En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 60 presidentes municipales –en funciones, electos o fuera del cargo–, 19 más que en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Aunque la mayoría pertenecen al partido del Presidente, el PRI, la Secretaría de Gobernación tiene detenido un protocolo de seguridad que la Asociación Nacional de Alcaldes puso sobre la mesa hace un año.
Mientras, más alcaldes siguen siendo víctimas principalmente de las bandas del crimen organizado que los matan por negarse a colaborar, reclama en entrevista Enrique Vargas del Villar, presidente de la organización.
El actual Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México, sostiene que el Presidente de la República debe vetar la Ley de Seguridad Interior, pues de lo contrario más ediles serán asesinados a manos de los delincuentes.
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Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– Los cinco años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ya superaron a todo el sexenio de su antecesor en el cargo, Felipe Calderón Hinojosa, en el número de asesinatos de alcaldes.
La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) lleva un registro de los ex mandatarios privados de la vida que revela que en lo que va de la administración del priista Peña Nieto han sido asesinados 60 presidentes municipales; de los cuales 33 habían dejado el puesto, 22 estaban funciones y cinco fueron electos y esperaban tomar el cargo.
Durante la gestión de Felipe Calderón fueron asesinados 49 de estos funcionarios; de los cuales 16 eran ex alcaldes, 29 estaban en funciones y cuatro recién habían sido electos.
Los datos de la asociación indican que hasta los primeros días diciembre, 2017 es ya el año más cruento con 19 alcaldes asesinados, cifra que supera a los que fueron ultimados en 2010 y 2011, los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico.
Aún con esas cifras, la administración actual ha dejado en espera la mejora e implementación de un protocolo de seguridad que elaboraron desde hace un año los alcaldes de la ANAC y que se presentó a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, dijo en entrevista con SinEmbargo Enrique Vargas del Villar, presidente de la ANAC y Alcalde de Huixquilucan, Estado de México por el Partido Acción Nacional (PAN).
“La violencia hacia los alcaldes se explica porque somos los encargados de la seguridad de los municipios, por lo que han crecido los asesinatos en las zonas que son controladas por las organizaciones delictivas. Tuvimos una junta hace un año para ver lo del protocolo y ya no volvimos a tener ninguna. Le hacemos un llamado al Secretario de Gobernación para reunirnos a partir del primero de enero y seguir trabajando en el protocolo de seguridad”, pidió Vargas del Villar.
La mayoría de los alcaldes asesinados pertenecían al PRI con 21 víctimas, seguidos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 15 y del Partido Acción Nacional (PAN) con seis.
La ANAC elaboró un mapa en donde identificó a Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz; seguidas por el Estado de México, Guerrero, Puebla y Tamaulipas como las entidades más riesgosas para ser Alcalde.
En menor medida hay focos amarillos en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
Mientras que Aguascalientes, Baca California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán son los estados que la ANAC coloca dentro del mapa como las menos peligrosas para ser presidente municipal.
Los asesinatos se concentran en municipios con menos de 10 mil habitantes (35) y entre 10 mil y 50 mil habitantes (55); localidades que se caracterizan por bajo desarrollo institucional, falta de recursos para seguridad pública y sin el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), así como por presencia del crimen organizado, según la organización.
La causa principal del asesinato de la mayoría de los presidentes municipales es su negativa a colaborar con las bandas del crimen organizado, reveló Vargas del Villar.
“Lo que hemos visto es que se niegan a colaborar con ellos [con los criminales], al pago de derecho de piso, y es cuando las bandas llegan directo sobre los alcaldes. Este el principal el factor por el que le quitan la vida a los alcaldes”, dijo.
“LEY DE SEGURIDAD INCREMENTARÁ CRÍMENES”
El Gobierno federal ha acusado en reiteradas ocasiones que los gobiernos estatales y municipales abandonaron las labores de seguridad e impulsado la desaparición de las policías locales. Hoy mismo, el Secretario de Gobernación dijo que ante “el rezago y el deterioro” de los cuerpos de seguridad de los gobiernos locales las fuerzas federales tuvieron que tomar el control de la tareas policiacas.
