En Baja California operan 109 casas hogar, de las cuales 25 están en Ensenada y dos en San Quintín, que atienden a 2 mil 564 niños y adolescentes. La estadística se mantiene alta, con un mínimo de cinco denuncias por día y 20 recluidos mensualmente por la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar, por maltrato u omisión de cuidados en su contra.
“Lo que más nos pesa es que a los niños se les está negando un derecho tan básico como la alimentación”, dijo Juan Emanuel Marchan Guzmán, de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar, alarmado por la cantidad de casos en los que ha intervenido, donde los menores están desnutridos y piden alimento.
Por Lorena Lamas
Tijuana/Ciudad de México, 21 de octubre (Zeta/SinEmbargo).- A diario, la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar de Ensenada, Baja California, atiende un mínimo de cinco reportes sobre maltrato físico o verbal a un menor de edad.
Las denuncias recibidas en general y puestos a disposición ante la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en Ensenada, fueron 188 en aquel año, 129 en 2017 y de 158 menores en nueve meses de 2018.
En Baja California operan 109 casas hogar, de las cuales 25 están en Ensenada y dos en San Quintín, atendiendo a 2 mil 564 niños y adolescentes; 752 pertenecen al puerto.
Una menor de apenas ocho años de edad, cuya madre es adicta al “cristal” y su padre alcohólico, narró a sus maestras el miedo con el que vive.
“Ella (su mamá) se la pasa debajo de la cama escarbando (en piso de tierra) y no nos da de comer, cuando sale a comprar nunca es comida”, describió la niña, quien reside en El Sauzal, cuyos tutores se mantienen en anonimato.
Los profesores de la escuela denunciaron ante las autoridades la situación de la menor, quien a su corta edad domina los instrumentos que se usan para el consumo de drogas.
El responsable de la Unidad informó que los resultados en Ensenada no son alentadores, ya que los menores maltratados están creciendo de manera exponencial, debido al consumo de drogas.
AUMENTAN DENUNCIAS Y ADICCIONES
Todos los días la corporación atiende llamados de emergencia de vecinos, padres u otras personas que aseguran ser testigos de agresiones o abusos por parte de adultos hacia menores de edad.
Juan Emanuel Marchan Guzmán, de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar, detalló la estadística que manejan. Hay focos rojos con mayor denuncia en la zona norte (Colonia Popular 89, Montemar, Puerta Azul y otros fraccionamientos de interés social).
“Lo que más nos pesa es que a los niños se les está negando un derecho tan básico como la alimentación”, dijo alarmado por la cantidad de casos en los que ha intervenido, donde los menores están desnutridos y piden alimento.
Cuando son llevados a la delegación policiaca para dejarlos en manos de la Procuraduría para la Defensa al Menor, tanto a los niños como a los padres o familiares, se les explica el procedimiento para la certificación médica “con apego a la legalidad”.
“Ha aumentado la situación de personas porque los padres pierden a interés y hay desapego con los hijos, abuso de drogas y alcohol donde se violan los derechos de los niños e integridad porque están las drogas al alcance de los niños”, subrayó Marchan.
Lo que revisa un trabajador social en las viviendas o “picaderos”, son condiciones de seguridad, bienestar e higiene adecuadas para el menor.
“Les explicamos que hay una denuncia hacia ellos, y les hacemos hincapié dónde se determinará qué va a suceder con ellos”, esto en referencia al juez.
La Unidad tiene un registro de menores rescatados, la cual va en aumento junto con las denuncias, lo cual, en la opinión del funcionario, es bueno para la corporación.
“Es importante revisar si hay omisión de cuidados, maltratos o lesiones en situación de parientes”.
Por último, aclaró que cuando los menores están acompañados por un adulto en casa, y pese a ello existe denuncia de un supuesto testigo de violencia, procuran subsanar el problema de forma inmediata en el domicilio.
“TODO ES FALSO… FALSO”
Las hermanas Silvia y Jennifer Pacheco son madres de seis menores, cuatro varones de trece, ocho, siete y seis años, dos niñas de seis y tres años, quienes fueron sacados del domicilio de los abuelos luego de una denuncia de omisión de cuidados.
Ellas no viven ahí. Jennifer reside en la colonia Popular 89 y Silvia en la 13 de Abril.
Con lamentos, el abuelo, quien se encuentra enfermo, habló con Zeta: “No puedo estar así, las extraño mucho, imagínese, son el alma de mi casa”.
Junto con su esposa e hijas, el hombre vive humildemente, pero todos tienen un trabajo honrado.
La familia Pacheco se siente burlada por la autoridad municipal y estatal, ya que la mañana que arribaron al domicilio, en el que ambas hermanas estaban presentes, a ellos les aseguraron que las niñas sólo estarían fuera por unas horas.
