Diversas organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Senadora Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, para que sea el conducto para hacer llegar a los 127 senadores restantes sus inquietudes.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado de la República su apoyo para promover la destitución de Arturo Escobar y Vega como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana por considerar que no tiene la calidad moral necesaria para encabezar esta importante tarea.
Dijeron que temen que los recursos de esta dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), que superarán los dos mil millones de pesos para el 2016, se utilicen para financiar las futuras campañas electorales o para pagar las sanciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por las ilegalidades cometida en el proceso electoral 2015.
“Yo estoy convencida que el señor Escobar no tiene ni las calificaciones ni la experiencia y le diría más importante ni la calidad moral para encabezar un programa que intenta fortalecer la cultura de la legalidad”, afirmó Clara Jusidman, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide).
Diversas organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Senadora Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, para que sea el conducto para hacer llegar a los 127 senadores restantes sus inquietudes.
Dijeron que su principal inquietud es que los más de dos mil millones de pesos, más los recursos adicionales que se entregan desde el extranjero para fomentar los programas de prevención del delito, se utilicen con fines políticos-electorales, dados los antecedentes de Arturo Escobar como operador político del Partido Verde.
El programa de prevención del delito no cuenta con candados suficientes para garantizar que los recursos públicos se utilicen para los fines que fueron presupuestados.
Además, entre otras estrategias, el programa trabaja por polígonos, es decir por números de calles y colonias en donde están identificados los más altos índices de violencia, por lo que podría ser relativamente fácil que los recursos públicos se dirijan para fomentar clientelas electorales.
Clara Jusidman insistió en que Arturo Escobar simboliza a la clase política que cometió una serie de ilegalidades y desacatos a la autoridad electoral, que tuvieron como consecuencia que se multara al partido que representa por más 590 millones de pesos.
“Los ciudadanos estamos pagando las ilegalidades cometidas por los dirigentes del Partido Verde Ecologista, y estamos pagando todo el tiempo por los líos y las broncas que tienen los partidos políticos, pagamos un tribunal especializado en asuntos políticos por las peleas que tienen los partidos políticos”.
EXIGEN A FEPADE INTERVENIR
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de prevención del delito desconocen a Arturo Escobar como interlocutor válido con la Secretaría de Gobernación, por considerar que carece del conocimiento y la sensibilidad social necesaria para fortalecer la cultura de la legalidad a nivel nacional.
“No es la persona a la que le interese establecer estrategias integrales de acción comunitaria, porque es un operador político especializado en conducir de manera oscura procesos electorales”, afirmó Rocío García Cruz, representante de ConArte.
García Cruz reiteró que la reputación de Escobar y Vega como dirigente del Partido Verde no ayuda a generar confianza. Es por ello que pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto que destituya al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.
“Exhortamos al Presidente de la República a reconsiderar este nombramiento y recuperar la acción que él mismo instauró para regenerar los hilos rotos de la credibilidad y de la confianza institucional que también son factores protectores de la violencia y la delincuencia”, dijo Rocío García Cruz.
Por otra parte, llamaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) a intensificar la investigación en contra de Arturo Escobar por su presunta participación en los delitos electorales del Partido Verde.
Al mismo tiempo llamaron a más de 160 organizaciones que trabajan “a ras de campo” en todo el país, para que le den seguimiento al programa, a fin de detectar cualquier irregularidad en la labor o en el uso de los recursos públicos.
“Hay una cosa que nos preocupa sobremanera, porque tenemos en este instante a Escobar haciendo declaraciones sobre que cambiarán actividades en algunas zonas, que harán reasignación de recursos, y curiosamente en los estados en donde empieza a moverse es donde tiene presencia el Partido Verde”, dijo Carlos Cruz, representante de Causa Ciudadana.
Señaló que estarán pendientes de los contratos que otorgue Escobar con el presupuesto 2016, a fin de detectar posibles desvíos de recursos públicos o favoritismo con empresas vinculadas al Partido Verde.
Escobar Vega ha tenido una carrera política plagada de escándalos. Así lo fue el gasto millonario que hizo el Partido Verde, bajo su liderazgo, durante el pasado proceso electoral. El partido del tucán fue multado por 600 millones de pesos a causa de las múltiples violaciones a las leyes electorales.
En su comparecencia en el Senado de la República, la Procuradora Arely Gómez González señaló que la Fepade tiene abiertas tres averiguaciones contra el PVEM por la propaganda “cineminutos”.
La campaña de los “cineminutos”, señalada como ilegal, estuvo a cargo de la empresa de Adrián Escobar y Vega, hermano del Subsecretario Arturo Escobar.
En otro episodio, cuando Vega era Senador fue detenido el 2 de julio de 2009 en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un millón 100 mil pesos en efectivo metidos en una maleta marca Louis Vuitton.
En aquel momento, Escobar Vega era representante del Verde ante el IFE y la maleta con dinero en efectivo fue descubierta un día antes de las elecciones. Sin embargo, nada ocurrió.
Ya como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana realizó eventos de promoción del Partido Verde con el Gobernador Manuel Velasco Coello en Chiapas, y donde prometió mayores recursos en los municipios que forman parte del Pronapred.
Por estos antecedentes, organizaciones civiles han cuestionado su llegada a la Secretaría de Gobernación. Han dicho que con su nombramiento en un cargo federal la administración del Presidente Enrique Peña Nieto envía un mensaje de que “no importa si eres criminal, si cometes un delito puedes pertenecer al Gobierno”
