Pese a que se señala que las autoridades del IPN colaboraron para poner a Diego “N” a disposición de la Fiscalía, las afectadas aseguran que el protocolo para la prevención, detención, atención y sanción de violencia de género no se aplicó debidamente por lo que se “sienten revictimizadas y abandonadas en este proceso”.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Bajo el lema “¡fuera todos los agresores sexuales del IPN” estudiantes, docentes y colectivas feministas del Instituto Politécnico Nacional se han manifestado desde principios de octubre en contra de la violencia digital que sufrieron alumnas de dicho instituto a manos de Diego “N”, quien presuntamente tenía en su propiedad más de cien mil fotografías y, 20 mil videos y compilaciones de fotografías reales y alteradas con Inteligencia Artificial (IA), las cuáles ofertaba y vendía como contenido pornográfico a otros estudiantes a través de grupos de Telegram.
Fue el pasado 6 de octubre, dentro del aula SD9 del Edificio de la Escuela Superior de Comercio y Administración, cuando las alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital detectaron que Diego “N” tenía en su posesión un iPad que contenía fotografías íntimas reales y manipuladas con IA de cerca de mil mujeres con fines de explotación sexual digital.
De acuerdo con el Informe de Violencia Digital publicado en diciembre del 2022 por el Frente Nacional para la Sororidad, 95 de cada 100 víctimas de violencia digital son mujeres; mientras que 8 de cada 10 personas agresoras son hombres. Por otra parte, los datos apuntan que las víctimas se encuentran en un rango de edad entre 18 y 30 años, de las cuales la mayoría son estudiantes universitarias.
La activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia y defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas, explicó en entrevista para SinEmbargo que pese a que la IA es una nueva herramienta para manipular imágenes con fines de explotación sexual, ésta no había sido la única “insinuación de material manipulado que habíamos tenido”.
“Nosotras desde un principio, desde el primer producto de reformas que entregamos a los Estados, hablamos de varios verbos rectores, no sólo de la difusión sino de la producción, de la compilación, del reenvío e incluso de la comercialización. Esto significa que han sido varios verbos rectores los que originalmente constituyen los delitos contra la intimidad sexual que nosotras hemos defendido en los debates, en los congresos. ¿De qué tipo de contenido? Difusión, producción, almacenamiento, compilación y reenvío de contenido real o alterado, de carácter sexual e íntimo”, apuntó.
“Hoy es la Inteligencia Artificial, pero mañana será otra herramienta. Ante esto siempre hemos defendido la idea de que el material sea real o manipulado”, expresó.
El 16 de octubre la cuenta de Instagram Asamblea Justicia Digital IPN (@asamblea_justicia_digital_ipn), a través del posicionamiento de ocho de las estudiantes afectadas, actualizó datos que apuntan que “no son 20 mil fotografías que se encontraron en este dispositivo propiedad de Diego N. sino 166 mil en total, y 20 mil videos y compilaciones de fotografías reales o alteradas de las que al menos 40 por ciento son de alumnas del Instituto Politécnico Nacional las edades oscilan entre 17 y 25 años (sic)”.
Asimismo se dio a conocer que otras estudiantes, que decidieron mantener en anonimato por temor a represalias, indicaron que se les convocó para “entrar al negocio”, el cual constaba de pagar por “producir fotografías íntimas en prostitución o conseguir fotos de otras alumnas para editarlas”.
Hasta el 13 de octubre la FGJ–CdMx informó que se encuentra atendiendo a las ocho alumnas que presentaron la denuncia formal contra Diego “N” por el delito tipificado como Violación a la Intimidad Sexual, el cual se castiga hasta con 9 años de cárcel y 500 Unidades de Medida y Actualización.
Al ser cuestionada por la situación legal de Diego “N” y el castigo que podría llegar a enfrentar por la manipulación y compilación de fotografías con fines de explotación sexual, Olimpia Coral compartió a este medio que esperaría que tuviera la pena máximo debido a que son muchas las agravantes.
“Recordar que el delito en la Ciudad de México implica de cuatro a seis años de prisión más las agravantes. Yo esperaría que tuviera la máxima pena porque son muchas las agravantes, esperando que además se pudiera ampliar otros delitos como acoso porque en esta iPad donde compiló las 166 mil fotografías, 40 por ciento eran alumnas del Instituto Politécnico Nacional, también hay fotografías que les tomaba él a ellas, no con fines sexuales, pero se las tomaba en el salón, en los pasillos y eso podría constituir, depende la interpretación, un delito de acoso, sin embargo creo que valdría mucho la pena que se hagan todas las investigaciones y todas las condiciones para que se puedan incorporar”, detalló.
