Moscú/Hamburgo, 21 nov (dpa) – La activista argentina de Greenpeace Camila Speziale, que fue detenida a fines de septiembre por fuerzas de seguridad rusas junto con otras 29 personas que protestaban contra la explotación petrolera en el Ártico, quedó hoy en libertad bajo fianza.
Por el momento son 11 los activistas, incluyendo a Speziale, que recuperaron la libertad luego de que Greenpeace pagara una fianza de dos millones de rublos (61 mil dólares/45.341 euros) por cada uno, mientras continúan las audiencias en tribunales de San Petersburgo.
Se desconoce si los extranjeros liberados podrán salir del país. El director de Greenpeace Rusia, Sergei Tsyplyonkov, dijo a dpa que permanecerán alojados en un hotel en San Petersburgo, mientras los abogados esperan instrucciones legales.
Entre los que fueron liberados hoy figuran el francés Francesco Pisanu, el italiano Christian D’Alessandro, la finlandesa Sini Saarela, la danesa Anne Jensen, el polaco Tomasz Dziemianczuk y el neozelandés David Haussmann, además de tres rusos.
La brasileña Ana Paula Maciel, quien fue el miércoles la primera de los activistas en salir de prisión, tiene el pasaporte con la tarjeta de migración, lo que significa que podría abandonar legalmente el país, indicó Tsyplyonkov.
Hasta ahora, los tribunales otorgaron libertad bajo fianza a 26 miembros, entre ellos el argentino Hernán Pérez Orsi. Para mañana viernes están previstas otras tres audiencias.
El operador de la radio del barco australiano, Colin Russell, es el único al que le fue rechazado el pedido de libertad bajo fianza y le fue prolongada la prisión preventiva hasta el 24 de febrero. Esta decisión hizo que el embajador australiano Paul Myler manifieste el miércoles sus preocupaciones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
Myler negó hoy las especulaciones de que se trata de una decisión política y sugirió que no fue intencional. Por su parte, Tsyplyonkov indicó que para el lunes fue fijada una audiencia de apelación para Russell.
A los activistas se les acusó en un primer momento de piratería, pero finalmente la acusación fue reducida a vandalismo, por lo que podrían ser condenados a hasta siete años de prisión. Greenpeace considera que los cargos son absurdos y pide que todos los detenidos sean liberados.
En tanto, una corte regional rusa declaró adecuada la incautación del barco de Greenpeace “Arctic Sunrise”. Los jueces de la Corte Regional de Murmansk rechazaron la apelación presentada por la organización ambientalista contra la incautación de la embarcación por parte de las autoridades rusas.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró sus críticas a la protesta realizada por Greenpeace en el Ártico en contra de la actividad petrolera.
Putin sostuvo que los activistas pusieron en riesgo la vida de los trabajadores de una plataforma petrolera con su acción. Greenpeace persigue un objetivo noble, pero lo implementa de manera “equivocada”, indicó.
En tanto, el Tribunal Internacional del Mar anunciará mañana en Hamburgo su decisión sobre la demanda de Holanda para que Rusia libere el barco de Greenpeace y los tripulantes que detuvo hace dos meses en el Ártico.
El presidente del tribunal, Shunji Yanai, leerá el resultado de las deliberaciones entre más de 20 jueces durante una audiencia pública. Antes, la corte debe declarar si se considera competente en el caso, como dan por hecho los expertos. “Aguardamos la decisión con gran esperanza”, anunció el portavoz de Greenpeace Tobias Münchmeyer.
Miles de personas se manifestaron en diversas ciudades del mundo para pedir la liberación de los activistas. También lo reclamaron diversas personalidades, desde varios premios Nobel de la Paz hasta el ex beatle Paul McCartney.
“En la audiencia de hace dos semanas, el gobierno holandés dejó bien claro por qué el comportamiento de los servicios secretos rusos viola la convención internacional de alta mar”, señaló el portavoz de Greenpeace. “Creemos que el tribunal puede seguir esa argumentación”.
Independientemente del fallo que adopte la corte, no está claro que Rusia vaya a seguirlo. El país rechazó participar en el proceso y niega que el tribunal sea competente en el caso.
