El PAN se molestó, en diciembre pasado, cuando el Gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello desplegó una campaña personal con dinero público bajo el disfraz de su informe de gobierno, pero guardó silencio cuando se le reclamó que Rafael Moreno Valle hizo lo mismo en Puebla. Gobernadores, alcaldes, diputados y senadores disponen de cientos de millones de pesos cada año en autopromoción, y organizaciones civiles, líderes de opinión y hasta políticos opositores llaman a frenar este gasto inconsciente. Pero, en los hechos, ¿por qué no están reguladas estas campañas? La respuesta está en los mismos partidos políticos...
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- En diciembre pasado, el Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello hizo enojar a ciudadanos, políticos, líderes de opinión y sociales. El rostro del joven político emanado de una coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) apareció en el Distrito federal y en al menos otros cinco estados del centro del país. La justificación para esa campaña –calificada por algunos como “grosera”, “insensible” y “abusiva”– fue su informe de gobierno. Pero los anuncios desplegados no hablaban de la entidad que gobierna, sino de él.
Velasco Coello, de 33 años, hijo de familias pudientes, gobierna el estado más pobre de México. Cálculos independientes indicaron que sólo colocar su rostro en espectaculares y camiones de toda la Ciudad de México había costado unos 10 millones de dólares. “El gasto de publicidad e imagen [de Manuel Velasco Coello] supera el doble que el Gobernador que lo antecedió [Juan Sabines Guerrero] utilizó en dos años”, afirmó Univisión.
El subcomandante insurgente Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dijo que la campaña era “masiva, costosa, ridícula e ilegal”. Cuestionó a la prensa que antes lo cuestionaba y ahora lo calificaba de “hombre de Estado”. Dijo: “El autodenominado ‘gobernador’ de Chiapas, México, ha declarado solemnemente que su administración ‘se ha apretado el cinturón’ con un programa de austeridad. Como muestra de su decisión, se ha gastado más de 10 millones de dólares en una campaña publicitaria nacional que no por masiva y costosa es menos ridícula… e ilegal”.
“Pero como algunos medios se llevan su tajada –agregó el subcomandante insurgente–, el ‘imberbe’, ‘inexperto’ e ‘inmaduro’ empleado de un negocio que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni es de México (bueno, ni él es gobernador, así que para qué detenerse en detalles) es ahora, en las páginas y segmentos de la misma prensa que lo atacaba por ‘niñato’, un ‘hombre de Estado’ que no gasta en su promoción personal, sino ‘en atraer turismo a Chiapas’”.
El 7 de enero, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció una denuncia ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del Gobernador de Chiapas. Pero los especialistas dijeron que simplemente esa demanda no tendría efecto.
Jesús Navarro Olvera, analista especializado en financiamiento de partidos, dijo que “lamentablemente no existe una legislación punitiva secundaria reglamentaria del artículo 134 constitucional al respecto, por lo que no se prevén todavía sanciones ante la vulneración de la Constitución”. Y es cierto. La publicidad de las acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales es una obligación que ha sido desvirtuada y se ha reducido a un conjunto de campañas publicitarias, spots televisivos, propaganda política y culto a la imagen personal de los servidores públicos, que ha costado millones de pesos del dinero de los contribuyentes.
La realidad es que ningún partido –y tampoco gran parte de la prensa mexicana– ha presionado lo suficiente para que el dinero público ejercido en campañas personales disfrazadas como “informes de gobierno”, por ejemplo, sea regulado.
No obstante el enorme costo al erario que representa –tan solo en las dos administraciones panistas, del año 2000 al 2012, significó un gasto de más de 34 mil millones de pesos–, éste ha sido un tema que diputados y senadores han dejado de lado en las reformas políticas posteriores a 2007, año en que se estableció en la Constitución la prohibición del uso propagandístico en los mensajes gubernamentales, así como la compra de espacios en medios de comunicación en épocas electorales.
