La radicalización del discurso de la derecha bolsonarista marca las elecciones de octubre, y la presencia de la violencia en la campaña es alarmante.
Ciudad de México, 21 de septiembre (OpenDemocracy).- El próximo domingo 2 de octubre los brasileños elegirán un nuevo Presidente, rol que, según todas las encuestas, se disputarán el actual Presidente y ultraconservador Jair Bolsonaro, y el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.
La campaña viene marcada por la presencia ubicua de la violencia, simbólica y física. La preocupación es tal que Edson Fachin, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió temporalmente varias facilidades para comprar armas de fuego debido al “riesgo de violencia política” que vive el país.
Las restricciones fueron impuestas mediante una decisión cautelar ante peticiones de diferentes partidos políticos para que se limite el alcance de diferentes decretos del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que flexibilizan el acceso a las armas en Brasil. También para frenar los actos de llamado al discurso de odio del Presidente que usó los actos institucionales del Bicentenario de la independencia de Brasil como una plataforma para su campaña, y convocó específicamente al ejército y a sus seguidores; hecho que la oposición y otros grupos sociales rechazaron como un uso indebido y partidista de los actos del 7 de Septiembre, que sólo ahonda el clima de violencia con base política.
El clima de miedo ha aumentado de tal forma en Brasil, que la organización internacional de derechos humanos Humans Right Watch (HRW) hizo un llamado a los representantes de las fuerzas políticas de Brasil pidiendo moderación.
La solicitud se dio a raíz de dos casos extremos de violencia en lo que va del año: el asesinato del seguidor del Partido de los Tabajadores (PT) y guardia municipal, Marcelo Arruda, en Foz do Iguaçu, y del trabajador rural y votante del PT, Benedito Cardoso dos Santos, en Confresa. Ambos fueron asesinados por votantes de Bolsonaro.
El llamado de HRW se basa en el temor que afecta a la mayoría de la población brasileña en el nuevo período de elecciones presidenciales: según la encuesta “Violencia y Democracia: panorama brasileño pre-elecciones de 2022”, realizada por la Red de Acción Política por la Sostenibilidad (RAPS) y el Foro Sistema Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), y publicada por Datafolha, el 67.5 por ciento de los consultados tiene mucho miedo (49.9 por ciento) o poco miedo (17.6 por ciento) de ser víctima de agresiones físicas por sus posiciones y opiniones políticas o partidarias. Sólo el 32.5 por ciento de los preguntados no teme ser golpeado por la violencia en las elecciones.
La encuesta, además, indica que 113.4 millones de brasileños tienen miedo de sufrir agresiones físicas. Así mismo, señala que el 3.2 por ciento de los encuestados dijo que ya han sido víctimas de amenazas por razones políticas y el 0.8 por ciento de violencia.
113 MILLONES DE BRASILEÑOS TEMEN SER AGREDIDOS POR SU POSTURA POLÍTICA
El presidente del FBSP, Renato Sergio de Lima, afirmó: “Es difícil hablar de elecciones libres y justas con este nivel de violencia. Las elecciones libres están amenazadas no por las razones que (el Presidente Jair) Bolsonaro sospecha, las máquinas de votación electrónica, sino por la violencia política”.
La encuesta también muestra que el temor de los ciudadanos brasileños a ser amenazados ante un clima de escalada de violencia política es muy alto. Según el sondeo, el 45.2 por ciento tiene mucho miedo de ser amenazado por sus decisiones políticas o partidistas y el 17.4 por ciento dice tener poco miedo. Lo anterior quiere decir que el miedo a la amenaza afecta a 105.2 millones de brasileños.
“¡AQUÍ SOMOS DE BOLSONARO!”
Según testigos, las últimas palabras del agente penitenciario Jorge Guaranho antes de asesinar a Marcelo Arruda, militante del oposito PT, fueron “¡Aquí somos de Bolsonaro, hijo de puta!”.
El asesinato de Arruda, tesorero del PT en Foz, que celebraba su cumpleaños 50 en una fiesta temática del PT, conmovió a Brasil y se convirtió en uno de los hechos más graves de una trayectoria creciente de violencia política en el país el último tiempo.
El número de casos de violencia contra líderes políticos o familiares de ellos en los primeros seis meses del año saltó 23 por ciento respecto al primer semestre de 2020, año de los últimos comicios en el país (municipales).
Fueron 214 episodios violentos -amenazas, agresiones, homicidios, atentados o secuestros- contra 174 registrados dos años atrás, según el Observatorio de Violencia Política y Electoral del grupo de Investigación Electoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
A dos semanas para las elecciones del 2 de octubre, en las que se verá una definición entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva -claro favorito en las encuestas-, el temor por una escalada de violencia política es compartido por dirigentes políticos, la policía, autoridades y observadores brasileños.
El caso de Arruda es, sin duda, marca un nivel de violencia que no se había visto antes en la historia política reciente de Brasil y que muestra la culminación de un período de alta polarización que ha conocido Brasil desde su redemocratización en 1985; período protagonizado por enfrentamientos entre el PT y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
La diferencia es que en ese entonces, la rivalidad se mantenía dentro de las líneas de la Constitución y era algo propio del juego democrático. Ahora, sin embargo, al incluir armas y discursos violentos, el panorama es más peligroso.
Antes de que el asesinato de Arruda conmoviera al país, la campaña del PT ya había vivido incidentes que aumentaron la preocupación.
El 15 de junio, seguidores de Lula fueron sorprendidos por un dron que les arrojó orina y heces mientras seguían un acto en la ciudad de Uberlandia, Minas Gerais, un ataque por el que fue preso más tarde un productor agropecuario de 38 años. Apenas dos días antes del crimen en Foz, además, un acto de Lula en Cinelandia, plaza del centro de Río de Janeiro, fue blanco de una bomba casera. Ese día el candidato y expresidente apareció usando un chaleco antibalas por primera vez.
Después del atentado, la Policía Federal decidió anticipar el operativo de seguridad de los presidenciales, un esquema inédito, según la fuerza pública de Brasil, en el que están involucrados directamente entre 300 y 400 agentes, que deben proteger a los candidatos.
Los candidatos están divididos en una escala de 1 a 5 en nivel de riesgo tras un análisis. Bolsonaro y Lula son los candidatos con riesgo más elevado y, por tanto, con mayor número de efectivos a su disposición.
El Presidente, sin embargo, cuenta con la seguridad garantizada por el Gabinete de Seguridad Institucional. Lula, por otro lado, no tiene un esquema adicional por lo que los brasileños temen constantemente por su seguridad.
La base de este clima violento es, sin duda, la agenda del Gobierno Bolsonaro; el Presidente ha usado desde antes de ser elegido por primera vez una retórica agresiva, mentirosa e intolerante desde su “ministerio del odio”, y ha empujado la política de flexibilización en las reglas para el armamento de civiles.
Actualmente Brasil enfrenta varios peligros: el primero es que Lula sea víctima de un atentado. Si sucediera, desmoronaría las bases democráticas del país; segundo, si gana Lula, y ante las continuas descalificaciones del posible resultado por parte de Bolsonaro, igual que hizo Donald Trump, se teme un posible golpe de estado; y tercero, si el discurso inflamado se sigue trasladando a actitudes violentas, podrían llegar a un escenario como el de Estados Unidos con la invasión del Capitolio.
La responsabilidad de mantener la calma es de cada líder político. Además, es esencial que, gane quien gane, el otro candidato sepa perder y extender la mano. Si la distancia entre los dos candidatos se acorta, y se va a una segunda vuelta, la radicalización de la derecha no hará más que aumentar.
