Sergio Rivera Hernández, activista de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y opositor de la hidroeléctrica que busca construir la Minera Autlán, fue reportado como desaparecido por sus compañeros el pasado 24 de agosto.
El activista fue visto un día antes alrededor de las 18:00 horas en su motocicleta, cuando era seguido por una camioneta Nissan de color blanco tipo pick up con camper, que previamente había sido reportada merodeando en la comunidad.
Rivera se dirigía a la comunidad de Coyolapa, perteneciente a San Pablo Zoquitlán. Al no saber de él, sus compañeros comenzaron a buscarlo y solamente encontraron su motocicleta abandonada en una desviación hacia la comunidad de Zaragoza. En un comunicado, vecinos de dos comunidades, entre ellas Tepexpan y Coyolapan, exigen la presentación con vida de su compañero, quien era víctima constante de amenazas de muerte.
Por Magarely Hernández y Edmundo Velázquez
Puebla/Ciudad de México, 21 de septiembre (PeriódicoCentral/SinEmbargo).– El Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, confirmó la detención de Victorino “N”, Antonio “N”, y Rogelio “N”, por su probable participación en la desaparición de Sergio Rivera Hernández, activista opositor de la hidroeléctrica que busca construir la minera Autlan.
Higuera Bernal informó que el próximo 24 de septiembre se celebrará la vinculación a proceso de los tres detenidos por el delito de desaparición de persona.
El Fiscal detalló que sigue sin conocerse el paradero de Sergio Rivera y, hasta el momento, se desconoce si se encuentra con vida. Versiones extraoficiales señalan que la Fiscalía espera a que los tres detenidos entreguen información que explique el paradero del activista.
Por su parte, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social precisó ayer que los tres hombres fueron capturados el pasado lunes 18 de septiembre en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y librada por el Juez de Control de Distrito de Tehuacán, luego de que fueran señalados por testigos como los presuntos responsables de la desaparición del activista ocurrida el 23 de agosto.
“Utilizando la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, la Fiscalía General del Estado de Puebla a partir de los elementos, entrevistas y datos que se han integrado hasta el momento en la carpeta de investigación CDI 2582/2018/TEHUA decidió solicitar una orden de aprehensión contra esas tres personas y sujetarlas a un proceso penal mientras se continúa con la investigación de los hechos, la búsqueda de Sergio Rivera y la posible participación de más personas en la comisión de este delito”, indicó en un comunicado conjunto con el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
“Aunque Sergio Rivera continúa desaparecido y las acciones de búsqueda deben de mantenerse, la detención de estas tres personas representa una oportunidad para poder dar con su paradero y para conocer las condiciones en las que se encuentra”, destacó ayer Omar Esparza Zárate, dirigente del MAIZ, a las afueras del Juzgado de Tehuacán mientras participada en una movilización para exigir a las autoridades la investigación, localización y presentación con vida del activista indígena.
Por su parte, David Peña Rodríguez, abogado, representante de la familia de Rivera y coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, dio a conocer que en la audiencia inicial, celebrada el día de ayer, se imputó el delito de desaparición cometida por particulares a los tres detenidos, se les leyeron los testimonios y datos de prueba en su contra, y se les impuso la prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación y el juicio.
“El día lunes 24 el juez va a continuar la audiencia y a resolver si los vincula o no a proceso, es decir, si siguen el prisión preventiva mientras dura el juicio o si se continúa la investigación pero estando ellos en libertad”, aseveró el defensor.
Asimismo, la organización defensora de derechos humanos subrayó que las acciones de búsqueda y localización deberán de seguir tanto por la Comisión Nacional de Búsqueda, por la Procuraduría General de la República (PGR) y por la propia Fiscalía poblana.
“En el caso particular de la Fiscalía de Desaparición Forzada de la PGR, sus acciones de investigación han sido deficientes y limitadas, ya que prácticamente sólo se han dedicado a recabar los testimonios de algunos familiares sin realizar acciones reales de investigación, evidenciando de nueva cuenta la incapacidad de esa institución para atender esta problemática”, denunció el grupo en el comunicado.
Respecto a la desaparición de Sergio Rivera Hernández, se han pronunciado organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos como Frontline Defenders, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e integrantes del Parlamento Europeo, quienes han expresado su preocupación hacia las autoridades nacionales y estatales sobre las insuficientes acciones de búsqueda y localización realizadas tanto por la PGR como por la Fiscalía General del Estado.
