Activistas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los problemas en el sistema de salud mental en México y violaciones a los derechos humanos que enfrentan los usuarios de estos servicios.
En la audiencia, el Estado mexicano reconoció que en hospitales psiquiátricos de al menos cinco estados hay tratos inhumanos. Actualmente, México sólo asigna el 2 por ciento del presupuesto de salud a la salud mental; y de éste, el 80 por ciento se destina a los hospitales psiquiátricos.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- “Vivir un mundo falso, en otra realidad, todo con mucho sufrimiento”, narra Enrique. Padece esquizofrenia desde hace más de 20 años.
Tenía 32 años cuando tuvo su primer episodio psicótico. Había dejado de tomar sus medicinas después de ocho años de ser diagnosticado con esquizofrenia. Buscó a su psiquiatra. Pidió apoyo a su familia. Retomó el tratamiento y se alojó con uno de sus hermanos. Sin embargo, su familiar desesperó y decidió internarlo contra su voluntad en un hospital donde -afirma– fue víctima de malos tratos, golpes y abuso sexual.
“Fueron varias veces en que sufrí abuso sexual. Una de ellas, ahí en el pabellón, un enfermero me acarició y me besó. Ocurrió varias veces, [el agresor] se aprovechaba para besarme y tocar mis genitales”, narró Héctor a SinEmbargo.
Enrique es parte de una realidad: las personas que están en hospitales o unidades de psiquiatría han sido víctimas de tratamientos forzados, algunos inadecuados que segregan y deterioraban paulatinamente la salud mental y bienestar; agresiones físicas, abusos sexuales así como condiciones inhumanas y degradantes en internamientos como sujeciones, restricciones físicas, falta de atención médica y dental, falta de alimentación, agua, vestido, cobijas o la práctica de esterilizaciones forzada, según denuncia la organización civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, (Documenta).
Esa preocupación fue llevada por colectivos y activistas mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde denunciaron graves violaciones a los derechos humanos de los usuarios de servicios de salud mental, especialmente a su integridad y libertad personal, así como al derecho a no ser víctima de tortura y malos tratos.
En la audiencia denominada “Política de drogas y denuncias de prácticas violatorias de derechos humanos del modelo de atención a la salud mental en México”, realizada en Colorado, Estados Unidos, el pasado jueves 4 de octubre, representantes de la organización civil Documenta exigieron al Estado mexicano garantizar la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
María Sirvent Bravo Ahuja, coordinadora institucional de Documenta, afirmó que en México no existe un modelo claro de salud mental porque persiste un marco normativo deficiente que discrimina y concentra la atención en instituciones psiquiátricas. A ello se le agrega la falta de supervisión y monitoreo de dichos centros de internamiento.
“La salud mental en México enfrenta varios problemas. Por un lado, la preeminencia de un modelo que […] ha traído violaciones específicamente en contra de personas con discapacidad psicosocial y de personas con uso problemático de drogas”, comentó.
En México la salud mental está “regulada”, desde 1984, en la Ley General de Salud (LGS); sin embargo, esa legislación aún es insuficiente porque no prohibe los internamientos forzados, tratamientos involuntarios y no garantiza el respeto de la capacidad jurídica de los usuarios, según detalló la activista.
Se estima que en el país hay al menos 38 hospitales psiquiátricos públicos, de acuerdo a datos de la organización civil: “En el año 2011 había 33 hospitales y en el año 2018 la cifra no sólo no disminuyó, sino que aumentó un 18 por ciento”.
Durante su intervención en la audiencia, la activista recordó que el Relator Especial de Naciones Unidas de salud física y mental, Dainius Püras, dijo la semana pasada en su visita a México, que “existe un problema con la regulación de la salud mental. Ese problema es el uso extendido de leyes discriminatorias que confieren a los psiquiatras la facultad de anular los derechos humanos de las personas a base de diagnósticos, de restringirlas su capacidad jurídica, privarlos de libertad y forzarlos a determinados tratamientos”.
El informe presentado por el colectivo mexicano ante la CIDH también cita las observaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que el 2007 –fecha en que se creó– ha detectado múltiples irregularidades en los centros de atención psiquiátrica que ha supervisado.
Los abusos sexuales son prácticas recurrentes en los internamientos, indicó Víctor Lizama Sierra, del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta durante su participación en la audiencia.
El activista también mencionó que el informe de seguimiento del Relator Especial sobre la Tortura, realizado en 2017, destaca que el 42 por ciento de las mujeres con disparidad psicosocial que habían pasado por instituciones de salud mental mexicana fueron víctimas de esterilizaciones forzadas o bajo coacción.
