El Gobierno de López Obrador llega a su ocaso sin que se haya cumplido ninguna de sus grandes promesas de campaña. El país no está mejor que hace seis años en prácticamente ningún aspecto, pues incluso la tan cacareada reducción de la pobreza resulta dudosa y poco sostenible, cuando las causas estructurales de la desigualdad siguen ahí, sin que durante estos años se haya avanzado en la construcción de un Estado de bienestar viable en el largo plazo. La economía no está al borde del colapso, pero durante estos años no se ha avanzado en la consolidación de instituciones para aprovechar plenamente el potencial de México en el mercado global y las ventajas del cambio tecnológico.

En muchos ámbitos el Estado más bien ha retrocedido y está más destartalado que nunca. El sistema educativo quedará en una situación calamitosa, el acceso a la salud ha empeorado para millones de mexicanos, mientras los servicios públicos y la infraestructura son tan malos como siempre. La corrupción goza de cabal salud, institucionalizada hasta el tuétano de la vida pública nacional. La crisis climática avanza ante el desdén presidencial, aferrado a los veneros de petróleo y a las tecnologías energéticas del siglo pasado.

Empero, el principal desafío que enfrenta México, y que podría llevar a la ingobernabilidad generalizada, es el poder de las organizaciones especializadas en mercados clandestinos, las cuales tienen la capacidad de usar la violencia para imponer su control territorial y extorsionar a la población de manera ilegal. Grupos armados que tienen el control de vastos territorios en varios estados, donde dictan las reglas de movimiento de personas y mercancías, capturan ganancias de actividades productivas y ejercen el control sobre la propiedad y la vida de los habitantes y de aquellos que transitan por las rutas que consideran suyas.

El avance de las organizaciones criminales se ha nutrido de la existencia de mercados ilegales con gran demanda, sobre todo el de las drogas y el de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Esas han sido las fuentes de su acumulación originaria de capital, el cual han invertido en la compra de arsenales de alto poder y en el reclutamiento de ejércitos con los cuales han podido asentarse como bandidos estacionarios, capaces de competir e incluso de sustituir a las expresiones locales del Estado formal.

El avance de las organizaciones armadas dedicadas al control de mercados ilegales era ya notorio a principios de este siglo. Su principal fuente de ingresos era entonces la producción y el transporte de drogas prohibidas a los Estados Unidos, principalmente estimulantes: cocaína y metanfetaminas. Como se trata de organizaciones que no pueden recurrir al arbitraje judicial, sus mecanismos de resolución de controversias, en un mercado con altos costos de transacción, siempre tuvieron un alto grado de violencia. 

Sin embargo, los mercados clandestinos requieren, para operar, de cierto grado de protección de agentes estatales. El régimen del PRI tenía como uno de sus mecanismos fundamentales de reducción de la violencia la venta de protección a los negocios ilegales. Desde los gobiernos locales hasta las cúpulas militares, pasando por los gobiernos estatales, los agentes de Estado sacaban provecho particular de la venta de protección, pero esta estaba más o menos estructurada nacionalmente, gracias al control monopolístico de la coalición de poder.

El cambio de régimen fracturó las redes de venta de protección y debilitó a los gobiernos municipales en su negociación con los grupos armados de traficantes de drogas y de personas. La descentralización provocada por la pluralidad electoral hizo que fuera atractivo no sólo comprar la protección a los políticos, sino capturar con agentes propios al poder local, pues ello significaba hacerse con las policías municipales y su infraestructura de comunicaciones e información. 

Ante la evidencia de la captura de muchos ámbitos del poder local por los cárteles del narcotráfico, Felipe Calderón pretendió centralizar de nuevo el control, pero no por medio de la reconstrucción del tejido estatal con base en el orden legal, sino con el despliegue militar. El resultado ha sido un desastre monumental que, además, generó una trayectoria catastrófica de la cual han sido dependientes los dos gobiernos siguientes, al grado de que la gobernabilidad territorial ha quedado completamente en manos de las fuerzas castrenses durante la gestión de López Obrador.

El resultado ha sido la exacerbación de la violencia, una situación de conflicto armado interno donde los enfrentamientos definen el control territorial de manera precaria. Entran las fuerzas armadas, aniquilan a células de alguna organización, se van y les dejan el campo abierto a sus sustitutos. La persistencia de dos grandes grupos, el llamado Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, son muestra de que con ellos se han reconstruido hasta cierto grado los acuerdos de protección, a costa de dejar a la merced de sus extorsiones y abusos a las poblaciones de comarcas enteras.

El problema es que las dos candidatas que hasta ahora compiten por la sucesión presidencial no hacen más que balbucir sobre el tema y no parecen tener alternativa al militarismo. Ni una ni la otra han puesto sobre la mesa la necesidad de reforma integral del Estado para reconstruirlo con una legitimidad social basada en el orden jurídico. 

Enfrente, en buena parte de la sociedad civil impera la visión ingenua de que lo que se descompuso en México es el tejido social y será con diálogo, reconciliación y acuerdos entre las comunidades fracturadas como se construya la paz. 

Unos y otros yerran. La militarización no ha logrado reducir la violencia ni establecer el orden formal. El verdadero tejido a reconstruir es el del Estado, comenzando por fortalecer los municipios con capacidad policial y mecanismos institucionales contra la violencia. Esta tarea será difícil y costosa en vidas, ya que persiste la prohibición de las drogas y no se aborda de manera pragmática la migración causada por la miseria. Mientras tanto, los criminales seguirán teniendo recursos para comprar la protección de los agentes estatales.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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