Tras seis años de parálisis, este tema no se tocó dentro de la reciente Reforma Política Electoral, aprobada a finales del año pasado, bajo el argumento de que era necesario esperar la declaratoria de reforma constitucional antes de abordar este asunto que resulta incómodo a los gobernadores de todos los partidos políticos, porque diariamente se sirven del vacío legal.
“Esta situación no es novedosa”, dijo el maestro Héctor Quintanar, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Detalló que la promoción de la imagen política es tan añeja como la política misma. Sin embargo, aclaró que la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población, con el propósito de difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales.
En otras palabras, la necesidad de difundir acciones de gobierno no debe ser pretexto para que funcionarios compren abierta y/o subrepticiamente espacios para promover su carrera política, o fijar posicionamientos a favor del discurso oficial y en contra de las oposiciones, acciones que están prohibidas en el párrafo octavo del Artículo 134 constitucional.
Las organizaciones de la sociedad civil Artículo 19 México y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, entre otras, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo en documentar y analizar el gasto gubernamental en los medios de comunicación. Antonio Martínez, oficial de comunicación de Artículo 19, México, dijo con preocupación que la opacidad y discrecionalidad en la asignación del gasto en comunicación social, es la constante en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
“El gasto no se ha reducido, por el contrario y se sigue asignando de manera discrecional. Al no informar sobre cómo ejerce ese gasto, el gobierno federal está faltando a diversos compromisos. Primero al que el Presidente Peña Nieto se comprometió como candidato Presidencial; segundo al compromiso número 95 del Pacto por México para legislar en materia de publicidad gubernamental y tercero a un compromiso establecido en uno de los artículos transitorios en la Reforma Política”, afirmó Martínez.
Agregó que existen mecanismos del gobierno federal para informar periódicamente sobre los montos generales del gasto en promoción, sin embargo, lo que no explican, aclaró, es la forma en cómo se distribuye el gasto o los criterios sobre las políticas de comunicación social.
“Es relativamente fácil obtener información, mandas solicitud de información y sí te responden tus preguntas. El problema es que no sabemos en qué se gastan lo que se gastan. El monto es escandaloso, pero es más escandaloso que no sabemos los criterios en la asignación, es decir cómo se gasta y cómo se decide en qué se gasta. Tampoco hay lineamientos claros sobre las campañas, ¿son informativas? ¿son para posicionar el nombre del Presidente? No lo sabemos”, apuntó el representante de Artículo 19 para México y Centroamérica.
GASTO DE PEÑA NIETO
Fundar recordó que la regulación del uso de la publicidad oficial es una promesa presidencial que no se ha cumplido. El 13 de julio del 2012, el entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno.
A la fecha este compromiso sigue sin cumplirse. Por el contrario, Fundar calcula que Peña Nieto presupuesta tanto como el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en este rubro, quien gastó más de 20 mil millones de pesos en comunicación social durante su sexenio.
Para este 2014, la Presidencia de la República presupuestó un gasto de dos mil 116 millones de pesos, similar a lo presupuestado en los últimos tres años. Todavía no se conocen con precisión los recursos gastados para publicidad oficial en 2013, sin embargo, Fundar recuperó un informe de la Presidencia enviado al Senado en julio del año pasado, sobre el gasto en publicidad oficial para el periodo enero-junio de 2013.
En dicho informe, el Ejecutivo gastó 162 mil 78 millones de pesos. Sin embargo, estas cifras no integraban los gastos de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría de Turismo, las cuales han erogado más en publicidad oficial históricamente.
Por otra parte, a mediados del 2013, senadores de oposición criticaron la enorme campaña publicitaria del gobierno federal para promover las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto, principalmente, la relativa a la urgencia de contar con una Reforma Energética.
La presión social fue tal, que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, anunció durante su comparecencia ante el Pleno del Senado que el Presidente Peña Nieto giró instrucciones a todas las áreas de comunicación social del gobierno de la República para que se suspendieran las campañas de difusión gubernamental.
