En el intento de lograr la construcción normativa más fuerte hasta ahora en la historia del combate a la corrupción en México, la nominación del nuevo Fiscal Anticorrupción ha sido postergada en el Senado de la República sin que haya quedado precisa la fecha para su nombramiento. Hay 31 perfiles postulados que van desde un hombre con antecedentes penales que adora a Donald Trump hasta un visitador que renunció a la PGR después de presentar su investigación sobre la desaparición de los 43. Quien sea nombrado en el cargo trabajará mientras la PGR se transforma en Fiscalía General. Cuando eso ocurra, otro Fiscal deberá ser nombrado. Los especialistas no estiman que el Fiscal Anticorrupción –sea quien sea– vaya a lograr operar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Por Alejandra Padilla y Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– Un hombre con antecedentes penales que considera “mesías” a Donald Trump, otro que investigó la desaparición de los 43 y enseguida fue destituido en su cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), otro más con un vínculo con el Presidente Enrique Peña Nieto, y una mujer que desistió en el intento.
Esas son algunas características de las postulaciones para el nombramiento de Fiscal Anticorrupción, la figura con la que el Presidente se propone darle la cara a ese mal que según el cálculo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) le cuesta al país por lo menos 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El nuevo Fiscal tendrá 20 facultades; entre ellas, coordinar su actuación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, y ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común. Además, deberá tener la capacidad intelectual para conseguir el desmantelamiento de las redes en las que se sostiene la corrupción.
Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, se trata de una posición “muy poderosa” en la que se basarán los procesos de persecución de los políticos corruptos que concluirán en acciones punitivas ejemplares. No bastará con atrapar personajes, el Fiscal podrá llegar a cuentas bancarias, las propiedades ilícitas, los prestanombres, todo.
En el intento de lograr la construcción normativa más fuerte y nutrida hasta ahora en la historia del combate a la corrupción en México, la nominación del nuevo Fiscal ha sido postergada en el Senado de la República sin que esté precisa la fecha en que será nombrado ni cuándo podrá empezar a trabajar.
Puesto en la orden del día del 9 de diciembre de esa Cámara, la nominación se postergó hasta una nueva sesión el año entrante. En realidad, una vez que esté listo el nombre del nuevo Fiscal tendrá poco tiempo para trabajar e iniciar indagatorias. Permanecerá en el cargo mientras el Procurador General de la República se transforme en Fiscal General de la Nación [según la Reforma constitucional del 10 de febrero de 2014] y nombra a otro Fiscal Anticorrupción. Será entonces cuando pueda ver a los ojos al monstruo de la corrupción.
UN SEXENIO MÁS SIN AVANCES
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Averiado y sinuoso. Así ha sido el camino para combatir la corrupción en este sexenio en el que ocho ex Gobernadores de los estados, tanto del Partido Revolucionario Institucional, como de Acción Nacional, son perseguidos por delitos de corrupción. Fue en este Gobierno en el que los descubrimientos de cuentas poco claras en los estados de la República no sólo brotaron; sino que fueron denunciados y perseguidos. Sólo el ex Gobernador Guillermo Padrés de Sonora –del PAN– fue aprehendido y está en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, después de que se presentó él mismo. Está acusado de defraudación fiscal equiparada, de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada.
Los escándalos tocaron incluso al Gobierno federal. En noviembre de 2014, el equipo de Aristegui Noticias descubrió que el Presidente y su familia habitaban una lujosa mansión en las Lomas de Chapultepec, que era propiedad del Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas principales del Gobierno federal. El entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también adquirió una casa de este empresario en Malinalco que incluso ahora, no se encuentra en su declaración patrimonial.
Pese al agobio de la corrupción, el Gobierno federal no apresuró los procesos para conformar una estructura normativa que le permitiera enfrentar a ese cáncer y en palabras de Enrique del Val Blanco, investigador de las políticas anticorrupción en México en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un aletargamiento que ha enviado la señal de que el país está en un compás de espera en lo que se instala el Sistema Nacional Anticorrupción y mientras, no puede hacerse nada.
LAS TARDANZAS
En noviembre de 2012, dos semanas antes de tomar posesión, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa en el Senado de la República para conformar la Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. Era [cuatro años después aún es] el compromiso por cumplir número uno en su lista de promesas firmadas ante Notario Público. Mayoría en la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional logró la postergación del debate durante un año con un argumento principal: la Comisión debería depender del Gobierno federal y ser parte de la PGR sin autonomía constitucional, como lo deseaban los partidos de oposición, el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
Luego, llegó el escándalo de la Casa Blanca. El Presidente se vio orillado a hacer un nombramiento en la Secretaría de la Función Pública (la instancia que se proponía desaparecer) para a la vez, darle la orden de que lo investigara a él, su esposa Angélica Rivera Hurtado y al entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Virgilio Andrade los exoneró de conflicto de interés y renunció a la Secretaría el 18 de julio pasado. Así, la SFP –dependencia creada por Miguel de la Madrid Hurtado, rebautizada dos veces y desahuciada otras tantas– volvió a quedar sin titular. Tres meses después –en octubre– Arely Gómez González fue nombrada en ese cargo.
