La red consideró que para ser un proyecto con un enfoque justo y cooperativo se debería de reconocer el rol de los pueblos indígenas en la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad y su derecho implícito a la copropiedad del proyecto y participación en la distribución de la riqueza.
Criticó que que los trabajos del Tren Maya comenzarían el 16 de diciembre, pero aún “no se han establecido espacios de diálogo, información y negociación con los pueblos indígenas de las regiones de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco”.
-Con información de Chiapas Paralelo
Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Red Nacional de Abogadas Indígenas denunció que con la consulta popular anunciada por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción del Tren Maya niega a los pueblos indígenas su derecho a decidir sobre su propio desarrollo, las formas, los tiempos y los procesos.
“Es muy grave que se niegue a los pueblos indígenas el derecho a decidir sobre nuestras prioridades de desarrollo, en nuestras formas, tiempos y procesos. Denunciamos que desde el Estado se impongan proyectos económicos, turísticos y culturales que mercantilizan nuestros territorios, vidas y patrimonio cultural material e inmaterial”, dijo en un comunicado esta mañana la red que agrupa a mujeres pertenecientes a diversas etnias y pueblos originarios de México que incluyen al Wirarika, Mazahua, Purépecha, Odami, Maya, Zapoteca, mixteca, Ayuujk, Triqui, Nahuatl y Chinanteca.
“El Tren Maya es una presentación de las dinámicas colonizadoras que prevalecen en las prácticas del Estado, prácticas que mercantilizan y engrandecen el pasado ancestral maya pero excluyen y discriminan a su pueblo vivo”, añadió la Red.
Detalló que la preocupación ante la consulta que se llevará a cabo el próximo 24 y 25 de noviembre, es que la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los pueblos Indígenas, dictan que el Estado está obligado a realizar una consulta libre, previa, informada, pacífica y de buena fe con la finalidad de lograr el consentimiento de los pueblos.
Por el contrario, alertó la Red, ya se anunció que los trabajos del Tren Maya comenzarían el 16 de diciembre, pero aún “no se han establecido espacios de diálogo, información y negociación con los pueblos indígenas de las regiones de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco”.
“Están violando el carácter previo de la consulta, que obliga al Estado a incluir la participación de los pueblos desde la fase de diseño de los proyectos que los involucren, con la finalidad de que sean los propios pueblos los que decidan sus prioridades, y estrategias de desarrollo con identidad, incluyendo la posibilidad de, identificar y controlar los posibles efectos negativos proyecto pudiera ocasionar”, dijo.
Detalló que el proyecto plantea un “potencial económico” traducido en un mayo gasto turístico y capacitación de ingresos en las comunidades, sin embargo, alertó que en realidad la “estructura dista de ser justa e equitativa para todas las partes interesadas ya que los pueblos originarios solamente recibirían una parte residual de la riqueza por el proyecto, mientras que los inversionistas de capital tendrían un retorno exponencialmente mayo sobre la inversión”.
Indicó que para ser un proyecto con un enfoque justo y cooperativo se debería de reconocer el rol de los pueblos indígenas en la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad y su derecho implícito a la copropiedad del proyecto y participación en la distribución de la riqueza.
La Red Nacional de Abogadas Indígenas instó al futuro Gobierno que respete y garantice el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
“Ningún proyecto de desarrollo que nos involucre debe ser diseñado, concesionado y construido sin nuestro consentimiento. Urgimos a que garanticen las condiciones necesarias para lograr un diálogo abierto, respetuoso y en equilibrio de poder de negociación con los pueblos y comunidades indígenas interesadas”, dijo.
Le pidieron también establecer proceso de diálogo transparentes; que se garantice que los procesos se lleven a cabo sin coerción, sobornos y cualquier tipo de presión política por parte del Estado y/o terceros; que se ejecute la Consulta Indígena de manera directa y únicamente por conducto de las instituciones representativas del Estado y no a través de intermediarios; que no se impongan plazos para la toma de decisiones.
Exigieron también que se lleva a cabo un estudio de impacto ambiental, cultural y social en cooperación y coordinación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, ambiental, espiritual y cultural que las actividades del proyecto puedan tener sobre los pueblos.
“Exigimos en caso de llegar a un acuerdo favorable en torno al Tren Maya, el Estado debe incluir a los pueblos indígenas que así lo deseen en la planeación estratégica del proyecto, es decir, establecer cómo van a participar los pueblos y comunidades en dicho proyecto”, agregó.
MANIPULAN CONSULTAS
El derecho a la consulta y del consentimiento, previo libre e informado que los gobiernos están obligados a garantizar, de acuerdo al Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, está siendo manipulado para despojar a los pueblos de su territorio y entregárselo a las empresas, bajo el argumento de que se busca su “desarrollo”.
Lo anterior fue la conclusión a la que llegaron organizaciones y pueblos de América, que se reunieron entre el 14 y el 17 de noviembre en la ciudad de Guatemala.
En la reunión analizaron la estrategia que están utilizando el sector empresarial en contubernio con los diferentes gobiernos del continente, para imponer proyectos turísticos, mineros, hidroeléctricos, petroleros, entre otros que afectan grandes extensiones de territorio actualmente ocupado or pueblos y comunidades.
Uno de ellos, el Tren Maya que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó como un “tren moderno, turístico y cultural” que comunicaría los principales centros arqueológicos de la cultura maya con destinos turísticos como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichen Itzá.
Para avalar este proyecto se piensa invertir entre 6 y 8 mil millones de dólares. Para avalarlo, López Obrador dijo hará una consulta este 24 y 25 de noviembre.
Para las organizaciones que buscan la conservación del medio ambiente como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), y los pueblos sobre los que se pretende imponer este proyecto, la consulta se trata ante todo de una estrategia de simulación. Y esta misma estrategia la han utilizado en diversas partes del continente.
