Sindicalizados de Baja California presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por administración fraudulenta y abuso de confianza en contra del ex Gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Para el grupo de sindicalizados que presentaron la denuncia el 6 de noviembre, la decisión de realizar un préstamo de las reservas del Instituto no solo fue una decisión irresponsable por parte de la Junta Directiva y en detrimento de los derechohabientes, sino que abre la puerta de la sospecha sobre los beneficios que el líder sindical Gutiérrez Vázquez recibió a cambio.
Por Inés García Ramos
Baja California, 21 de noviembre (Zeta).- Un grupo de burócratas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por administración fraudulenta y abuso de confianza en contra del ex Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, un grupo de sus ex funcionarios y el secretario general del Sindicato de Burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez.
Esto a raíz de que, en 2018, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), Javier Meza López, otorgó al Gobierno del Estado un financiamiento temporal por 600 millones de pesos de los fondos de la paraestatal.
El convenio fue autorizado a su vez por la Junta Directiva del Issstecali, integrada por los representantes del ex secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal; la entonces oficial mayor y actual diputada panista, Loreto Quintero Quintero, y el ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz.
La autorización también se realizó por parte de dos representantes sindicales: el secretario general del Sindicato de Burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez, y el de María Luisa Gutiérrez Santoyo, líder de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Para el grupo de sindicalizados que presentaron la denuncia el 6 de noviembre, la decisión de realizar un préstamo de las reservas del Instituto no solo fue una decisión irresponsable por parte de la Junta Directiva y en detrimento de los derechohabientes, sino que abre la puerta de la sospecha sobre los beneficios que el líder sindical Gutiérrez Vázquez recibió a cambio.
Además, explicaron a ZETA que el préstamo se realizó en medio de la peor crisis que la paraestatal ha enfrentado en tiempos recientes con desabastos desde medicamentos básicos como loratadina hasta insulina y tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas.
LA CRISIS FINANCIERA EN ISSSTECALI
Los números en las cuentas bancarias del Issstecali nunca habían estado tan bajos.
Según información que el propio Instituto proporcionó en el acta de entrega-recepción durante la etapa de transición de gobierno, el activo circulante de la paraestatal es casi una tercera parte que el de hace un año.
ZETA tuvo acceso al documento con fecha de corte del 30 de septiembre de 2019 y pudo constatar las cifras.
En 2018, el Issstecali reportó en sus estados financieros activos circulantes por mil 448 millones 610 mil 911 pesos. En 2019, la cifra bajó a 568 millones 7 mil 293 pesos.
Mientras que el año pasado, el efectivo y equivalentes dentro del monto arriba descrito era de 207 millones 329 mil 829 pesos, y este año no llega a 100 millones de pesos.
Si se suman los activos no circulantes, como inversiones financieras a largo plazo, bienes muebles e inmuebles, el total del activo de la paraestatal es de 2 mil 125 millones 837 mil 948 pesos en el año por concluir; es decir, 776 millones 455 mil pesos menos que en 2018.
De los fondos con los que cuenta el Instituto, actualmente solo 38 millones 796 mil pesos se tienen destinados para “cubrir compromisos a corto plazo”, indica el documento oficial. Estos compromisos incluyen pagos a proveedores, nómina, prestaciones y préstamos.
Por otro lado, Issstecali proyecta recibir pagos por 445 millones 274 mil 45 pesos antes de que concluya 2019.
PRÉSTAMO DE UNA PARAESTATAL EN QUIEBRA A UN GOBIERNO COLAPSADO
Mientras el ex Gobernador “Kiko” Vega enfrentaba una severa crisis financiera que dejó sin pago a policías, docentes y hasta médicos forenses, el Issstecali, cuyos números tampoco eran los mejores, aceptó realizar un préstamo al gobierno estatal de 600 millones de pesos.
El convenio, del cual ZETA obtuvo una copia, se firmó el 19 de junio de 2018 bajo previa autorización, ese mismo día, de la Junta Directiva de Issstecali, bajo el acuerdo SE/181/19-06-18 tomado en sesión extraordinaria.
El entonces director de Issstecali, Javier Meza López, en representación de la paraestatal y el ex secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, signaron el documento.
Según se describe, el financiamiento temporal responde, entre otras razones, a que “a solicitud realizada por el Ejecutivo Estatal, es voluntad de la entidad paraestatal brindarle apoyo en la medida de las posibilidades presupuestales, en virtud de que existe una necesidad palpable de solventar sus compromisos financieros”.
A su vez, la administración estatal justificó que la solicitud respondía a “cubrir compromisos financieros por lo que tiene necesidades temporales de corto plazo de manera urente por insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.
El contrato se firmó por un monto de 600 millones de pesos, los cuales el gobierno de “Kiko” debía reponer a más tardar el 31 de julio de 2018.
Sin embargo, el 30 de octubre de ese año, la paraestatal y el gobierno estatal, representados por los mismos funcionarios que en el primer convenio, realizaron un convenio modificatorio para establecer una prórroga de pago, pese a que ya habían transcurrido dos meses desde la fecha establecida como límite de pago en el primer convenio.
Al igual que en la primera ocasión, la Junta Directiva de la paraestatal autorizó la firma de este convenio modificatorio, el cual estableció el 31 de diciembre de 2018 como nueva fecha de pago.
Hasta el 30 de septiembre de 2019, los estados financieros del Issstecali reflejaban un monto de 117 millones 958 mil 998 pesos en el rubro de Pagos Pendientes en cuanto a préstamos a corto plazo.
