Por: Kathia García Rodríguez y Marcia Itzel Checa Gutiérrez*
Esta semana, seguramente el Senado de la República retomará la discusión sobre la cuestionada designación de una próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto surge a raíz de la renuncia anticipada y sumamente polémica de Arturo Zaldívar como ministro,[1] el pasado 7 de noviembre. Según el artículo 98 constitucional, la renuncia a esta alta responsabilidad pública únicamente se puede hacer por causas graves –que no están especificadas de manera clara en la Constitución– y debe presentarse al Ejecutivo Federal para su aprobación y, en caso de proceder, el Senado hace lo propio.
Sin mucha fundamentación, el presidente de la República aceptó la renuncia al día siguiente de haberse presentado y declaró que la próxima ministra tendrá que detentar lealtad al proyecto,[2] refiriéndose al empujado por el partido en el poder. La Cámara de Senadores, por su parte, también aceptó –por mayoría de voto– la renuncia referida el 15 de noviembre pasado, con muchas interrogantes sobre la fundamentación de la causa grave que sustentó esta relevante decisión.[3] Por lo que, la sorpresiva renuncia y su aprobación “sin chistar” reafirman la hipótesis de querer capturar a la Suprema Corte, a partir de perfiles que le aseguren lealtad, lo que se contrapone fuertemente con la independencia judicial. ¡Gravísimo!
La designación de las personas ministras de la SCJN se distingue por el alto grado de discrecionalidad para la conformación de la terna por parte del Ejecutivo Federal, siendo uno de los procesos menos detallados en el marco legal y sin mecanismos de transparencia, participación y control que aperturen esta decisión. Es decir, el Ejecutivo define una terna bajo criterios desconocidos, que además no funda ni motiva de manera exhaustiva, a lo mucho envía una síntesis curricular de cada persona propuesta, dando pauta a que históricamente cada presidente proponga perfiles a su conveniencia. Además, en caso de que el Senado no resuelva en los 30 días a partir de la presentación de la terna, el Ejecutivo tiene la facultad de nombrar a cualquier persona de la terna presentada; o si la terna es rechazada dos veces, el Ejecutivo podrá elegir a la persona ministra de entre esa segunda terna.
Durante la presente administración, el Ejecutivo ha enviado ya cinco ternas para el mismo número de ministras y ministros[4], dos de ellas casualmente por renuncia. Lo que enciende las alertas porque atenta contra el escalonamiento previsto en la designación de las personas ministras para evitar mayorías inducidas y al mismo tiempo se contrapone con el principio de separación de poderes y un actuar independiente e imparcial del máximo tribunal del país.
No es exageración, la quinta y actual terna propuesta por el Ejecutivo Federal está compuesta por tres mujeres sumamente cercanas al proyecto político de la llamada “Cuarta transformación”: Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, todas ellas con responsabilidades en la actual administración y con vínculos públicos evidentes con el partido en el poder y/o con el mismo Ejecutivo. Es decir, perfiles que no cumplen con el estándar del ser y parecer independientes.
Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a una justicia independiente e imparcial y que el Estado tiene que garantizarla. No es una exquisitez, la independencia judicial permite que no exista subordinación entre poderes, que la justicia se imparta sin presiones externas y que sea pareja para todas las personas, tan urgente en un país sumido en la impunidad. Por ello, la alta encomienda de ministra o ministro es de la mayor relevancia. Actualmente, se advierte un contexto de debilitamiento institucional donde una manera de materializarlo es por medio de la designación de personas con perfiles no idóneos para la responsabilidad en cuestión.
La Comisión de Justicia del Senado –presidida por una ex ministra– deberá valorar no sólo la elegibilidad sino la idoneidad de las integrantes de la terna. En una examinación seria, la Comisión deberá dictaminar su no elegibilidad ni idoneidad, es decir, rechazar la terna e iniciar un proceso de revisión profundo del marco legal que regula este proceso de designación para construir uno apegado a estándares internacionales de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad. ¡Es urgente!
#RechacenLaTerna
#SinCuotasNiCuates
* Kathia es investigadora del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones) e Itzel la coordinadora general. El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
[1] Su periodo concluía el primero de diciembre de 2023.
[2] Ver: https://elpais.com/mexico/2023-11-08/lopez-obrador-quiere-que-el-sucesor-de-zaldivar-sea-leal-a-su-proyecto-voy-a-empezar-a-ver-a-quien-propongo.html
[3] Desde el colectivo La Justicia Que Queremos, del cual forma parte el Observatorio de Designaciones Públicas, apuntamos estas preocupaciones. Ver: https://x.com/LaJusticiaQQ/status/1725550758307737621?s=20
[4] De las que resultaron: Juan Luis González Alcántara Carrancá (2018), Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat (2019) y Loretta Ortiz Ahlf (2021).