El funcionario informó que ese tiempo en radio y televisión sería destinado a informar a la población sobre las acciones para paliar los efectos negativos tras el paso de huracán “Manuel” en diversos estados de la costa del Pacífico, principalmente en Guerrero.
Una vez que pasó la crisis, la Presidencia continuó con su campaña de difusión y actualmente la población es bombardeada con una gran cantidad de spots en radio y televisión para que la sociedad se informe sobre los beneficios de la Reforma Energética, así como de la conveniencia de evaluar a los maestros, tras la Reforma Educativa.
“Claramente regresó la propaganda gubernamental y claramente está creando una falsa expectativa de que van a bajar los precios de los energéticos, casi por arte de magia, con la Reforma Energética”, afirmó el Senador Javier Lozano Alarcón, de Acción Nacional, integrante de la Comisión Permanente, durante la discusión en comisiones de un punto de acuerdo para legislar en la materia.
NI LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Este vacío ha provocado que ni siquiera los partidos políticos puedan denunciar o sancionar a los propios actores políticos que incurren en escandalosos gastos para promocionar su imagen.
Uno de los casos más sonados, fue el del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien presuntamente gastó 10 millones de dólares, aproximadamente 130 millones de pesos, en una campaña en medios de comunicación electrónica que alcanzó al Distrito Federal, y los estados de México, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Sinaloa.
Asimismo, un despliegue de propaganda en revistas de gran circulación que poco tiene que ver con el ámbito político como Tv Notas y Quién; promoción en televisión en la sección de espectáculos y noticias, tanto de Televisa como de Tv Azteca; anuncios en periódicos circulación nacional como El Universal, Reforma o La Jornada; en el transporte público de la Ciudad de México: paradas de camiones, espectaculares, incluso salas de cine; todo esto, sin hablar de la promoción en redes sociales.
“A casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde reside el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, se llevó a cabo una campaña mediática digna de una corporación trasnacional, pero financiada por recursos públicos del estado más pobre del país”, lamentó la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional.
Ante esta situación y sin tener la certeza de a quien compete sancionar a los gobernadores que compren espacios mediáticos en época no electoral, el PAN presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una queja para denunciar las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del Primer Informe del Gobernador chiapaneco.
Los panistas argumentaron que la campaña personalizada del mandatario es visiblemente contradictoria con lo previsto tanto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como del artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Pero lo más obsceno es que el Gobernador haya gastado más de diez millones de dólares en algo tan banal en un estado, que según información del Coneval, es el más pobre país y que requiere de tantos recursos como sean necesarios para abatir la pobreza, la pobreza extrema y en donde la población tiene en promedio 6.7 años de educación por habitante”, detalló la Senadora Torres Peimbert.
“Es imposible argumentar que el gasto que ejerció el mandatario con motivo de su informe, constituya un beneficio a favor de los chiapanecos, por el contrario resulta evidente que la campaña está diseñada para favorecer los intereses y aspiraciones políticas del Gobernador a corto, mediano y largo plazo”, se lee en un punto de acuerdo suscrito por legisladores panistas, presentado ante la Comisión Permanente.
Hasta el momento, el gasto de 10 millones de dólares del Gobierno de Chiapas es sólo un cálculo de analistas, pues aun no se tiene una cifra oficial de las cifras del gasto en propaganda del Gobernador Manuel Velasco.
NEGOCIO PARA TELEVISORAS
La “spotización” de las actividades gubernamentales significa también un jugoso negocio para los medios de comunicación masiva, principalmente para la televisión.
Como referencia, en la campaña Presidencial de 2006 los partidos políticos gastaron mil 967 millones 80 mil 570 pesos en contrataciones en radio y televisión.
