La Ministra Norma Piña aprovechó la inauguración del XVL Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que encabezó la UNAM, para alertar sobre la politización de la justicia.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este lunes aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025, que había presentado la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, por un monto de cinco mil 922 millones de pesos para el ejercicio fiscal.
Fuentes cercanas al máximo Tribunal señalaron que entre los ministros se cuestionó que el proyecto no considera gastos y ajustes presupuestales derivados de la Reforma Judicial, como la eliminación de los fideicomisos y ajustes de sueldos de altos funcionarios para que no excedan al de la Presidencia de la República.
Además, contempla un incremento por la inflación y prevé recursos para un ajuste a las remuneraciones, el pago de la totalidad de las pensiones complementarias, apoyos médicos extraordinarios y otras obligaciones laborales, así como la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios cuando sea requerido. No se prevén recursos para la creación de plazas, señala el documento.
La propuesta de la Ministra Piña fue cuestionada por no acatar las medidas obligadas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, ya que mantiene asignaciones millonarias para el pago de seguros privados como el de gastos médicos mayores (132 millones 825 mil pesos) y el de separación individualizada (204 millones 988 mil 949 pesos), entre otros.
Ante este escenario, la Ministra Piña Hernández se comprometió a reelaborar su propuesta y presentar una nueva el próximo martes.
DEFIENDE AUTONOMÍA DEL PJ
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, alertó que la sociedad mexicana está perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos ante la politización de la justicia.
“Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial crucial para el desarrollo económico y social del país”, declaró la Ministra durante la inauguración del XVL Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que encabezó la UNAM.
Las declaraciones de la Ministra Piña se dan en el contexto de la Reforma Judicial, que está vigente desde el pasado 16 de septiembre, y que ha sido impugnada por jueces.
La Ministra aprovechó el foro para defender la división de poderes, una de los argumentos que ministros y jueces sostienen para rebatir la Reforma Judicial.
“Como autoridades y como gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ellas emanan. La conservación y el respeto a la democracia, al Estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales son los elementos básicos de un Estado constitucional”, destacó.
“La independencia judicial como patrimonio de la humanidad está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura”, agregó.
Durante el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional la Ministra también se pronunció porque la justicia esté siempre al servicio de la ciudadanía.
“Las circunstancias actuales nos impulsan (al Poder Judicial) a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a las y los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad, y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad”, expuso.
LA REFORMA JUDICIAL INCONFORMA A JUECES
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta mañana un informe del Poder Judicial de la Federación (PJF), en el que se destacaron ocho puntos, como nepotismo y corrupción, que refuerzan la necesidad de que la Reforma Judicial se implemente en seguida.
Sobre el presunto desacato por no obedecer la orden de la Jueza Nancy Juárez Salas, quien pidió eliminar la publicación de la Reforma Judicial en el Diario oficial de la Federación, la Presidenta aseguró que hasta la mañana de este lunes no han recibido ninguna notificación.
“No hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine del DOF la publicación del la Reforma Judicial. Nunca se había recibido en 30 años una notificación así para eliminar. Se está violando la Ley de Amparo”, dijo la Presidenta al destacar que el Gobierno federal está actuando conforme a derecho.
“Ahora me acusan que estoy en desacato, pero es el Poder Judicial que está violando la Ley de Amparo”, reiteró.
La Presidenta detalló que una vez que reciban la notificación, la Consejería Jurídica enviará un escrito al Poder legislativo para preguntarle si es correcto que una Jueza ordene que se baje una reforma que ellos ordenaron que se publicara.
“En el momento en que recibamos la notificación le vamos a preguntar al Legislativo porque ellos son los que ordenan la publicación y ahora una Jueza, violando completamente la Ley de Amparo, pide que se elimine, ¿quiere que se rompa o borre? La Consejería Jurídica enviará una pregunta al legislativo: ¿es factible que una Jueza pida eso?”
Sheinbaum Pardo anunció que notificará a la dependencia encargada de sancionar a los jueces, magistrados y ministros, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por las recientes violaciones a la Ley de Amparo por parte de la jueza Nancy Juárez de Coatzacoalcos, Veracruz, pues destacó que esto afecta al Estado de Derecho.
«Para hacer una suspensión de un amparo no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la Ley de amparo, ¿qué dice la Ley de Amparo? En el artículo 61 señala que el juicio de amparo es improcedente, uno, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país.
Reiteró que la publicación de la reforma al Poder Judicial en el DOF fue una instrucción del Congreso de la Unión, por lo que informó que una vez que sea notificada sobre la resolución de la jueza preguntará al Poder Legislativo sobre la legalidad de esta orden. ‘’Es totalmente irregular, son los propios jueces, juezas, magistrados ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: Votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución’’.