“Diego ‘N’ ha violado no solamente la intimidad sexual de ellas, sino que ha violado su estabilidad emocional, ha violado su libertad de tránsito, su movilidad y pues las ha hecho sentir en un terror psicológico terrible a ellas y a muchas compañeras, sobre todo del IPN, entonces yo esperaría que fuera la pena máxima para que además tuvieran repercusiones en las reparaciones del daño, sus terapias psicológicas, el pago, el que se hagan responsables sobre toda esta situación porque uno de los perfiles que se está viendo dentro de estas averiguaciones es justamente el cómo era Diego, ahí en la Asamblea Colectiva Justicia Digital a conocer que era un chico muy sociable, aparentemente buen alumno, buena persona […] Entonces yo creo que todas estas situaciones deben de ser consideradas por los peritajes especiales para determinar la no minimización de este tipo de delitos, que me parece que es una de las más grandes compilaciones que se ha podido documentar en México”, añadió.
Pese a que se señala que las autoridades del IPN colaboraron para poner a Diego “N” a disposición de la Fiscalía, las afectadas aseguran que el protocolo para la prevención, detención, atención y sanción de violencia de género no se aplicó debidamente por lo que se “sienten revictimizadas y abandonadas en este proceso”.
A las pocas horas de que las alumnas compartieron su posicionamiento actualizado el pasado 16 de octubre, el IPN dictaminó la baja definitiva de Diego “N”, alumno de la ESCA de Santo Tomás, luego se haber sido señalado de ejercer violencia digital en contra de sus compañeras.
“En el IPN no hay tolerancia ante este tipo de actos; la institución mantiene la política de combatir la violencia de género, el abuso y el acoso en contra de nuestro alumnado”, dictó el Instituto a través de un comunicado.
Al respecto, Coral Melo aseveró que a las estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración se les revictimizó y fue a raíz de las manifestaciones que las autoridades se movilizaron.
“Claro que no se aplicó el protocolo del Insulto Politécnico Nacional desde un principio, por eso es que hubo una manifestación, por eso es que se movilizaron, fue hasta a raíz de las movilizaciones que hoy en día ya tienen respuestas de las autoridades, fue a raíz de las manifestaciones, de la organización política de mujeres, que ya hay respuesta. Hubo, además, incluso la semana pasada, una coacción de su derecho a la manifestación dentro de la universidad, hubo maestros de la institución que las coaccionó, que las minimizó”, denunció.
En este sentido, la activista compartió que la revictimización no sólo fue a nivel institucional sino también social ya que en los primeros TikToks que se subieron para documentar el caso, las estudiantes se encontraron con comentarios como “qué tipo de herramientas utilizaron”, “yo quiero hacer eso con mi novia”, “Diego ‘N’ mi héroe”, entre otros.
Además, cuestionó si las víctimas contarían con el mismo apoyo de sus familiares si, hipotéticamente, las fotografías fueran reales y no alteradas con ayuda de la IA.
“Si nos damos cuenta de toda esta tendencia, entonces primero se les revictimiza institucionalmente y luego se les victimiza socialmente, esto es una consecuencia desgraciadamente de las víctimas de violencia digital y de las que lo hemos vivido, de pensar que por ser virtual no es real y de minimizar el hecho de explotación sexual sobre nuestros cuerpos”, abundó.
No obstante, Olimpia Coral reconoció que pese a que al principio las alumnas tuvieron un camino lamentable, las autoridades se han reivindicado ya que, ahora, cuentan con la protección de la Fiscalía, la policía de investigación está llevando el debido proceso y el IPN tomó la decisión de dar de baja a Diego “N”.
“EL MIEDO CAMBIARÁ DE BANDO”
“Fue horrible ver cómo la llegada de la tecnología en manos de los hombres y de la industria de la explotación sexual destruye la vida de las mujeres”. Esas fueron algunas de las palabras que las ocho alumnas de la ESCA Santo Tómas compartieron en redes sociales a través de su posicionamiento actualizado.
La violencia digital, como se le conoce a “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite; comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, o videos reales o simulados de contenido intimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia”, está penada con la Ley Olimpia.
Lamentablemente las alumnas del IPN no son las únicas mujeres que se han enfrentado a ver sus fotos alteradas con IA, pues es un problema que ha ido creciendo exponencialmente y que ha afectado hasta a celebridades como Rosalía.
Al respecto, Coral Melo recalcó que la Ley Olimpia no es la panacea pues aún hay varios retos que enfrentar, por ejemplo, el desarrollo de un catálogo de delitos sexuales cibernéticos en donde se contemplen penas para copartícipes y partícipes; y el análisis de los procesos que se están llevando para que existan los protocolos adecuados para la investigación, el desahogo de pruebas, y “para no dejar en desamparo una condición de apoyo, de guía interinstitucional, para que sea una herramienta para las autoridades de Procuración de Justicia”.
Sin embargo, Olimpia destacó que el principal reto a vencer es con las plataformas digitales “porque una de las cosas que están mermando los nexos causales para la investigación ha sido la inacción de las plataformas digitales”.
La Ley Olimpia, reforma legal que impone penas por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2021.
