Los activistas presentaron la demanda ante el juez Haywood Gilliam del distrito de Oakland (norte de California), el mismo magistrado que meses atrás ya bloqueó otra partida de 2 mil 500 millones de dólares procedentes de las arcas del Pentágono para el mismo fin.
San Francisco (EE.UU.), 21 nov. (EFE).- Un grupo de activistas en favor de los derechos de los migrantes y ecologistas pidió hoy a la Justicia de EU que bloquee 3 mil 600 millones de dólares que el Presidente del país, Donald Trump, ha destinado a la construcción de su muro fronterizo con México.
La vista celebrada este miércoles forma parte de un amplio número de querellas que grupos a lo largo y ancho del país han presentado contra la decisión del Gobierno de desviar fondos asignados por el Congreso a otros departamentos a la construcción del muro.
Los activistas presentaron la demanda ante el juez Haywood Gilliam del distrito de Oakland (norte de California), el mismo magistrado que meses atrás ya bloqueó otra partida de 2 mil 500 millones de dólares procedentes de las arcas del Pentágono para el mismo fin.
Sin embargo, el pasado julio, en una ajustada votación, los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se impusieron a los cuatro progresistas y dieron un visto bueno temporal al Gobierno para la utilización de este dinero.
Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6 mil 600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur.
Es precisamente la desviación de fondos lo que los demandantes consideran ilegal, al defender que el Ejecutivo no puede modificar de esta forma una decisión tomada por el poder legislativo, ya que fue el Congreso el responsable de aprobar el presupuesto federal.
La decisión del Supremo, sin embargo, no es definitiva, y solo tumba la prohibición de que el Gobierno use los 2.500 millones para la construcción del muro tal y como había impuesto Gilliam inicialmente, pero no entra a valorar la legalidad de la desviación.
Así, aunque por el momento el Ejecutivo puede proceder con la construcción -tal y como está haciendo- sigue pendiente de la decisión final que tome el Noveno Circuito de Apelaciones, que podría hallar ilegal la desviación del presupuesto y por tanto obligar a parar las obras.
Es previsible, especialmente dado su fallo de julio, que en caso de que el Noveno Circuito fallase en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta lleve el caso al Supremo para que tome una decisión definitiva.
