De acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre pasado se registraron dos mil 894 homicidios dolosos en el territorio mexicano, 30 más que los contabilizados el mes anterior.
Las entidades que reportaron más víctimas de asesinatos intencionales fueron Guanajuato con 334, Baja California con 266, Estado de México con 225, Jalisco con 223, Guerrero con 199, Michoacán con 166, Chihuahua con 150, Sonora 114, Ciudad de México con 110 y Puebla con 100.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto le queda menos de mes y medio para culminar sus funciones y la ola de violencia sigue a la alza, pues tan sólo durante los primeros nueve meses del año suman ya 24 mil 769 asesinatos en México, cifra superior a los 20 mil 833 reportados hasta el mismo periodo del 2017.
De acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre pasado se registraron dos mil 894 homicidios dolosos en el territorio mexicano, 30 más que los contabilizados el mes anterior. El Secretariado, que difunde datos de la incidencia delictiva de México desde 1997, arrojó que la cifra por este crimen pasó de dos mil 864 en agosto a dos mil 894 en septiembre.
Las entidades que reportaron más víctimas de asesinatos intencionales fueron Guanajuato con 334, Baja California con 266, Estado de México con 225, Jalisco con 223, Guerrero con 199, Michoacán con 166, Chihuahua con 150, Sonora 114, Ciudad de México con 110 y Puebla con 100.
Mientras que en agosto, el mes previo, agosto, los estados con más homicidios dolosos fueron de nuevo Guanajuato como el más violento con 300, Baja California con 274, Chihuahua con 264, Jalisco con 224, el Estado de México con 212, Guerrero con 185, Michoacán con 138, Puebla con 113, y la Ciudad de México con 106.
Por otra parte, los datos señalaron que hubo un total de 625 feminicidios de enero a septiembre, 71 de ellos se cometieron el mes pasado, principalmente en Nuevo León, entidad que registró 15 víctimas; seguido de Guerrero con siete; Estado de México con seis; Michoacán y Veracruz con cinco cada uno; Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Sonora con cuatro casos en cada uno.
El 2018 se encamina para superar al 2017, año en el que se registró un total de 28 mil 702 víctimas de homicidios dolosos, ya que los 24 mil 769 asesinatos en México alertan cada vez más sobre la crisis de inseguridad de se vive en el país, la cual fue centro de atención en medios nacionales e internacionales en septiembre, luego de que se diera a conocer que la existencia de dos tráilers que peregrinaban con restos humanos descompuestos en el estado de Jalisco. La razón: Eran tantos los muertos que ya no cabían en la Fiscalía, tal como anteriormente sucedió en Guerrero.
El ir y venir de un tráiler que contenía 157 cuerpos supuestamente en refrigeración, más las condiciones en las que se encuentran más de 100 restos humanos en otro vehículo apostado el patio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), han puesto al Gobierno de Jalisco, que lidera el priista Aristóteles Sandoval Díaz, en el ojo del huracán, y como ejemplo de la negligencia y falta de capacidad de los gobiernos para ocuparse integralmente del tema de la violencia, acusaron organizaciones civiles y de padres de desaparecidos.
Una segunda caja con más de 100 cuerpos, se informó después, se halla estacionada en el patio del Instituto, lo que significa que hay aproximadamente 300 cuerpos hacinados en esas cajas refrigerantes.
Los choferes encargados de trasladar los restos humanos por tres municipios de la entidad fueron advertidos que era una operación ilegal, y les pidieron que “cerraran el hocico”.
Ante el hecho, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitó al Gobierno de Aristóteles Sandoval información sobre los cuerpos que se hallan hacinados en los tráileres.
En un un documento exigió el número de carpetas de investigación a las que corresponden los cadáveres. “El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que los cuerpos de las personas no identificadas y/o entregadas a sus familias reciban un trato digno”, expuso.