Organizaciones no Gubernamentales le propusieron al Gobierno un Sistema Nacional Anticorrupción sostenido en siete leyes. Después de una pugna de meses, el Presidente Enrique Peña Nieto lo promulgó el 18 de julio de 2016, el mismo día en que pidió perdón a la Nación por el affair de la Casa Blanca. Así llegó diciembre, el Senado cerró sus trabajos y las postulaciones para Fiscal Anticorrupción –brazo ejecutor del Sistema– se encuentran en el cajón de pendientes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
Cuando el conjunto de postulaciones estaba integrado y en espera de ser analizado para encontrar a los candidatos más idóneos, la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente, renunció a su aspiración. Su argumento, en su carta de desistimiento ante la Junta de Coordinación Política del Senado, fue: “[en la Fiscalía Anticorrupción] no sólo se requiere un andamiaje jurídico que le permita autonomía y eficacia en sus funciones, sino que su titular cuente con el respaldo necesario para enfrentar el principal problema de nuestro país que es, sin duda, la corrupción”.
Esta es la currícula de los hombres y mujeres que aún esperan la deliberación del Senado.
“@realDonaldTrump siempre dije que eres un salvador mi MESÍAS mi exfamilia (…) intentó descerebrarme Hillary involucrada”, “@LVidegaray felicidades tu y yo genios vimos a Trump yo hace años lo propuse urge me llames” (sic). Estos tuits fueron publicados el 9 de noviembre de 2016 en la cuenta @jackz44_r, que pertenece a Jack R. Gorodezky, quien se presenta en esa red social como “Abogado / Jurista / Investigador Privado / Asesor Político / Experto Seguridad Nacional – Mundial”. Gorodezky es también uno de los 31 aspirantes a ocupar el puesto de Fiscal Anticorrupción.
Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, Gorodezky Mirsky fue servidor público de 1983 a 1984, durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), cuando se desempeñó como asesor jurídico de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Así lo declara en el Currículum Vitae que presentó ante la Cámara de Senadores para postularse como candidato a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción.
En agosto de 2013, el entonces embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, solicitó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) lo investigara por “acoso” al diplomático. Con tal de entrevistarse con Wayne acudió a varios eventos e incluso intentó entrar a la celebración del día de la Independencia de Estados Unidos. En ese momento, la información disponible sobre Gorodezky se limitaba a su cédula profesional, expedida en 1986. Tras la acusación del embajador, fue publicado que Gorodezky había estado en prisión dos veces: por abuso sexual y extorsión, la última en julio de 2011. ¿Qué quería del representante estadounidense en México? Jamás se supo.
En los documentos presentados ante el Senado para ser Fiscal Anticorrupción, Gorodezky incluyó una carta fechada el 31 de octubre de este año en la que asegura, bajo protesta de decir la verdad, jamás haber sido “sentenciado ni condenado por delito alguno que sea doloso o merezca pena corporal” y que tampoco tiene antecedentes penales.
Dice haber trabajo en el despacho de Sergio Vela Treviño, abogado penalista que Gorodezky describe como “el mejor de México y maestro del Presidente Felipe Calderón” entre 1981 y 1997.
En el currículum presentado ante la Cámara Alta, también reporta haber iniciado su carrera profesional en 1981, como pasante del despacho Ritch & Rozvar, SC y un año después, en el Bufete Hernández Romo. Al dejar su cargo en la Secretaría de Gobernación, fue asesor financiero en la Casa de Bolsa Inverlat en 1985. De 1987 a 1991 litigó en diferentes despachos y a partir de 1990 se desempeñó como investigador privado. Jack Gorodezky incluye en su currículum que entre 1993 y 2009 fue asesor del Presidente, el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina de los Estados Unidos.
“Quiero ser Fiscal Anticorrupción para poder ayudar arreglar al país dado que la corrupción es tan terrible en todos los ámbitos ya hace muchas décadas pero se ha acrecentado mucho más en los últimos años (…). Yo busco la Justicia y el bienestar de México y del Mundo como CRIASTO / el combatió la corrupción y por eso lo tildaron de loco y lo mataron (…) Yo propongo y puedo acabar con la corrupción nada más necesito que me dejen (sic)”, dice Jack Rafael Gorodezky Mirsky en el ensayo que presentó ante el Senado.