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Silvia de la Vega tenía 16 años cuando fue diagnosticada con esquizofrenia. La entonces adolescente no aceptó el tratamiento ni medicación hasta los 18 años cuando fue internada en la desaparecida y polémica Clínica San Rafael, en 2008.
La joven presentaba un agravado estado de psicosis. Tenía delirio de persecución: “dejé de dormir por las noches. Lo inquebrantable ocasionó que se agravara la psicosis […] fueron dos años de no estar realmente en este mundo”, narró.
Las dos primeras semanas de internamiento estuvo incomunicada “estuvieron golpeándome y sujetándome a la cama porque yo no sabía donde estaba”.
Silvia narró que el día que ingresó al hospital, como estaba ansiosa, nerviosa e inquieta, los doctores la amarraron a la cama y la sedaron: “Cuando desperté no sabía donde estaba y traté de escapar. Traté de escapar y lo que pasaba es que me golpeaban, y eso fue como una semana”.
Silvia fue testigo de diversas irregularidades: “quienes estaban a cargo de los pacientes eran los cuidadores y las cuidadoras, quienes no tenían ningún conocimiento en psicología. Sufrimos abusos de todo tipo, tanto físicos como psicológicos, también llegué a sufrir acoso sexual”, refirió.
La joven recuerda especialmente el maltrato que recibía una paciente, adulto mayor. La mujer decía que no podía caminar, entonces los cuidadores la arrastraban de la cama para llevarla a una silla, la amarraban, la metían al baño, y luego la volvían arrastrar a la cama.
El ultraje que ejercían los empleados del hospital parecía ser solo por entretenimiento o pasatiempo, comentó la entrevistada.
“Se cometían toda clase de cosas, yo me acuerdo que lo hacían por diversión, amarraban a las camas por diversión. No sé, yo creo que en sus mentes pensaban que era divertido amarrarlos y soltarnos cuando quisieran hacerlo”, comentó.
Otras de las irregularidades que mencionó es que jamás le dijeron qué pastillas y medicinas le proporcionaban, “me las tenía que tomar a la fuerza porque si no te las inyectaban”.
No obstante, con el tratamiento empezó a darse cuenta que ella estaba en una clínica psiquiátrica: “Como yo quería salir de ahí, empecé a dejar de seguir diciendo las cosas que no coincidían con lo que normalmente se piensa. Empece a dar un comportamiento más tranquilo para poder salir de ahí porque había personas que ya llevaban mucho tiempo”.
Silvia duró un mes y medio en su primer internamiento, el cual no ha sido el único, pues a lo largo de su vida ha sido hospitalizada cuatro veces, pero han sido de forma voluntaria.
La entrevistada aclaró que sólo en la Clínica San Rafael fue agraviada y atestiguó abusos sexuales.
“No se sufre de maltrato en las clínicas privadas. Es bueno que haya lugares para recuperarnos y poder salir de las crisis. Yo no estoy en contra del internamiento, lo que debe cambiar es la atención y mejorar estos lugares, con mejores psicólogos y psiquiatras e incluir más a la familia”, detalló.
La clínica San Rafael fue cerrada en el año 2009. En su historia se ha escrito múltiples irregularidades, abusos y maltratos. El inmueble fue derrumbado en 2013 para dar paso a un centro comercial y los pacientes fueron reubicados a otros centros psiquiátricos.
UN NUEVO MODELO
En México la atención a la salud mental se han basado históricamente en un esquema “institucionalizador”, donde los hospitales psiquiátricos son la figura central.
“En el año 2000 se optó por transitar hacia un modelo de atención de carácter más comunitario como el Miguel Hidalgo”, explicó María Sirvent Bravo Ahuja durante la audiencia ante la CIDH.
“Este modelo busca privilegiar sistemáticamente la asistencia en centros de salud recurriendo a una red de servicios comunitarios y crea una nueva estructura de atención, que son las Villas de atención hospitalaria”, indicó.
Sin embargo, a casi 20 años después “el nuevo modelo se ha implementado con deficiencias, ya que en ningún momento hubo una auténtica red de recursos psicosociales, tales como lugares donde vivir, actividades o trabajo en aras de alcanzar la reintegración en la sociedad de los usuarios”, denunció la activista.
Además, destacó que las villas de transición son escasas en el país y “no han tenido cambios sustanciales en la realidad que viven los usuarios.