Por su parte, el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón erogó 20 mil 501 millones 987 mil pesos en gastos de comunicación social, mientras que el ex Presidente Vicente Fox gastó 14 mil 600 millones 601 mil pesos.
El maestro Héctor Quintanar refirió que el gasto en propaganda gubernamental se disparó a partir del 2000, año en que cambiaron las reglas del juego político, pues el mismo candidato Presidencial Vicente Fox, basó su campaña en su imagen personal más que en la difusión de un proyecto político.
Este desmedido gasto provocó que el Congreso reformara el Artículo 134 constitucional en 2007, a fin de establecer un piso mínimo para regular los gastos de servidores públicos, un esfuerzo que en su momento fue catalogado como un triunfo de la política sobre el poder fáctico de las televisoras.
Sin embargo, la reforma del 2007 dejó para después los cambios a las leyes secundarias que frenarían el abuso que el poder político ha hecho de la propaganda gubernamental, como un mecanismo de promoción personalizada, así como las sanciones en caso de incurrir en ella.
A la fecha, ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores se ha pronunciado por debatir seriamente sobre este tema. Incluso, la regulación al gasto de servidores públicos fue dejada de lado en la reciente Reforma Política-Electoral, aprobada apresuradamente a finales del año pasado.
GASTOS DE TODOS EN AUMENTO
Los gastos en propaganda gubernamental de los tres Poderes de la Unión han aumentado en últimos años, pasando de mil 13 millones de pesos en 2002 a cinco mil 927 millones en 2011, refirió un estudio sobre la calidad de la regulación electoral en México, 2000- 2012, publicado por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias e Integralia, SC.
Agregó que de todo el gasto ejercido en servicios de comunicación social y publicidad, el Poder Ejecutivo ejerció el 92.5 por ciento de los recursos entre 2000 y 2011, en promedio anual.
El reporte también señaló que “entre 2003 y 2011, el presupuesto ejercido en publicidad rebasó lo aprobado por el Congreso, llegando a magnitudes muy significativas como en 2008 cuando el gasto fue 54 por ciento mayor que lo aprobado, o 2011, cuando se excedió en casi 85 por ciento”.
Más significativo fue, que el estudió corroboró que posterior a la reforma electoral de 2007 se observó un incremento en los gastos en materia de comunicación oficial y publicidad del gobierno federal cercano al 100 por ciento.
Pero no es el único, existen cálculos sobre el incremento del gasto en comunicación social en todas las dependencias de la administración pública, así como en gobiernos estatales y municipales.
“Hay estados de la República, hay municipios que ya le destinan casi 30 por ciento de su presupuesto al gasto en comunicación social y que lejos de destinarse para abatir los rezagos en distintos temas, lo están malgastando en promoción personal, en imagen, en una franca desigualdad frente a otros actores políticos”, afirmó el Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo (PT).
Ante esta situación, legisladores panistas presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para urgir a los congresos estatales a aprobar la Reforma Política-Electoral, a fin de iniciar con el análisis de las leyes secundarias, entre ellas la de propaganda gubernamental.
“Hace no más de un año que dentro de los temas prioritarios del Pacto por México se propuso crear una ‘Instancia Ciudadana y Autónoma que Supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación’, este punto aun no se concreta en lo absoluto y parece que hoy el Gobernador del Chiapas está dispuesto a demostrarnos lo que se puede hacer en provecho de sí mismo con recursos públicos cuando existe una enorme laguna legal por la inacción del Poder Legislativo”, estableció el punto de acuerdo.
PARÁLISIS EN SENADO
En estos momentos existen por lo menos tres iniciativas para establecer las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, y las dependencias de la administración pública, para garantizar que el gasto en comunicación social respete los topes presupuestales, que están congeladas en comisiones del Senado de la República.
Casi al inicio de la presente legislatura, el 4 de septiembre de 2012, el Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral Jurado, junto con otros legisladores panistas, propusieron crear la Ley Federal de Comunicación Gubernamental.