A menos de un mes de presentar su candidatura ante el Senado para ocupar el puesto de Fiscal Anticorrupción, Ximena Puente retiró su aspiración por medio de una carta en la que explicaba que había tomado la decisión para “contribuir a que se construyan, a la brevedad, los acuerdos necesarios para que esta Fiscalía opere con fuerza y plenitud”. Un día después, el Senado decidió ampliar el plazo para elegir a los “candidatos idóneos” y señaló que la fecha límite ya no sería el 9 de diciembre de 2016, sino el 15 de febrero de 2017.
Ximena Puente es la comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desde 2014, puesto por el que percibe un sueldo mensual neto de 132 mil 837 pesos.
El 9 de noviembre de este año presentó su candidatura para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción ante la Cámara de Senadores. Dijo que no desatendería sus responsabilidades al frente del INAI y que, para evitar conflictos, no votaría en asuntos relacionados con el Senado de la República.
Su candidatura parecía estar respaldada por senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN) ante la falta de aspirantes al cargo: el 8 de noviembre, un día antes de que cerrara la convocatoria, había solo cinco registros.
Periodistas e investigadores especializados en transparencia y rendición de cuentas criticaron la postulación. Edna Jaime, directora general de México Evalúa, calificó el perfil de Ximena Puente como uno de “los que debemos evitar” en la columna que publica en el diario El Universal,. Dijo que la postulación de la comisionada del INAI le sorprendía “porque no se le conoce experiencia alguna en materia de procuración de justicia”, y porque parecía dispuesta a “abandonar un encargo que la debería honrar y ocupar (la presidencia del INAI)”.
Ximena Puente dirigió una carta al Senado el 5 de diciembre pasado para retirarse del proceso de elección para presidir la Fiscalía.
Puente de la Mora es doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Su experiencia profesional data de 1998 cuando fue proyectista en la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Residió y trabajó en Colima, su estado natal, durante 15 años: de 1999 a 2014, cuando asumió el cargo para presidir el instituto a cargo de garantizar la transparencia y acceso a la información a nivel federal.
A lo largo de una década y media fue asesora jurídica de la Procuraduría Federal de Colima, profesora e investigadora de la Universidad de esa entidad y comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como consejera presidenta del Instituto de Transparencia estatal.
Es profesor e investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha trabajado en el área de derechos humanos y tiene experiencia en litigio en materia penal. Ha formulado proyectos de recomendación, estudios y proyectos legislativos y reglamentarios; entre ellos, la Guía para supervisar centros penitenciarios y las propuestas de reforma legislativa integral sobre las penas sustitutivas de prisión.
Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y maestro en Derecho por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos; de este último grado no hay constancia en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Su carrera profesional inició ese año, cuando se desempeñó como abogado litigante en materia penal. Su carrera en el sector público inició una década después, en 1988, cuando desempeñó el cargo de ombudsman en la Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes. De 1991 a 1996 trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como Director de Área, secretario técnico y visitador general.
En 1998 fue designado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como experto para elaborar un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en México. El documento fue publicado en 2003. Entre 2006 y 2014 fue miembro del subcomité la prevención de la tortura en el mismo organismo. Además, Sarre Iguíniz trabaja en el ITAM desde 1998. Ese año fue coordinador del programa “Acceso a la Justicia”. Luego de 2000 a 2004 fue director del Centro de Estudios de Derecho Público. Desde 1997 se desempeña como profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.
Es la segunda vez que se postula a la Fiscalía Anticorrupción. En la convocatoria emitida en 2014, estuvo entre los 33 candidatos idóneos que comparecieron ante el Senado el 8 de diciembre. Mario Enrique Velasco es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con título expedido por la institución educativa, pero sin cédula profesional registrada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Velasco fue profesor del Departamento de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana y editor de la Revista Nueva y director general del periódico La República, ambas publicaciones editadas por la Comisión Nacional Editorial y Divulgación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De 1995 a 1997 fue supervisor de proyectos especiales en el Tribunal Superior Agrario y en 2013 fue Director de Cooperación Multilateral y Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República (PGR). Fue asesor del presidente de la Comisión de la Función Pública en la LX legislatura de la Cámara de Diputados. También ha laborado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y ha sido evaluado para Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Los años en cada puesto no los especificó en el Currículum Vitae presentado ante la Cámara de Senadores.
