de feminicidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Campo Algodonero vs. México”, han señalado en entrevistas previas con SinEmbargo que estos casos son una muestra de las deficiencias e irregularidades en las investigaciones.
“El caso de Debanhi también es representativo de las deficiencias que continúan en la mayor parte de las investigaciones de muertes violentas de mujeres. Resulta lamentable que en un caso digamos que recibió tanta atención, que llevó a una movilización social y una ‘movilización’ de las propias autoridades y que, a pesar de toda esta atención y presión, hasta internacional, que se estaba recibiendo, pues se cometen este tipo de deficiencias”, expresó Micheel Salas, en una entrevista a SinEmbargo.
Otro caso que también ha puesto en la palestra el actuar de las fiscalías así como del sistema penal y penitenciario ha sido la fuga de internos en el Cereso estatal 3, en Chihuahua, que generó que el Fiscal Roberto Fierro Duarte, fuera cambiado de puesto.
Estos casos ponen en evidencia que la impartición de justicia y la actuación de las fiscalías en los estados es aún uno de los grandes pendientes en el país.
La edición 2021-2022 del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, un estudio realizado por World Justice Project concluye que existe un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país.
“Este año, fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances. Este deterioro contrasta con los patrones observados en las ediciones anteriores y se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción”, destaca el estudio elaborado por la asociación.
La más reciente edición del Índice señala que además de la caída en el desempeño de las fiscalías, también hay un grave estancamiento en el combate de la corrupción.
De acuerdo con el estudio, la justicia penal cayó de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, en tanto que, en 10 entidades, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas se mantuvo sin cambios.
En cuanto a la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, el reto se acentúa, pues la eficacia cayó en 18 estados, “y ya había caído en 15. Muestra de ello es la cifra negra —los delitos que no se denuncian— la cual llegó al 93.3 por cierto en el país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI”, señala el estudio.
Los estados en los que la eficacia de las investigaciones descendió son: Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
La organización también destaca que no hay avances en cuanto a la lucha contra la corrupción, pues en la medición de “ausencia de corrupción”, el índice en 16 estados: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Lis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
¿CÓMO SE MIDE EL ESTUDIO?
El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 es un estudio con datos e indicadores que se organizaron en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Así como 42 subfactores, entre los que están la medición a la justicia penal y eficacia de las investigaciones.
“Estos factores resumen distintas manifestaciones del Estado de Derecho, proveen información acerca de las fortalezas y debilidades institucionales de cada entidad y sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño”, destaca el estudio.
El análisis califica con puntajes, que oscilan entre 0 y 1, donde uno significa que la entidad cuenta con la máxima adhesión al Estado de Derecho y 0 que tienen una débil al estado de derecho. Los estados con la mayor debilidades en el Índice en general son Guerrero con apenas un 0.32 de puntuación, seguido por las entidades de Morelos con una puntación de 0.35, así como Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México, con 0.36; Puebla y Tabasco con 0.38.
Las entidades que obtuvieron la puntuación en el Índice en general para medir el estado de derecho más alta fueron Querétaro, 0.40; Yucatán, 0.47; Guanajuato, Aguascalientes y Sonora con 0.476; así como Durango, Nuevo León y Zacatecas con una puntuación de 0.42.
“Por lo que todos los estados tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho. Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 no son estrictamente comparables con los puntajes globales porque, aunque se basan en la metodología que el WJP ha utilizado durante más de una década a nivel global, el marco conceptual y metodológico se adaptó y fortaleció para reflejar el contexto nacional”, destaca el estudio.
Con relación a los factores, el estudio señala que los indicadores con más caídas fueron el de la ausencia de corrupción en el poder judicial, el cual, registró una caída en 21 estados, es decir, que en esas entidades decayó la ausencia de corrupción. Respecto a la medición sobre la ausencencia de corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia, en al menos 17 estados se registró un descenso.
En contraste, los datos del Índice también destacan que, a pesar de que el país todavía enfrenta una grave crisis de seguridad, sí se han registrado avances, pero estos son ligeros.
“El puntaje para medir el factor de la sensación de seguridad de las personas subió en 24 entidades federativas”.
La garantía a los derechos de las víctimas, adhesión al debido proceso y la imparcialidad, independencia y la ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, son los indicadores en los que más entidades federativas retrocedieron. La garantía a los derechos de víctimas disminuyó en 18 estados, la adhesión al debido proceso en 19 estados; y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal cayó en 18 entidades.
Las fiscalías estatales no sólo han sido criticadas por su bajo desempeño sino también por el papel de los fiscales transexenales, mismo que se ha puesto nuevamente en duda frente a los señalamientos en contra de uno de ellos, el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara —herencia del Gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu—, cuya labor ha sido cuestionado a raíz de las deficiencias en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz.
No es la primera vez que el actuar de un Fiscal, con señalamientos de haber sido impuesto por un Gobernador saliente, enfrenta cuestionamientos. El pasado 17 de enero, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acusó nuevamente a Uriel Carmona Gándara “por encubrir el feminicidio de Ariadna” Fernanda López Díaz.
Si bien la polémica que enfrenta Carmona Gándara es la más reciente, lo mismo ha ocurrido con el Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, quien fue herencia del panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, hoy detenido y vinculado a proceso por desaparición forzada.
Otro caso es el del Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien ya lleva al menos 13 años en el cargo mientras esa entidad es una de las más violentas del país.
