Un Juez federal concedió a la defensa de Lozoya ponerle un brazalete con localizador al exfuncionario como medida cautelar en el proceso que se sigue en su contra por Agronitrogenados, pero para salir de la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también por Odebrecht.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– La Unidad de inteligencia Financiera (UIF), que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la resolución del un Juez federal que ordenó liberar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La medida, que otorgó un tribunal unitario, señala que se le retire la medida cautelar de prisión preventiva a Lozoya, aunque se le colocó un brazalete localizador por el proceso que sigue por el caso Agronitrogenados.
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 22, 2022
“La Secretaría de Hacienda, en su carácter de parte ofendida en el proceso penal, presentó este viernes 21 de enero una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la constitucionalidad de dicha resolución y solicitó la suspensión de sus efectos a fin de evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos”, detalló la dependencia en un comunicado compartido en sus redes sociales.
No obstante, la UIF precisó que Lozoya no alcanza liberación por la resolución del Juez, pues se encuentra sujeto a prisión preventiva por otra causa, la de los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecth, la cual sigue vigente.
Para la apelación presentada por la defensa del exfuncionario contra la prisión preventiva, se requirió al Juez de control del Reclusorio Norte para ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas su cumplimiento.
El exdirector de Pemex enfrenta dos juicios: el primero por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados y por los sobornos recibidos de Odebrecth.
Por el primer caso, Lozoya Austin está acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, causa en la que el Juez concedió cambiar la medida cautelar, pero para salir de la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal en su contra por Odebrecht, en el que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, solicitando una sentencia de 39 años y la reparación de daño por siete millones de dólares.
Lozoya fue arrestado a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado 3 de noviembre ingresó en prisión preventiva a petición del Ministerio Público tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo, cuando supuestamente estaba bajo prisión domiciliaria y tenía puesto un brazalete electrónico.
Asimismo, la FGR consideró que debido al nivel jerárquico que tuvo Lozoya dentro del Gobierno cuando dirigía la estatal Pemex (2012-2016), se debe imponer la pena máxima que la ley contempla por los tres delitos que se le imputan.
Emilio Lozoya fue detenido en febrero del 2020, en Málaga, España, al contar con órdenes de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero fue hasta el 16 de julio de ese mismo año que inició el proceso de extradición, con su traslado desde la cárcel Navalcarnero en un avión de la FGR.
El que fuera director de la petrolera estatal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la Reforma Energética de Peña Nieto.
También se le acusa por haber ordenado como director de Pemex la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.