DESAPARICIÓN DE ACTIVISTA MEDIOAMBIENTAL
Sergio Rivera Hernández, activista de Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y opositor de la hidroeléctrica que busca construir la minera Autlan, fue reportado como desaparecido por sus compañeros el pasado 24 de agosto.
El activista fue visto un día antes alrededor de las 18:00 horas en su motocicleta, cuando era seguido por una camioneta Nissan de color blanco tipo pick up con camper, que previamente había sido reportada merodeando en la comunidad.
Rivera se dirigía a la comunidad de Coyolapa, perteneciente a San Pablo Zoquitlán. Al no saber de él, sus compañeros comenzaron a buscarlo y solamente encontraron su motocicleta abandonada en una desviación hacia la comunidad de Zaragoza.
En un comunicado, vecinos de dos comunidades, entre ellas Tepexpan y Coyolapan, exigen la presentación con vida de su compañero, quien era víctima constante de amenazas de muerte.
El pasado 15 de mayo, PÁGINA NEGRA informó que el hombre asesinado en un motel de Cuetzalan fue identificado como Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).
Después, el 1 de junio, esta casa editorial señaló que Adrián Tilihuit, otro activista en contra de los proyectos de muerte de la Sierra Nororiental de Pueblafue ejecutado; su cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil Chevy, ambos fueron arrojados al fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla.
EN PELIGRO, ACTIVISTAS CONTRA MEGAPROYECTOS
No sólo están amenazados los recursos naturales, el futuro de poblaciones enteras o las tierras consideradas sagradas por los pueblos originarios; los activistas que han tomado como bandera la protección del medio ambiente y luchan contra los llamados “proyectos de muerte” ahora son víctimas de una cacería en Puebla.
En menos de un mes asesinaron a dos activistas en la región de Cuetzalan, Adrián Tilihuit y Manuel Gaspar Rodríguez, que encabezaban la lucha en contra de la empresa Gaya S.A de C.V., que trabaja en la construcción de dos plantas hidroeléctricas que se beneficiarán del agua del río Apulco.
Gerardo Pérez Muñoz, representante de la Asamblea de Afectados Ambientales Capítulo Puebla, calcula que existen alrededor de 64 defensores amenazados en las regiones de Ocotepec, opositores a la empresa Living Water International; Cuetzalan, donde se confrontan con la empresa hidroeléctrica Gaya S.A de C.V, y en Pahuatlán, territorio amenazado por el gasoducto Tula-Tuxpan, megaproyecto de TransCanada.
Tras el asesinato de Tilihuit y Gaspar en Cuetzalan, los activistas de Pahuatlán han preferido prevenirse y tomar en serio las amenazas que comenzaron con pedradas a sus puertas. Ahora hacen sus reuniones en domicilios secretos y evitan informar abiertamente cuándo realizarán sus próximos eventos, explicó Oliveria Montes Lazcano, una de las voceras del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo, encargada de articular a los pobladores involucrados en la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan.
DOS EJECUTADOS EN CUETZALAN
En mayo de este año, la pesadilla resurgió. El día 14 fue encontrado sin vida dentro de un motel de Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) quien era objeto de amenazas por encabezar la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en la región.
El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las siete de la mañana en uno de los cuartos del motel Quetzal, ubicado en el libramiento del municipio, a un costado del Centro de Convenciones.
Los empleados del lugar acudieron a la habitación para pedir que fuera desalojada y al no tener respuesta, entraron y descubrieron el cuerpo de un hombre. El piso de la habitación se encontraba manchado de sangre, como si la víctima intentara defenderse y presentaba varias heridas hechas con arma punzocortante, estaba desnudo y en el suelo.
Horas después se confirmó que el cuerpo correspondía al líder activista del MIOCUP. Al respecto, la organización envío un comunicado condenando el homicidio e informaron que Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos y fue citado por la Procuraduría General de la República (PGR) por la lucha que dieron comunidades contra la imposición de una de las subestaciones eléctricas.
“Exigimos una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia. El fiscal tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos”, exigió el MIOCUP en su comunicado.
El segundo activista asesinado fue Adrián Tilihuit. Desapareció el miércoles 30 de mayo. Su cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil Chevy, en el fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla, población a 20 minutos de Cuetzalan.
Según versiones de los activistas de la sierra nororiental, el miércoles no volvió a su casa y comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de la cañada y el cuerpo del activista a unos metros.
Tilihuit apoyó a los indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas.