DE AQUÍ SALIÓ EL DINERO
En Baja California, existe una planilla de aproximadamente 18 mil trabajadores de las distintas áreas de gobierno estatal y municipales, órganos descentralizados, paraestatales y paramunicipales.
Cada quincena, a cada empleado se le retiene el 14 por ciento de su salario, lo cual constituye la “cuota del trabajador”. El órgano de gobierno al que este se encuentre adscrito aporta un 5 por ciento adicional para una cuota total del 19 por ciento.
De estas cuotas, se constituyen las llamadas reservas técnicas para prestaciones económicas del Instituto, un fondo para cubrir diversos derechos de los sindicalizados que van desde pago de pensiones y jubilaciones, hasta pagos de póstumos y prestaciones sociales.
A su vez, la administración de estas reservas técnicas está a cargo de dos fideicomisos. El primero, con el banco Santander Serfín como fiduciario, actualmente de 637 millones 407 mil 300 pesos. El segundo, con Banorte, por 43 millones 698 mil 698 pesos.
En total, las reservas técnicas se ubican en los 681 millones 105 mil 998 pesos.
De estas reservas técnicas, es de donde el Issstecali tomó los fondos para el préstamo que realizó al gobierno estatal.
La propia Ley del Issstecali establece los principios bajo los cuales se debe llevar la administración de las reservas técnicas, como garantizar que “la inversión de las reservas deberá hacerse en las mejores condiciones de seguridad y rendimiento”.
Bajo ese precepto, “su disponibilidad deberá estar acorde con la liquidez requerida por el Instituto para hacer frente al pago de prestaciones económicas”.
Según información obtenida por los denunciantes a través del portal de Transparencia, en junio de 2018, la reserva técnica de los fideicomisos estaba conformada por un monto de 802 millones de pesos.
Por lo tanto, el monto del préstamo representaba el 74 por ciento de los fondos disponibles en ese momento.
De ahí, la presunción de que la autorización del financiamiento no cumple con lo establecido en la Ley en cuanto a las circunstancias de seguridad, rendimiento y liquidez en diferentes tipos de inversión para así garantizar mayor utilidad social.
LA DENUNCIA
La denuncia establece que “Arturo Gutiérrez Vázquez realizó acciones tipificadas como delito, ya que teniendo a su cargo el manejo, la administración y el cuidado de la reserva técnica, por parte de los trabajadores de base utilizó abusivamente el poder y la firma que se le confirió, como Secretario General de nuestra organización sindical, actuando sin autorización, ocultando tanto a la membresía del sindicato como a los trabajadores de base las autorizaciones para retirar y/o prestar nuestra reserva técnica”.
Entre el resto de los denunciados, figuran el ex mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid; el ex titular de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz; el ex director de Issstecali, Javier Meza López; y el ex secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal.
De igual forma, la entonces oficial mayor del Estado, Loreto Quintero Quintero; la dirigente de la sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Sotomayor; y el secretario general del Sindicato de Burócratas en Tijuana y en el Estado, Arturo Gutiérrez Vázquez.
Además de los representantes de estos en la sesión de junta directiva del Issstecali en la que se autorizó el préstamo: Héctor Tomás Lara Hormachea, Arturo Chávez Ibarra, Maricela Díaz López, Rubén Salvador Grijalva Garibaldi y Miguel Ángel Ibarra Arenas.
Entre las afectaciones que los sindicalizados refieren, está la falta de atención de calidad como el desabasto de medicamentos, la no realización de exámenes de laboratorio y la suspensión de cirugías y otras carencias que afectan directamente la salud de los derechohabientes.
SIN LOS MEDICAMENTOS MÁS BÁSICOS
Desde una bebé de seis meses que requiere de una cirugía para tratar su asma, la cual ha sido suspendida en varias ocasiones, hasta adultos mayores sin acceso a hemodiálisis por falta de recursos, son algunos de los testimonios de derechohabientes que ZETA recogió en días recientes.
Personal de Issstecali constató las carencias desde cubrebocas hasta reactivos para exámenes de laboratorio para practicar la prueba del tamiz a recién nacidos y pruebas de Papanicolaou para detectar cáncer cervicouterino.
“Se echan a perder las tomas, tienen que venir nuevamente o simplemente, los tejidos ya no sirven”, comentó uno de los empleados en cuanto a la falta de reactivos para detectar ese padecimiento.
Otro, narró cómo durante tres meses, a los bebés que nacieron en el Issstecali no se les realizó la prueba del tamiz neonatal que permite detectar alteraciones en el metabolismo que, a su vez, pueden provocar daño cerebral y auditivo.
Aunque personal del Instituto informó a los padres de la falta de recursos para realizar una prueba que es básica en cualquier hospital público, lo que permitió que algunos padres acudieron a instituciones privadas para realizar el examen con costo superior a 3 mil pesos, no se dio un seguimiento para constatar que a todos los recién nacidos se les hayan practicado estos exámenes.
Pacientes confirmaron que desde hace siete meses no hay abasto, y en algunos casos ni siquiera reembolso de medicamentos que van desde diuréticos, antihistamínicos (contra las alergias), tratamiento para la hipertensión e incluso insulina.
Para los sindicalizados que presentaron la denuncia, existe una estrecha relación entre estas carencias del Instituto y el manejo de los fondos, como lo fue la decisión de realizar un préstamo cuando ya empezaban estas carencias.
