En días pasados acudí a la instalación del nuevo procedimiento laboral que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje sustituyéndolas por tribunales del poder judicial.

En la presentación de la estructura general de la reforma, un joven acicalado describió el gran esfuerzo que el equipo de operadores de la reforma han hecho durante los últimos tres años, concluyendo qué el tamaño del esfuerzo de recorrer todo el país de arriba abajo y del Golfo al Pacífico debería considerarse como un acto histórico no solo por el esfuerzo sino por el resultado de terminar con un procedimiento podrido e iniciar en este momento que quedara grabado en la historia del país y del derecho: El enjuiciamiento de los casos laborales mediante dos etapas fundamentales la etapa de conciliación y la etapa de juicio en aquellos casos donde sea imposible avenir a las partes.

Me impresionó la noción que tienen los jóvenes abogados, académicos y altos funcionarios de los hechos históricos en el derecho y sobre todo en derecho laboral.

Para ellos la historia empieza en el momento en que el nuevo régimen comienza la transformación de el antiguo sistema de impartición de justicia laboral y el establecimiento de un nuevo sistema.

Para que el joven, no sucedió una revolución entre 1910 y 1917, no hubo un constituyente al final del proceso histórico dónde Venustiano Carranza envío una propuesta de reforma constitucional, qué básicamente ratificaba el derecho al trabajo y establecía algunos derechos individuales más para los trabajadores.

Tres años de cabildeo con los gobiernos estatales ciertamente que son un gran esfuerzo, porque a los gobernadores no les interesa mucho invertir en justicia para la clase obrera.

Sin embargo, 7 años de revolución con cerca de un millón de muertes, después de las terribles huelgas de Cananea y Río Blanco, esta última, la culminación de una gran huelga nacional en la industria textil. Fue un esfuerzo de toda una nación, que si puede calificarse cómo histórico desde una perspectiva diferente.

La discusión de los diputados socialistas, exigiendo se abriera un nuevo capítulo en la Constitución para establecer ahí los derechos colectivos, el principio de equidad social, el derecho a huelga, y a la libre sindicalización, sí me aparecen históricos desde la subjetividad del siglo pasado.

Ciertamente, las reformas y las políticas para asegurar el ejercicio del derecho al voto de los trabajadores en la vida sindical significa el alcance de sueños que parecían imposibles para los abogados de nuestra generación, y eso sí pudiera calificarse cómo un momento histórico, pero la reforma procesal enviando los juicios a los poderes judiciales locales desde mi punto de vista su dimensión histórica es menor.

Ahora las demandas de los trabajadores van a ser resueltas por jueces subordinados a un presidente de los tribunales estatales, que suelen estar a su vez subordinados al Gobernador de cada entidad.

Frecuentemente hemos insistido, qué México enfrenta una especie de autoritarismo de los tribunales, dónde bastantes jueces resuelven con un criterio meramente legalista, y sujetos a intereses meta jurídicos. Como prueba tenemos la práctica parcial y facciosa del tribunal electoral, qué ignoró totalmente la campaña negra lanzada por los empresarios en contra de Andrés Manuel en 2006 y a pesar de qué la diferencia reconocida fue de menos de un 1%, el tribunal válido esa elección cómo se hubiese sido una elección químicamente pura, igualmente en la elección de 2012, había suficientes elementos, para declararla nula por los excesos cometidos, por todos los apoyos ilegales a Enrique Peña Nieto, sin embargo a Morena la sancionan por “ Quítame está pajas”.

Encuentro cierta arrogancia en los funcionarios jóvenes que creen que la patria empezó en 2018. Y todo lo demás fue prehistoria.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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