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1.- El gobierno de Claudia Sheinbaum pinta con brocha gorda los marcos sexenales. El 15 de noviembre la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó al Congreso el primer Paquete Económico de la nueva administración. Los grandes temas son nítidos: austeridad que exime programas sociales y pensiones, esfuerzos de recaudación modestos concentrados en digitalización y fiscalización a Grandes Contribuyentes, recorte moderado de 14 por ciento real en la inversión pública que en 2.8 por ciento del PIB sigue encima de la media histórica, trayectoria de la deuda pública estable y sana para estándares regionales, y cierta reingeniería del gasto donde destaca una poda de 43.8 por ciento al presupuesto en Defensa Nacional por el ocaso de la obra construcción del Tren Maya. En un primer año de exigencias,
algunos pincelazos dan idea del nuevo horizonte. Destacan los incrementos presupuestales reales en CFE, IMSS e ISSSTE contra una caída de 7.5 por ciento real en PEMEX, la inversión de 32 mil mdp para vivienda social que reactivará el empleo en construcción y complementará la expansión extrapresupuestaria del Infonavit, el retorno total de los trenes de pasajeros con 149 mil mdp adicionales, y dos nuevos programas sociales de hondo calado: el arranque acotado de la pensión a mujeres de 60 a 64 años y el avance hacia la universalidad de becas educativas. Entre sumas y restas, el Paquete encuentra como mayor virtud política el equilibrio de las exigencias de los mercados con las expectativas del obradorismo.

2.- Habrá menor austeridad versus 2019, pero con mayor ajuste bienal. El Paquete Económico 2025 plantea un superávit primario de 0.6 por ciento del PIB desde un déficit de 1.4 por ciento en 2024: dos puntos porcentuales de giro. En lenguaje llano, el gobierno gastará menos de lo que ingresa para evitar mayor endeudamiento tras un 2024 generoso en obra pública. En comparación, el primer superávit de López Obrador (2019) fue de 1.0 por ciento desde 0.6 por ciento en el último año de Peña Nieto: casi medio punto porcentual de ajuste. Ahora, las tasas de interés elevadas (aunque decrecientes) condicionan el gasto del nuevo gobierno, que elige entre inconvenientes y opta por señales de prudencia fiscal. Como punto favorable, un menor gasto público ayudaría a un Banco de México amordazado por la ortodoxia y la impericia comunicativa, propias de un nido de halcones sin contrapesos al interior, a mitigar la inflación y apresurar el fin de la restricción monetaria que merma el crecimiento con empleo.

3.- El superávit primario complica la reactivación del empleo y la actividad económica. La tasa de crecimiento del PIB proyectada en 2.3 por ciento para 2025, base de estimación macroeconómica, luce optimista en relación a los estimados del Banco Mundial (1.5 por ciento), FMI (1.3 por ciento), OCDE (1.2 por ciento) y Banco de México (1.2 por ciento). Si bien es cierto que la tasa del tercer trimestre sorprendió con un +1.0 por ciento respecto al periodo inmediato anterior, la amenaza arancelaria y el frágil contexto norteamericano— Canadá apenas crece y el empleo desluce en Estados Unidos— pronostican adversidad. Sumada la restricción monetaria y fiscal dual, la tasa de crecimiento económico podría situarse más próxima al -0.3 por ciento visto en el primer año de López Obrador, también afectado por la sombra de Trump, los subejercicios naturales de un arranque administrativo y el superávit primario. Dentro de los contados catalizadores en alcance, (1) el remanente del Banxico retornaría por la depreciación cambiaria del 2024, (2) las grandes obras padecerán menor retraso por los avances legados y (3) una genuina coordinación entre Hacienda y Banxico podría dinamizar los recortes de tasas de interés para aflojar la soga al cuello.

4.- Avanza la justicia tributaria en la actividad minera. El Paquete 2025 propone incrementar los derechos especial y extraordinario sobre minería de 7.5 a 8.5 por ciento y 0.5 a 1.0 por ciento, respectivamente. El ajuste propuesto corregiría un rezago inadmisible. Como prueba, una publicación reciente del BID encontró que México tiene una tasa promedio de tributación minera de apenas 11.1 por ciento, por debajo del 13.4 por ciento en Perú, 13.8 por ciento en Argentina, 18.3 por ciento en Chile, 23.5 por ciento en Dominicana, 25.1 por ciento en Brasil, 25.5 por ciento en Bolivia y 29.5 por ciento en Colombia (Reyes-Tagle y Karl-Estupiñán, 2024). La revisión apenas acercaría a México con Perú y Argentina, considerados países con fiscalidad amena a la industria. Aunque refunfuñen cabilderos, al mantener la deducibilidad sobre la compra de bienes de capital —inexistente en Brasil, Bolivia y Dominicana—, las decisiones de inversión en México permanecerían libres de distorsión. En cambio, mayor recaudación minera promovería derramas sociales en una actividad bajo creciente escrutinio.

5.- El debate sobre una reforma fiscal progresiva sigue abierto. El principio por el bien de todos, primero los pobres no riñe con una tributación justa. Al contrario: gravar más a los ricos es popular, como sugieren las encuestas en el mundo. En general, etiquetar ingresos tributarios disminuye el rechazo— aforismo sagrado de economía política. Y en particular, tasar a los millonarios más que proporcionalmente conforme aumentan ingresos y riqueza gana mayor atractivo cuando lo recaudado nutre la economía popular. Para ampliar derechos, proteger programas sociales, tranquilizar mercados y restar ciclicidad, una reforma fiscal cuya premisa sea garantizar que los más pobres no paguen más impuestos frente al statu quo podría tomar como casos de éxito y fracaso las experiencias recientes de Brasil, Colombia, Chile y Uruguay y trazar con ellas una ruta propia y realista. Es previsible y acaso aconsejable que los gobiernos de Morena mantengan la postura de cero gasolinazos y aumentos al IVA y otros impuestos que afectan más a los pobres en relación a su ingreso, pero el arsenal regresivo del PRI y del PAN no es la única vía para apaciguar dudas legítimas sobre el parque restante para abatir desigualdades. Cabalgar abismos exige ante todo palpar la marginalidad que separa el cauto andar del precipicio; en ese frágil derrotero, el estrecho espacio fiscal será un carcelero con llaves extraíbles por la pericia, la voluntad y la irreverencia.

Mario Campa

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Mario A. Campa Molina (@mario_campa) es licenciado en Economía y tiene estudios completos en Ciencia Política (2006-2010). Es maestro (MPA) en Política Económica y Finanzas Internacionales (2013-2015) por la Universidad de Columbia. Fue analista económico-financiero y profesor universitario del ITESM. Es planeador estratégico y asesor de política pública. Radica en Sonora.

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