La Introducción del ensayo que presentó ante el Senado de la República en su postulación como Fiscal tiene un epígrafe que dice: “Quien prometa acabar con la corrupción miente, y ya basta de mentiras”. El suyo es uno de los perfiles vinculados al Presidente Enrique Peña Nieto. Es hermano de la Directora de Regulación del Instituto Nacional de Migración, María Fernanda García Villalobos, quien ha hecho la mayor parte de su carrera en el Estado de México y fue parte del equipo de transición.
A la fecha y según destaca en su Currículum vitae, presentado ante la Cámara Alta, es socio nacional de Investigaciones Forenses en Deloitte. También fue representante legal de Askar MX, Administrador y Representante Legal de Inmuebles Santa María de Guadalupe, Coordinador de Asesores de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y Agregadurías en la Procuraduría General de la República de 2003 a 2004 y subagregado de la PGR para la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, en 1994.
Fue visitador general de la Procuraduría General de la República, director de Controversias y Sanciones en Contrataciones Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y contralor de Petróleos Mexicanos (Pemex). La tragedia de Iguala, Guerrero, en la que desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Superior Rural de Ayotzinapa está ligada a su nombre. En agosto de 2016 presentó las conclusiones de su “Evaluación Técnica Jurídica” al expediente que concentra todas las averiguaciones previas sobre el caso, así como una indagatoria en contra de Tomás Zerón de Lucio, quien fuera director de la Agencia Central de Investigación (AIC). Un mes después, presentó su renuncia. De manera extraoficial se conoció que hubo presiones para que modificara la versión de su reporte. En su cargo, el Presidente Enrique Peña Nieto, nombró a Adriana Campos López, quien hasta ese momento era directora General de Asuntos Jurídicos de la dependencia. De acuerdo con un comunicado de la PGR.
Su Currículum presentado ante el Senado indica que es Abogado egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con postgrados en Derecho del Trabajo por la Universidad Panamericana; Análisis Político Estratégico por el CIDE; Contrataciones Pública por el ITAM y Derecho de la Energía, por la Escuela Libre de Derecho.
En estos momentos es Director de la Facultad de Derecho de la Universidad la Salle. En 2013, cuando era titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia (Ueidcspaj) de la Procuraduría General de la República (PGR) fue investigado por la Visitaduría de la dependencia por presunto conflicto de interés.
La irregularidad atribuida a Calderón por un grupo de litigantes fue que seis meses antes de ser designado funcionario era apoderado legal de recuperadoras de créditos hipotecarios denominadas Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). El despacho jurídico que representaba fue beneficiario de la venta de cartera vencida que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda (Infonavit) otorgó a Recuperadora de Deuda Hipotecaria S. De RL de CV.
En el ensayo presentado ante el Senado en su postulación, expone: “Hoy, México necesita para ocupar estos espacios profesionales en el servicio público, personas incorruptilbles, para que puedan representar honestamente a todos los mexicanos, habidos de justicia, de transparencia y de rendición de cuentas, porque los mexicanos ya no podemos esperar más improvisaciones en los cargos públicos, ni tampoco servidores públicos que sólo medran y se sirven del servicio para sus intereses particulares o de camarillas”.
OTROS PERFILES
RICARDO VÁZQUEZ CONTRERAS
Es catedrático de posgrado en la Unitec en el IIDE [Instituto Internacional del Derecho y del Estado], así como socio fundador del despacho Vázquez Martínez y Asociados.
RICARDO PERALTA SAUCEDO
Es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la ALDF [2012 a 2015]. En el servicio público se ha desempeñado en la PGR, la SCT, el ISSSTE y la Policía Ministerial del Estado de México. También trabajó en el Grupo Autofin.
JOSÉ BERNARDO RAFAEL ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN
Es el director general de profesiones en la SEP desde mayo de 2015. Percibe un sueldo mensual neto de 95 mil 683 pesos. Ha trabajado en Pemex, la PGR, el ISSTE, la SCT y la SHCP.
VERÓNICA AGUILERA ORTA
Entre 2015 y 2016 fue Directora General Adjunta de Inspección en la Dirección General de Asuntos Internos de la PGR.
BRAULIO ROBLES ZÚÑIGA
Hasta septiembre de 2016 fue Agente del Ministerio Público Federal comisionado a la coordinación de asesores de la entonces Procuradora General de la República, Arely Gómez González.
MAXIMILIANO CÁRDENAS DENHAM
Es Director General de Defensa Colectiva y Contratos de Adhesión de Comunicación de la Profeco.
ADOLFO ROBERTO PALACIOS SANTILLÁN
Es perito oficial del Poder Judicial del estado de Puebla y ha sido perito tercero en discordia en documentos cuestionados en tribunales del Poder Judicial de la Federación.