Nos mintieron, nos pidieron permiso para revisarlas y nosotras, que estábamos ahí, les permitimos que entraran para revisar, luego vieron que no estaban golpeadas ni nada, pero aun así se las llevaron”, expuso Silvia, cuya hija cumplirá cuatro años de edad el próximo 3 de noviembre.
La familia se dedica a la venta de carne de cerdo y por las tardes ofrecen nopales sobre las calles Cortés y Reforma.
Los hechos ocurrieron el 3 de octubre, cuando personal de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar llegó a la vivienda ubicada en Granjas de Gallo, debido a que vecinos hicieron llamadas de emergencia, afirmando que los infantes eran sometidos a abusos.
Ese día, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) dieron a conocer que en apoyo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), atendieron el reporte referente a un presunto caso de violencia a las 12:03 pm.
“Los oficiales fueron informados que ante la denuncia se solicitó permiso para verificar el lugar,
donde encontraron en el exterior del predio acumulación excesiva de basura, ropa, cacharros, desperdicios de alimentos y un vehículo desmantelado; mientras que en el interior no se encontró despensa y se observó desde trastes sucios, hasta heces de animales”, refiere el parte informativo.
Vecinos de viviendas aledañas expresaron que los menores se la pasaban jugando en la calle, que siempre estaban sucios, vendiendo dulces afuera de un comercio y que constantemente les gritaban.
Yohana aseguró que la información no es real, ya que sus hijas ni siquiera viven en esa casa. “Tengo mi casa propia, nosotros no vivimos ahí, no nos dieron chanza ni de entrar a la casa, darles de comer o siquiera bañarlos”.
Ella abordó la Unidad junto con los niños. Al llegar a la delegación de Calle Novena y Espinoza, vio con tristeza cómo tenían a sus hijos y sobrinos en las celdas, junto a otros detenidos. “Los tratan como delincuentes”, señaló.
Para recuperar a los niños, interpusieron una denuncia en el Ministerio Público, ya que a su parecer, el proceso se desarrolló de manera ilegal.
Explicaron que el sábado 6 de octubre fueron a visitarlos, y fue un drama “el llanto de los niños, suplicaban a las mamás que no los dejaran. Nos dijeron que si era verdad que amamos a los niños, por qué los dejábamos ahí, que se querían ir con nosotros a casa, estamos muy tristes”, indicaron adultos afectados.
ALBERGUES, EN LA MIRA
Una niña de seis meses de edad murió por bronco-aspiración el martes 9 de octubre en la Casa Hogar Puerta de Fe, en la delegación de La Misión.
La menor fue atendida en el Hospital General de Playas de Rosarito, donde falleció, asumiendo el Ministerio Público de ese municipio el caso.
La madre de la pequeña tiene problemas de adicción y se encontraba internada en el Hospital General de Ensenada. Anteriormente, DIF Estatal le había recogido a la bebé junto a otro hijo, debido al abandono en el que los tenía viviendo.
Uno de los antecedentes de la Casa Hogar Puerta de Fe, se relaciona con presuntos abusos sexuales cometidos por personas del lugar en contra de dos menores, ocurridos en 2013 y 2014.
NIEGA MALTRATO DIRECTO A RESCATADOS
El director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Íñiguez Díaz, explicó que los agentes apoyan en el rescate de niños sólo cuando hay un obvio maltrato infantil.
Para eso, los agentes llenan el Informe Policial Homologado (IPH) con todos los detalles de lo que vieron en los domicilios intervenidos, pero es responsabilidad de un juez determinar qué destino tendrá el niño recuperado.
Sobre la posibilidad de que los niños enfrenten maltrato al llegar a la estación de Policía donde se lleva a cabo el llenado de actas, así como la revisión médica, respondió que él difiere porque los menores nunca bajan de la camioneta de DIF.
“No hay interés específico que no fuera nuestra responsabilidad, somos coadyuvantes de las instancias correspondientes tras un reporte 911 o DIF Estatal que nos pide el apoyo”, precisó el jefe policial.
El equipo de trabajo social adscrito a la Subprocuraduría verifica las condiciones de higiene de la casa habitación, que tenga servicios básicos, despensa básica, que el entorno familiar y social sea el adecuado.
“Si la trabajadora social, al estar atendiendo el reporte advierte vulneración de derechos que pongan en riesgo inminente la vida, libertad o integridad de los menores de edad, en ese momento solicitará el apoyo de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar adscrita a Seguridad Pública, a fin de que (los menores) sean trasladados ante el juez calificador en turno, en compañía de los familiares y determine si son puestos a disposición de DIF Estatal”, finalizó Íñiguez.
Desde septiembre de 2017 funciona la aplicación móvil Habla por Ellos, única en su tipo, la cual permite denunciar actos que atenten contra la integridad de los menores de edad.
La denuncia se puede hacer de forma anónima si así lo prefiere el usuario, con la opción de agregar geolocalización del reporte, así como foto o video. A la fecha, la app se ha descargado más de 2 mil veces y ha generado más de 700 reportes.