Se instalaron Villas de Transición Hospitalaria en seis estados entre los años 2006 y 2012, pero “ni siquiera hay información pública y rigurosa sobre cuantos centros operan ni como lo hacen”, añadió Sirvent.
Los representantes de la sociedad civil afirmaron que el actual modelo de atención es intrusivo y que sustrae la capacidad jurídica de los usuarios, lo que las deja en una posición de extraordinaria vulnerabilidad .
“Por todo lo anterior se puede afirmar que, si bien el marco legal mexicano en materia de salud mental ha sufrido cambios significativos desde principios del siglo pasado, los esfuerzos que el Estado ha hecho por mejorar el sistema de salud mental no han sido suficientes”.
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INTERNAMIENTO FORZADO
Enrique duró seis años en el hospital Fray José Bernardino donde fue internado de manera involuntaria la primera vez.
El entrevistado de 50 años pidió reservar su identidad y que se le modificara su nombre. Teme por la estigmatización que sufren las personas con discapacidad psicosocial, principalmente si ésta es por esquizofrenia.
La esquizofrenia es un desorden neurológico caracterizado por trastornos en la percepción de la realidad, una distorsión del pensamiento, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
Algunas de las experiencias más frecuentes que pueden experimentar los esquizofrénicos son las alucinaciones (oír voces o ver cosas inexistentes) y los delirios (creencias erróneas y persistentes). A eso lo conocen como episodios de psicosis.
“Cuando me diagnosticaron la esquizofrenia me costó mucho trabajo aceptarlo porque yo me consideraba una persona buena, sana. Pero con el paso del tiempo cuando empece a ver al especialista me di cuenta que sí estaba enfermo y necesitaba tratamiento”, contó.
Enrique llevaba ocho años en tratamiento con un psiquiatra, cuando empezó a “ sentirse mejor” dejó la medicación y salió de la Ciudad de México para acudir a un torneo de ajedrez; sin embargo, cuando regresó ya presentaba un brote psicótico. Fue el primero. Hace 18 años.
“Busqué a mi psiquiatra y me atendí. Nada más que estas cosas [la psicosis] no son situaciones que se puedan corregir como si fuera una gripa. Cuando tienes un brote psicótico tarda un tiempo en recuperarse, con medicamento”, explicó.
En esos días, Enrique pidió apoyo a su familia y decidió alojarse en la casa de uno de sus hermanos.
“Yo le decía a mi hermano que me sentía decaído, que me sentía mal. Tenia síntomas de malestar físico y mental y mi hermano, -vamos de decir que se llama Emilio-, él se desesperó”, narró.
Enrique recuerda que su hermano lo metió al automóvil y lo llevó a un hospital psiquiátrico.
“Yo me negué, yo quería que me llevaran con el médico. Creo que era lo que correspondía, una cosa es que te sientas mal y otra que estés en condiciones de ser internado. Yo no estuve de acuerdo cuando me llevaron la primera vez, yo quería que me llevaran con mi médico, y que en todo caso él determinara que era lo que correspondía hacer”, detalló.
A Enrique tampoco le permitieron ver a su psiquiatra de cabecera durante la hospitalización y le asignaron a otro doctor.
En México se permite los internamientos involuntarios por motivo de “discapacidad”, así que el 67 por ciento de las personas alojadas en hospitales psiquiátricos fueron ingresadas de forma involuntaria, advirtió Víctor Lizama Sierra, del Programa Discapacidad y Justicia de la organización Documenta.
“En un alto número de centros no sólo se interna de manera involuntaria, sino que además no existen registros de ingresos o se realizan con irregularidades, tales como no dar la opción de revocar el consentimiento inicial”, indicó el activista ante la CIDH.
En el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde fue internado Enrique, se ha registrado que la cifra de personas internadas involuntariamente asciende a 90 por ciento.
Otro aspecto que alarma a la organización civil es que hay internamientos que se perpetúan.
“Se ha documentado que en el Centro de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México había personas que llevaban más de 20 años encerradas en condiciones insalubres y abandono”, dijo el defensor.
Enrique logró mejorar y finalmente dejar el hospital tratamiento y terapias. Hoy en día tiene una rutina socialmente activa: participa en grupos y concursos de ajedrez, cuenta con un empleo administrativo -pese a que los doctores le dijeron que no podría ejercer su carrera- y está casado.