El 13 de noviembre de 2012, el Senador perredista Armando Ríos Piter, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Propaganda Gubernamental, con el objetivo de regular el gasto en medios de comunicación, impedir la promoción personalizada de los funcionarios, evitar el desvío de recursos públicos y preservar la equidad en las contiendas electorales.
Al presentar la propuesta, advirtió que se crearía un Consejo Ciudadano para la Propaganda Gubernamental, a fin de frenar el abuso que el poder político ha hecho de diversos mecanismos de promoción personalizada.
Finalmente, senadores de las bancadas del PAN y PRD presentaron una iniciativa para crear la Ley Reglamentaria para el Artículo 134 constitucional, en materia de propaganda gubernamental, dentro del programa de los “30 Puntos para defender y profundizar la democracia”.
No obstante la importancia de esta nueva norma, las propuestas quedaron en el tintero y ni siquiera la reciente Reforma Político-Electoral, pudo revivirlas.
Ante esta situación, el Senador del PRD, Manuel Camacho Solís, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a la Junta de Coordinación Política del Senado, a instrumentar los acuerdos necesarios, que permitan que se dictamine la iniciativa de ley sobre propaganda gubernamental presentada por las bancadas del PRD y del PAN dentro de sus propuestas de Reforma Política.
“Me parece que mientras no resolvamos este tema podemos estar hablando mucho de democracia y de rendición de cuentas, pero estamos haciendo exactamente lo contrario. Yo no conozco ningún régimen político democrático en donde para sostener la imagen del gobierno se tengan que gastar lo que se gasta en México”, enfatizó.
El Senador Camacho recordó que en la campaña Presidencial de 2012, este tema se volvió un asunto central en el debate nacional. Tanto así, que el candidato a la Presidencia y hoy titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, se comprometió a crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.
“Sin embargo a la fecha, este compromiso que es fundamental para la democracia y la rendición de cuentas sigue sin cumplirse, entonces estamos presentando un punto de acuerdo para que se exhorte –por lo pronto– al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos de los estados a que por razones de ética política y de cumplimiento de lo que establece el artículo 134 de la Constitución, pues no utilicen los recursos públicos con estos fines”, llamó el legislador perredista en tribuna.
PRI ACEPTA RETO
Durante la discusión del punto de acuerdo presentado por el Senador Manuel Camacho, en la Primera Comisión de la Permanente, el Grupo Parlamentario del PRI, aclaró que está a favor de discutir este tema en las comisiones legislativas.
“Estaremos dispuestos a analizar estas iniciativas u otras iniciativas que se presenten en el futuro, obviamente para seguir perfeccionando esta discusión”, afirmó el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Manuel Añorve Baños.
Sin embargo, antes de entrar de lleno, se pronunció por pedir a las comisiones legislativas del Senado, un informe para conocer el proceso legislativo en que se encuentra las tres iniciativas antes comentadas.
“Es importante conocer cómo se encuentra su proceso legislativo para ver si se toman en cuenta”, aseguró la Diputada del PRI, Regina Vázquez.
Finalmente, el PRI respondió a los senadores de oposición que si bien es cierto que el gobierno federal retomó la difusión en radio y televisión, de las reformas Energética y Educativa, también es cierto que la izquierda impulsa una campaña de igual magnitud para exponer a la ciudadanía los aspectos negativos de estas enmiendas constitucionales.
“Si bien es cierto que hay una publicidad gubernamental, también es cierto que hay una publicidad de diversos partidos políticos, obviamente dando sus puntos de vista. Por lo tanto nadie puede sentirse engañado”, sostuvo el Diputado Manuel Añorve.
Por su parte, el maestro Héctor Quintanar, sostuvo que cualquier intento de reforma en este tema, deberá contar con el apoyo político del PRI y PAN, a fin de poner los cimientos para alcanzar una comunicación política basada en argumentos más que en frases.