Enrique Vargas del Villar sostuvo que con la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada, se prevé que se incrementen los crímenes en contra de los presidentes municipales.
La ANAC ha criticado que la polémica deja al Presidente, en su artículo once, la facultad de ordenar la procedencia de intervención de la Federación, sin la necesidad de consultar a los gobernadores y ediles. A los ojos de la organización, la normativa implica subordinación y verticalidad.
“En el momento que le quitas la policía a los alcaldes los dejas completamente indefensos y las bandas del crimen organizado están muy arraigadas en muchas partes del país. Si están matando a los alcaldes con cierta protección de la policía, ahora si ya no tienen ese mando, los dejarán descubiertos”, argumentó el líder de los 409 alcaldes que integra la agrupación.
El presidente de la ANAC agregó que la asociación ha pedido al Presidente de la República que vete la Ley de Seguridad Interior, porque los presidentes municipales no fueron escuchados ni tomados en cuenta. “Nosotros llevamos una responsabilidad muy fuerte; somos los que sabemos cómo están los municipios. El Ejecutivo tiene que escuchar a todas las voces que le estamos pidiendo que vete esa Ley”.
Vargas del Villar recordó que la ANAC ha pugnado por el Mando Mixto en aquellos municipios en donde las corporaciones locales no se dan abasto para satisfacer las necesidades de seguridad. “Debe haber una colaboración entre los tres niveles de Gobierno. Hay policías municipales que son muy buenas y que con esta Ley las están descalificando en automático. Es un tema delicado para el país, para la seguridad. Más aún cuando 2016 y 2017 son los años más violentos de este Gobierno”.
La violencia en contra de las autoridades municipales no sólo se ha limitado a los alcaldes en funciones y a los ex alcaldes, también a los regidores.
Aunque la ANAC, precisó su presidente, no cuenta con estadísticas sobre los asesinatos a miembros del Cabildo Municipal, durante los últimos meses se ha conocido de diversos crímenes en contra de ellos.
Apenas el 18 de diciembre fue asesinado a tiros Dagoberto Domínguez Acevedo, regidor por el Partido de los Pobres de la comisión de Desarrollo Rural, Cultura, Recreación y Espectáculos de Zitlala, Guerrero.
El 9 de noviembre de este año fue acribillado a tiros frente a su hija Joaquín Miranda Ponce, regidor de la comisión de Industria y Comercio de Chietla, Puebla.
Cuatro meses antes, en julio, fue asesinado Rogelio Hernández Andrade, regidor de Cerro Azul, Veracruz, al descender de su vehículo cuando llegaba a su casa.
EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD
El protocolo de seguridad que presentó la ANAC a la Secretaría de Gobernación propone la creación de un Comité de Seguridad para Alcaldes, que sería el órgano encargado de solicitar protección para los ediles en peligro, así como de la revisión de las solicitudes; así como Grupos de Auxilio.
La asociación divide al país en las zonas A, B, C y D, dependiendo del riesgo para los ediles y propone protección federal para la zona más riesgosa, la A; y protección federal y estatal para el resto de las zonas, menos la D, que es la de más bajo riesgo.
La propuesta incluye agentes especializados para la protección de alcaldes de la Policía Federal que deberán aprobar pruebas psicométricas y toxicológicas, así como de “confiabilidad y lealtad” para “descartar temas como participación en ilícitos, vinculación con grupos al margen de la ley, posible manipulación para participación en ilícitos”.
El Agente Especializado podrá usar la fuerza cuando la disuasión que emplea para hacer desistir de una “intención, actividad o acto hostil” del posible ofensor, no haya funcionado. El uso de las armas de fuego será como “último recurso” indica el protocolo.
Los agentes serán pagados y capacitados por la Secretaría de Gobernación, la cual también deberá tomar “medidas emergentes” junto con el Comité de Seguridad de Alcaldes y los Grupos de Auxilio en caso de atentad, amenazas, lesiones, muerte u homicidio.