“Llevo una vida casi normal”, comentó. La excepción es que siempre tiene que tomar su medicamento por la esquizofrenia que padece. Actualmente cuenta con una red de apoyo comunitario.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité DPD) ha considerado la privación de libertad en instituciones de salud mental sin consentimiento constituye una privación arbitraria.
Para el Comité contra la Tortura el internamiento involuntario es siempre arbitrario salvo que medie una orden de una autoridad judicial competente e independiente y con cobertura a las debidas garantías judiciales. “En todas las circunstancias, la decisión de someter a internamiento con motivo de su salud mental debe tomar en cuenta la opinión de la persona afectada, opinión que será escuchada adecuadamente”.
El Relator Especial sobre la Tortura, de forma más tajante, ha enfatizado que es esencial la prohibición absoluta de los tratamientos forzados, pues su práctica “en centros de atención a la salud son formas de tortura y malos tratos”, según expone Documenta en su informe.
ESTADO RECONOCE EL PROBLEMA
El Estado mexicano reconoció en la audiencia de la CIDH que en hospitales psiquiátricos de al menos cinco entidades federativas, Estado de México, Chiapas, Guadalajara, Oaxaca y Veracruz, ha habido tratos inhumanos a los pacientes.
Virginia González Torres, Directora General del Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, señaló que México está transitando hacia el Modelo Hidalgo, que garantiza los derechos humanos.
“Estamos luchando por eso, por las villas de transición hospitalaria en donde la gente que necesita ser hospitalizada no lo haga en lugares degradantes, inhumanos, donde están violando los derechos, donde los aíslan, los sujetan, los sobremedican, donde hay violaciones sexuales, no tienen que comer y están mal vestidos. Todo esto a nosotros (Gobierno) nos produce indignación y por eso estamos transitando de esos hospitales que no deben de existir y los estamos supervisando”, sostuvo la funcionaria durante su intervención.
González Torres coincidió en que los lugares donde los pacientes sufren tratos inhumanos son el Hospital Samuel Ramírez Moreno; hospital Adolfo Nieto, en el Estado de México; el Víctor M. Concha Vazquez, en Veracruz; El Zapote, Guadalajara; San Augustin, en Chiapas y así como el hospital psiquiátrico de Oaxaca.
“Nosotros no tapamos esto. Nosotros nos indignamos, pero buscamos la solución. Para nosotros es importante que si la gente está hospitalizada tenga todo lo necesario para poder salir adelante y reintegrase, esa es la lucha del Modelo Hidalgo”, enfatizó.
La funcionaria también rechazó algunos cambios legislativos que se han propuesto en el último año “en algunos estados están haciendo unas leyes rarísimas, como esa donde se puede sujetar, [ amarrar] a la gente por cuatro horas”.
Gómez invitó a la organización civil a formar una mesa de trabajo para analizar la Ley General de la Salud en la materia y buscar soluciones para las denuncias presentadas.
Desde el 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha atendido quejas por violaciones en instituciones de salud mental contra la dignidad a raíz de un informe especial sobre hospitales psiquiátricos federales y estatales publicado en ese año.
En el documento, la organización señaló que detectaron la comisión de actos de tortura y malos tratos a las personas internas, deficiencias en la alimentación, irregularidades en el registro de pacientes, falta de clasificación de pacientes o falta de atención a pacientes con discapacidad física y adultos mayores.
El estudio de la CNDH también arrojó información sobre las deficientes condiciones que presentaban la mayoría de los centros visitados, entre ellas: instalaciones en condiciones inadecuadas; falta de personal médico especializado; irregularidades en la comunicación de las personas internas con el exterior; omisión de dar aviso al Ministerio Público de los ingresos involuntarios; deficiencias en la prestación del consentimiento informado; desprotección a la salud de las personas internas; falta de capacitación al personal en materia de prevención de la tortura.
La organización civil Documenta solicitó a la CIDH que exhorte al Estado mexicano para que eliminen toda política, legislación y programas que violenten los derechos humanos, así como las políticas o modelos que permiten el internamiento involuntario.
También piden que se realice un estudio que visibilice la situación de derechos humanos en las instituciones psiquiátricas, centros de tratamiento de adicciones y en las villas de transición que operan en el país, “en particular, sobre los riesgos para la comisión de la tortura y malos tratos a las personas internas”.
Otro de los aspecto que solicitaron es el incremento del presupuesto asignado a la atención primaria, pues actualmente México sólo asigna el 2 por ciento del presupuesto de salud a la salud mental; y de éste, el 80 por ciento se destina a los hospitales psiquiátricos.
